El PP reclama medios sin precedentes al Gobierno para intentar tapar su propia gestión de la crisis de los incendios

La oleada de incendios que asola España, de los que la mayoría se concentran en comunidades gobernadas por el PP, ha evidenciado la falta de previsión y respuesta de los líderes autonómicos populares en bastiones históricos como Castilla y León y Galicia, donde gobierna desde hace décadas. La reacción de Alberto Núñez Feijóo y sus barones ante las dudas que han concitado la gestión de los recursos bajo el mando del PP que trabajaban hace 10 días en la extinción de los fuegos en Zamora o en Ourense antes de desbravarse ha sido la de ir al choque con el Gobierno, cuyo inicio atribuyen a varios tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El PP ha reclamado recursos inéditos a La Moncloa, incluido el despliegue, más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la “fuerza operativa y logística y capacidad de apoyo” del Ejército. Feijóo lo ha exigido para la evacuación de poblaciones, su avituallamiento y la vigilancia de los perímetros de los focos activos, una petición sin precedentes que en el Gobierno interpretan como un intento de tapar la responsabilidad de las administraciones del PP en la gestión de una crisis que ha dejado ya cuatro muertos y más de 30.000 desalojados. “Decir eso es una ignorancia por parte de Feijóo. Todos los medios de la UME, que son los que pueden atacar directamente al fuego, están desplegados desde el 2 de agosto. No se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables”, reprochó este lunes Margarita Robles en la Cadena SER. “Va a haber un refuerzo de militares, pero que en ningún caso pueden atacar directamente el fuego, porque ni están preparados, ni los medios que se piden van a servir precisamente para ese ataque directo. No podemos engañar a los ciudadanos y decir que no ha habido medios. Me gustaría que no se hiciera demagogia con este tema y no se faltara a la verdad”, apostilló.

Nueve meses después de la dana que causó 228 muertos en Valencia, el papel del Gobierno central y de los territorios en la extinción de los incendios, es decir una catástrofe natural, se ha convertido una vez más en el principal punto de fricción entre el PP y el PSOE. El Ministerio del Interior declaró el 12 de agosto la situación de preemergencia, en situación 1, del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM). Con esta decisión, el departamento de Fernando Grande-Marlaska consideraba que la situación podía ser controlada por las comunidades autónomas por sus propios medios y que, en caso de necesitar refuerzos, podrían solicitarlos y se le facilitaría, como así ocurre. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se encargaría, eso sí, de reforzar la comunicación con los centros similares de las autonomías para hacer un seguimiento integral de los incendios para prevenir un empeoramiento de la situación.

Esta situación no implica la intervención directa de La Moncloa en la gestión de los recursos para extinguir los peores incendios desde los años noventa, que se mantiene en manos de las comunidades autónomas. Para que esto cambiara, sería necesario saltar de las situaciones 1 y 2 de la preemergencia y declarar la “emergencia de interés nacional”. Esta medida está prevista en la ley para aquellas situaciones que, “por sus dimensiones efectivas o previsibles”, se requiera “una dirección de carácter nacional”, “aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico” o las que requieran “los estados de alarma, excepción y sitio”. La ley detalla que “declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado”.

Según la normativa, este movimiento corresponde “al titular del Ministerio del Interior”, que lo hará o bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas. El pasado viernes, Grande-Marlaska aseguró en una entrevista a EL PAÍS que el Gobierno no se había planteado hasta ahora esa posibilidad. Los ejecutivos de las regiones afectadas por el fuego tampoco lo han pedido, por lo que el control de los recursos sigue en sus manos. “El PP echa balones fuera y no asume su responsabilidad. Cuando vienen mal dadas, como en Valencia o ahora con el fuego, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España”, remarcó la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que enfatizó que las comunidades pueden decidir “que el mando pase al Gobierno de España si consideran que no pueden ejercer el control”.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, rechazó que los barones de su partido vayan a reclamar la declaración de emergencia. La consecuencia sería que el Gobierno asumiría la coordinación de la lucha contra los incendios. “Un nivel 3 en este momento no implicaría más medios. Los medios de las comunidades están al 100% y los medios del Estado, la UME y las BRIF [Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales] están al 100%, ambos dispositivos están tensionados y por eso pedimos que extraordinariamente se utilicen capacidades concretas de las Fuerzas Armadas”, justificó.

La última vez que se declaró la situación de emergencia fue durante el apagón del 28 de abril, cuando lo pidieron ocho comunidades autónomas, todas del PP salvo una del PSOE: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha.

Lo que sí han hecho Galicia, Castilla y León y Extremadura, siguiendo la estela marcada por Feijóo, ha sido reclamar una mayor implicación del Ejército. Esa petición, formalizada con peticiones concretas entre el viernes y el sábado, ha incluido la solicitud de decenas de bulldozers para abrir cortafuegos, helicópteros, aviones y soldados. El caso más llamativo es el de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente castellano y leonés ha pasado de asegurar el 14 de agosto que la Junta contaba con “suficientes medios” y “el problema” no era “de los operativos ni de falta de medios” sino de las “circunstancias meteorológicas excepcionales” a demandar la incorporación de mil soldados, 30 helicópteros y 25 bulldozers con maquinistas. “Cuarenta y ocho horas después de pedir al presidente más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados”, se quejaba el domingo, horas antes de que se conociese la muerte de un bombero en León. Fue el tercer fallecido en la extinción de los incendios en una comunidad que el PP preside desde 1987.

La presidenta extremeña, María Guardiola, se sumó el viernes, tras la ronda de llamadas de Sánchez a los presidentes autonómicos afectados, a la solicitud “excepcional” de Mañueco de más medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, insistió este lunes en que todas las peticiones de las comunidades están siendo atendidas, aunque en ocasiones estas tardan un tiempo en materializarse por cuestiones logísticas como las que supone desplazar desde lugares lejanos maquinaria pesada.

Las quejas de las tres comunidades autónomas más afectadas por los incendios han sido rebatidas por el Gobierno con críticas a los recortes en los presupuestos regionales de los fondos destinados, precisamente, a la prevención de incendios y al retraso en la implementación de las leyes aprobadas el año pasado para mejorar las condiciones laborales de los bomberos y agentes forestales. El Ejecutivo de Sánchez esgrime que ha incrementado un 16% los fondos destinados a la prevención y un 29% los que buscan reforzar la respuesta inmediata cuando se ha declarado un incendio.