Sanciones al Gobierno de Netanyahu

Las sanciones que afectan a intereses israelíes anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son una reacción realista y proporcionada ante la despiadada represalia militar ordenada por Benjamín Netanyahu contra Gaza a raíz del brutal ataque de Hamás de octubre de 2023. La indiscriminada operación bélica, que ya ha costado la vida a más de 64.000 palestinos, incluye prácticas como el uso del hambre como arma de guerra o el bombardeo sistemático contra la población civil que son una flagrante violación de los derechos humanos.

Sin embargo, tales prácticas no han tenido coste alguno de peso en términos internacionales ni para el primer ministro israelí ni para la corriente belicista —política y económica— que le respalda en su país. La iniciativa de Sánchez es además coherente con la posición española desde que comenzó el conflicto: demanda de un alto el fuego inmediato, entrada en la Franja de ayuda humanitaria sin restricciones, liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás y una solución permanente basada en la propuesta de los dos Estados sostenida por Naciones Unidas.

Ayer el presidente del Gobierno anunció nueve medidas dirigidas principalmente contra el esfuerzo bélico israelí y contra las personas —entre ellas el propio Netanyahu— ya señaladas por la justicia internacional e investigadas por graves violaciones de los derechos humanos. El embargo de armas que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros mediante un decreto-ley, la prohibición de que aviones o barcos que transporten armas o combustible para el ejército israelí utilicen el espacio aéreo o marítimo español o la prohibición de entrada en territorio nacional a quienes de forma directa —aunque no especifica quiénes— participan en estos hechos van este sentido. El Gobierno prohíbe las importaciones procedentes de los territorios ocupados y refuerza la ayuda a la población palestina y a las agencias humanitarias, así como la presencia española en la zona.

Convendría, sin embargo, que el Ejecutivo explicara en qué consiste exactamente la anunciada “limitación de servicios consulares prestados a ciudadanos españoles en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia obligatoria”. Del mismo modo sería recomendable que las medidas anunciadas fueran acompañadas de un esfuerzo pedagógico por parte del Gobierno que deje claro lo que en efecto son: sanciones contra personas y estamentos muy concretos y cuyo único objetivo es ayudar a que se detenga la masacre de inocentes en Gaza, no una represalia colectiva contra un pueblo ni mucho menos contra una cultura o una religión. Desde esta perspectiva, tiene toda la lógica la llamada a consultas de la embajadora española en Tel Aviv tras la acusación de antisemita y corrupto que el ministro de exteriores israelí, Gideon Saar, lanzó contra el Gobierno español además de prohibir la entrada en Israel a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego.

La crueldad del Ejército israelí en Gaza y las terribles imágenes que llegan a la opinión pública despiertan por todo el mundo una oleada de legítima indignación que, sin embargo, no puede conducir a relativizar ningún tipo de violencia. Por eso merece un rechazo igual de rotundo el atentado perpetrado ayer en Jerusalén en el que fueron asesinadas seis personas —entre ellas un ciudadano español residente en Israel— antes de que los dos atacantes fueran abatidos. La tajante condena del Ministerio de Exteriores español no solo desmiente las acusaciones del Gobierno israelí, sino que pone en su justa perspectiva la solución del problema: la muerte debe parar inmediatamente.