Incendio autonómico provocado

Habrá veranos peores que este. Habrá incendios aún más grandes y olas de calor aún más severas. Se trata de una verdad científica. Por eso, la tragedia de los incendios de 2025 debería servir para que todas las administraciones hagan un examen riguroso de la preparación de España para la próxima vez. Ver los recursos tensionados al máximo ayuda a detectar por dónde se abren las costuras. Los profesionales saben con precisión dónde han estado los fallos. Sin embargo, lo mismo no se puede decir en el ámbito político. Esa confusión es deliberada.

Las comunidades autónomas tienen competencias en emergencias desde 1985. El sistema actual establece tres niveles. En nivel 1, el mando y los recursos son de la comunidad autónoma. En el nivel 2, la comunidad pide recursos al Gobierno central, como la UME, pero el mando sigue siendo autonómico. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias han declarado el nivel 2. En el nivel 3, el Gobierno central asume el mando, de oficio o a petición de una comunidad, ante una emergencia de ámbito nacional. La colaboración institucional desaparece y todo pasa a depender del ministro del Interior. Durante el apagón, siete comunidades del PP pidieron el nivel 3. En estos incendios, ninguna. Con buen criterio: sería del todo ineficiente que desde un despacho de Madrid se tomaran decisiones críticas minuto a minuto sobre un incendio en El Bierzo.

Esto, que debería ser cultura general, deja de serlo cuando las comunidades están gobernadas por el PP, el Gobierno central está en manos del PSOE y las emergencias desbordan los recursos. El PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes aprovechando de manera desleal la delgada zona gris que deja el sistema: quién decide y cuándo declarar cada nivel de emergencia. Si hay ineficiencia es porque el Gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique, porque entonces los ineptos somos nosotros. La confusión sobre las competencias transmite al ciudadano la impresión de que las comunidades autónomas están supeditadas al Gobierno central, cuando no es así. Ambas son instituciones del Estado. Pedro Sánchez no es el jefe de los presidentes autonómicos: cada uno es el máximo responsable dentro de sus competencias. Asimismo, cuando el Gobierno central declara que le tienen que pedir ayuda para poder darla, tiene razón, pero lo que percibe el ciudadano es indiferencia. No ayuda a entender quién tiene que hacer qué.

La acusación de dejación de responsabilidades entre administraciones es veneno para la confianza en el sistema. Esa estrategia se elevó hasta un nivel desconocido esta semana. De todos los adjetivos, el PP eligió “pirómana” para insultar a la directora de Protección Civil. Alguien pensó que esta era una respuesta ingeniosa, en vez de una frivolidad ofensiva para las víctimas de los verdaderos pirómanos. No solo es una estrategia degradante para el debate democrático. Es una carrera perdida. La ultraderecha insulta mejor.

Es responsabilidad de las fuerzas de seguridad y de la justicia determinar comportamientos delictivos. En el nivel político, hay que concentrarse en que los errores, si los hubo, no se repitan. En este contexto, la propuesta de un pacto de Estado no puede ser rechazada de plano como ha hecho el Partido Popular. España se enfrenta a una emergencia climática que solo puede ir a más. Es necesario sacar este asunto del enfrentamiento político. El PP tendrá una nueva oportunidad de aportar ideas en la próxima Conferencia de Presidentes, un foro con excelentes características para articular este debate. Si el PP tiene una propuesta concreta de recentralización del Estado, como la tiene Vox, debería articularla por escrito. Mientras, gobernar en las comunidades autónomas implica, también, gobernar las desgracias.