Reparar el ascensor social

La OCDE acaba de confirmar lo que es una percepción generalizada: en España la movilidad social se ha estancado hasta convertirlo en uno de los países desarrollados con mayor desigualdad de oportunidades. Un dato que supone una llamada de atención al conjunto de la sociedad española y que debería centrar los esfuerzos de la clase política. El análisis de la organización revela que el género, el lugar de nacimiento de los padres y, sobre todo, su origen socioe­­­co­nómico condicionan más del 35% de la desigualdad de ingresos, uno de los porcentajes más altos entre los países ricos, que acaba condicionando la posición que una persona puede alcanzar a lo largo de su vida. Esa circunstancia se agudiza entre las generaciones más jóvenes, que se enfrentan a mayores obstáculos que sus padres a la hora de progresar, algo que cuestiona el relato en torno al esfuerzo y la meritocracia: una mayor cualificación no garantiza necesariamente una mejor empleabilidad.

En Europa los datos interpelan especialmente a la socialdemocracia, que durante décadas impulsó un modelo de mejora de la igualdad de oportunidades a través de servicios públicos, redistribución fiscal y regulación del mercado de trabajo que consiguió generar movilidad social ascendente para amplias capas de población. Sin embargo, aquellas recetas se han vuelto insuficientes ante los retos del siglo XXI, con factores —como el precio de la vivienda— que empiezan a expulsar a mucha gente del sistema y carecen de una respuesta clara por parte de las formaciones políticas, sea cual sea su signo político. Algunos países se plantean reformas tributarias para redistribuir la riqueza heredada, como Francia con la denominada tasa Zucman sobre patrimonios de más de cien millones de euros, aunque la derecha se resiste a apoyarla en la Asamblea Nacional.

El premio Nobel de Economía Abhijit Banerjee subraya el valor de aplicar métodos científicos de evaluación de las políticas públicas para avanzar en la lucha contra las desigualdades. Porque no basta solo con las buenas intenciones, las políticas deben cumplir el propósito para el que se diseñan si quieren suponer un cambio real. En diciembre de 2022 el Congreso aprobó la ley de evaluación de políticas públicas. Desde entonces, la creación de un órgano independiente que lleve a cabo esa tarea sigue en el limbo. Y cuando esa evaluación existe —como la valoración que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal viene realizando sobre el ingreso mínimo vital (IMV)— sus recomendaciones se ignoran. Y eso tiene consecuencias: el 55% de los hogares elegibles para recibir el IMV no lo solicitan y el 72% de los que podrían acceder al complemento de ayuda a la infancia, no lo piden. La inacción sobre las desigualdades pone en juego no solo nuestro modelo económico y social, sino las bases de la propia democracia.