Fracaso institucional con los inmigrantes

Diecisiete meses después de que el Congreso diese luz verde a su tramitación con el voto de todos los grupos menos Vox, la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes sin papeles va camino de quedarse en nada. La iniciativa legislativa popular (ILP) que pretendía legalizar la situación de cerca de medio millón de extranjeros que viven y trabajan en España de forma irregular llegó a la Cámara con la firma de más de 610.000 ciudadanos y el respaldo de 900 organizaciones sociales. Pese a ello, la ILP ha quedado atrapada en los juegos cortoplacistas de los partidos. Ahora mismo no cuenta con los votos necesarios para salir adelante ni parece que los vaya a reunir en un futuro cercano. Lo que se presentaba como una oportunidad se ha desfigurado hasta quedar como un fracaso de país. Un fracaso de todos porque a todos nos concierne la inmigración, pero en especial de sus instituciones.

Apoyada por Cáritas, organizaciones empresariales, sindicatos y ONG de muy distinto signo, pocas iniciativas habían concitado un consenso social tan amplio y transversal. Su debate suponía una ocasión excelente para evitar que la inmigración se convierta en arma política. Además de proteger por ley la dignidad y los derechos de miles de personas, la medida reconocía la imprescindible aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento económico de España en el último lustro.

Resulta lamentable que el discurso antinmigratorio que sirve de gasolina a la ultraderecha contamine cada vez más a otras formaciones, como el Partido Popular y Junts. El PP se mostró muy reticente desde el principio a la ILP, y solo la presión de entidades de su órbita social, y en especial el nítido respaldo de la Conferencia Episcopal a la regularización, terminó decantando que facilitase su tramitación en el Congreso. Pero los populares viven cada vez más presos del marco ideológico de Vox, cuyo discurso en esta materia se ha endurecido hasta superar los estándares de sus pares extremistas europeos. Esa deriva de Feijóo y los suyos quedó patente en el congreso del PP de julio pasado, pero adquirió una peligrosa carta de naturaleza parlamentaria con su respaldo el martes a una proposición de ley del partido de Abascal que pretendía restringir la regularización de inmigrantes a través del arraigo.

La ILP tampoco fue de entrada una apuesta del sector socialista de Gobierno: solo la desempolvó en mayo para tratar de corregir en el Congreso los agujeros del nuevo Reglamento de Extranjería, que entonces entraba en vigor. La ILP iba a ser la fórmula para evitar que miles de personas —en particular, solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada— quedasen en situación irregular, como los promotores de la iniciativa alertaron que pasaría. Ahora esas personas se ven empujadas, de nuevo, a un limbo legal.

Pese a las actuales dificultades y a las que podría plantear que el Gobierno apruebe la regularización a través de un real decreto, queda margen para la reflexión. Por ahora, los partidos no han estado a la altura de la sociedad, que ha sabido promover una iniciativa legislativa ajena a la polarización ideológica. Pero tienen margen para estarlo.