Progresos y problemas educativos

Una democracia avanzada se juega en la educación no solo la cohesión social y la reducción de la desigualdad sino también su progreso en todos los ámbitos. Niveles educativos más altos se hallan íntimamente ligados a menores tasas de desempleo, trabajadores más cualificados —básicos en una economía moderna—, ingresos más elevados y mejor salud. España lleva años mejorando sus ratios hacia una convergencia con los países más desarrollados, en especial sus socios europeos, pero se mantienen problemas estructurales, algunos casi cronificados. Ambos hechos quedan patentes en las cifras del informe publicado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los 38 países más prósperos del mundo.

En los últimos 14 años, con gobiernos de distinto signo político, España ha ido recortando significativamente el porcentaje de la población adulta con bajo nivel educativo. Si en 2010 el 47% tenía la ESO como grado máximo de estudios, el año pasado había bajado al 35%. Pero la situación española sigue resultando desfavorable: la media de la UE se sitúa en el 15%. El progreso español es más evidente entre los menores de 34 años, prueba del esfuerzo de las últimas décadas. Más de la mitad tiene un título superior, y se ha reducido claramente el porcentaje de quienes solo han cursado estudios básicos.

Pese a la buena evolución, España sigue siendo el Estado europeo con mayor proporción de jóvenes que no llegan a la segunda etapa de secundaria, la no obligatoria, que además de imprescindible para acceder a la educación superior es clave para la inserción laboral. Con uno de los desempleos juveniles más altos de la Unión resulta acuciante encontrar una solución a ese problema. Es poco explicable que en un país que lleva encadenando varios años de buenos datos económicos casi el 18% de los jóvenes de 18 a 24 años ni estudie ni trabaje, uno de los indicadores que a España más le está costando mejorar.

Entre los mayores desafíos educativos figura reducir las desigualdades, en especial en el acceso a la educación superior. La escuela es un instrumento indispensable para integrar a los más desfavorecidos y su éxito alcanza no solo al presente, sino que se proyecta también al futuro porque la inequidad se mantiene a lo largo de generaciones. Los jóvenes tienen más del doble de posibilidades de lograr un título universitario si al menos uno de sus padres también lo tiene.

El informe de la OCDE se conoce cuando acaba de empezar el nuevo curso, ocasión idónea para reiterar que defender la enseñanza pública no es una cuestión ideológica, sino un pilar para que el país avance, sin restar por supuesto relevancia al papel que desempeña la red privada y concertada. Además, un ámbito tan descentralizado —las comunidades tienen las principales competencias y más del 80% del gasto educativo público es autonómico— necesita políticas y consensos de Estado. De ello depende que no se malogre la evolución positiva de los últimos años.