Una herencia xenófoba para Starmer

La orden cautelar de un juez del Reino Unido de desalojar en breve plazo a los 138 solicitantes de asilo alojados en un hotel de Epping, Inglaterra, ha acelerado una crisis política y social en ese país que comenzó a incubarse hace años bajo mandatos del Partido Conservador. Centenares de activistas de ultraderecha y de vecinos seducidos por su discurso se han manifestado a lo largo de este fin de semana frente a otros hoteles similares.

Hay en la actualidad más de 111.000 personas en territorio británico a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo, con un promedio de espera de un año. De todos esos, más de 32.000 viven repartidos por más de 210 establecimientos hoteleros por todo el país, con un coste diario para el erario público de unos seis millones de euros.

La ley de Inmigración y Asilo de 1999 obligó a las autoridades locales británicas a asistir en el alojamiento y asistencia de todas aquellas personas que buscaban refugio político en el país. Con tensiones que fueron en aumento, el problema pudo resolverse de algún modo con la colaboración de administraciones, organizaciones humanitarias y entidades gestoras de vivienda pública.

A partir de 2012, la entonces ministra del Interior, Theresa May, se impuso como objetivo poner las cosas difíciles a los inmigrantes. El servicio de alojamiento de los solicitantes de asilo se privatizó, y un puñado de empresas comenzó a extraer beneficios a base de instalar en barrios deprimidos y viviendas en situación insalubre a esas personas. La presión migratoria del Reino Unido, como en el resto de Europa, no dejó de crecer. Y las empresas recurrieron a la solución de los hoteles. Si a finales de 2020 el número de personas que habitaba estos establecimientos era de poco más de 11.000, en cinco años se ha triplicado.

El primer ministro laborista Keir Starmer se ha comprometido a acabar con el uso de los hoteles durante este mandato, que concluye en 2029. La presión de la ultraderecha, de la derecha populista de Nigel Farage, y del propio Partido Conservador, este último en un descarado ejercicio de hipocresía, han convertido este plazo en algo poco realista. El Ejecutivo ya ha acelerado el ritmo de las deportaciones y quiere agilizarlo aún más arrebatando de los jueces el proceso de recurso de los solicitantes de asilo.

El Gobierno laborista debe acabar cuanto antes con una solución provisional como la de los hoteles, que provoca frustración y desesperanza entre los inmigrantes y permite a la ultraderecha alentar la tensión social entre los vecinos. Pero un endurecimiento de las políticas migratorias no es la mejor respuesta frente a la amenaza electoral de Farage. Miles de personas, muchos de ellos votantes laboristas, salieron este fin de semana también a la calle para recordarle a Starmer que la tradición democrática y humanitaria del Reino Unido no puede acabar siendo la víctima principal de esta crisis.