Respuestas para las víctimas

Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid comparecen este martes y el miércoles como imputados en dos juzgados (uno en la capital y otro en Collado Villalba) por su gestión de las residencias de ancianos de la región en los meses más críticos de la pandemia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambió en marzo de 2020 los protocolos vigentes y, para evitar un colapso, recomendó que no fuesen hospitalizados los residentes con dependencias mentales o físicas, independientemente de si padecían covid, presentaban síntomas de haberse contagiado o sufrían otra enfermedad. Los imputados son Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, quien firmó los cuatro nuevos protocolos; su sucesor en ese puesto y redactor de los mismos, Francisco Javier Martínez Peromingo, y Pablo Busca, entonces gerente del Summa 112, servicio que gestiona las ambulancias públicas.

Miles de residentes murieron sin ser llevados a un hospital, muchos de ellos solos, sin sedación, sin nadie que les diese de comer o los limpiase. Solo en marzo y abril de 2020, mientras estuvieron vigentes los nuevos protocolos, más de 7.200 ancianos perecieron en sus residencias sin ser hospitalizados. El Ejecutivo autonómico siempre ha considerado ese número una “invención”, pese a que es un dato oficial de su propia Administración, y lo rebaja a 4.133, como si lo ocurrido fuese por ello menos grave. En la primera ola de la pandemia (de marzo a junio de aquel año) fallecieron en la Comunidad un total de 11.389 ancianos —uno de cada cinco residentes—. El 73% no fue hospitalizado.

Más de cinco años después, los familiares de las víctimas siguen buscando verdad, justicia y reparación. Su causa se reactivó en octubre de 2024, cuando decidieron actuar de forma colectiva contra los citados ex altos cargos por un supuesto delito de denegación discriminatoria de un servicio público (la asistencia sanitaria a los residentes). La vía penal que tomaron antes contra Ayuso y dos consejeros se estrelló en los juzgados por la gran dificultad de establecer una relación causa-efecto entre las decisiones adoptadas y cada muerte concreta. Desde mayo pasado, Mur ha sido imputado en ocho procedimientos, Peromingo en siete y Busca en seis. En otro procedimiento está siendo investigado Antonio Burgueño, que asesoró a Ayuso en los primeros días de la pandemia.

Las familias de los fallecidos intentan que la Audiencia Provincial de Madrid concentre todas las investigaciones en una macrocausa en un solo juzgado. Probablemente, ello serviría para acelerar la indagación de un caso traumático registrado en uno de los peores momentos que ha vivido España en las últimas décadas y cuyas víctimas llevan ya demasiado tiempo esperando que se aclaren las responsabilidades.

Independientemente de cuál sea el trámite procesal concreto, los familiares necesitan respuestas cuanto antes. Y la transparencia, colaboración y empatía de un Ejecutivo madrileño del que solo han recibido hasta ahora muestras de menosprecio. Haría mal el Gobierno de la Comunidad repitiendo lo que, vista la actitud de Carlos Mazón con las víctimas de la dana, corre el peligro de convertirse en un patrón de conducta: descalificar las legítimas críticas de los afectados como meros ataques ideológicos. Sobre toda la sociedad, y no solo sobre la madrileña, siguen pesando dos preguntas: qué pasó realmente y cuántas de esas muertes se hubieran podido evitar. Es el momento de las respuestas.