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Red de Redes
Columna
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Juegos de guerra

Se está respondiendo al fuego en redes con fuego cuando el campo de batalla está claramente sesgado. A veces la única forma de ganar es marcharse

El ministro de Transportes, Óscar Puente.
Thiago Ferrer Morini

¿Quién dijo estas frases? “La viralidad cotiza muy por encima de la verdad”; “Debemos transformar el entorno digital en un bien público para los ciudadanos”; “No podemos permitir que las infraestructuras esenciales del entorno digital queden en manos de empresas sin ningún control democrático”. Las tres son frases del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero, en la presentación del Observatorio de Derechos Digitales.

¿Casi seis meses después, qué se ha hecho de esas palabras? Bien, el miércoles, el Gobierno se reunió con representantes de las principales plataformas para comentar con ellas un informe que indica que solo el 4% de los contenidos notificados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (que, a su vez, solo es una mínima parte de las denuncias diarias) es retirada en las primeras 24 horas —y si las plataformas no responden a las instituciones, imagínese a usted, ciudadano— Aparte de la bronca de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, la respuesta del Ejecutivo ha sido crear “una nueva subdirección dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno”.

Mientras, X (antes Twitter) sigue siendo la vía primaria de comunicación del Consejo de Ministros en redes. Incluso en otras redes sociales comerciales como Bluesky, La Moncloa continúa inactiva: su cuenta lleva ocho meses sin publicar. Sánchez no está presente, siquiera. Y no será porque en el Gobierno desconozcan las alternativas: varios ministros (incluido el de Presidencia, Félix Bolaños) ya están activos. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, se fue de X en enero. Ambos, con cuentas privadas, no institucionales.

¿Cómo se compatibiliza una retórica extremadamente crítica con las plataformas privadas y una respuesta risiblemente simbólica en la práctica? Quizás la explicación venga de historias como esta, que les hemos contado largamente: el lunes 21, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, empieza a difundir a través de su cuenta de X una historia acerca del currículum de la diputada del PP Noelia Núñez. Núñez acaba reconociendo que no tiene los estudios que dice tener, dimite de todos sus cargos, y se desata una batalla que se estira hasta hoy mismo, con la dimisión el miércoles del comisionado del Gobierno para la dana por similar motivo.

El jueves mismo, Puente fue protagonista de otro rifirrafe en X, esta vez con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, a cuenta de un anuncio antiguo de Renfe en que se anunciaba la política de que si un tren de alta velocidad llegaba con cinco minutos de retraso, se devolvería el precio del pasaje. “El mundo de ayer”, decía la presidenta madrileña. “Isabel es muchas cosas y ninguna buena. Pero si en algo destaca (...) es en su nivel de cuñadez”, escribió el ministro, explicando luego que la expansión de la red y la llegada de la competencia han hecho imposible cumplir ese compromiso de forma económica.

Lo importante de esta historia es que tanto Díaz Ayuso como Puente son altos cargos para los que X es parte fundamental de su biografía política. Y, de hecho, es su talento en usar esa red de forma controladamente agresiva lo que les ha convertido en figuras prometedoras en sus respectivos partidos.

La política en España, casi sin excepción, ha abrazado en mayor o menor medida una actitud combativa en redes. Y los esfuerzos, visto lo visto, se centran en combatir el fuego con fuego, no en buscar alternativas. Esto es peligroso, habida cuenta de que la red preferida para estas batallas, X, no solo tiene cada vez menos usuarios (un 36% menos en lo que llevamos de 2025, según GfK DAM) sino que sabemos que tiene un sesgo ideológico claramente marcado por la voluntad de su propietario. A veces la única forma de ganar es no jugar. O, sencillamente, irse a jugar a otra parte.

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Sobre la firma

Thiago Ferrer Morini
(São Paulo, 1981) Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. En EL PAÍS desde 2012.
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