Un proyecto falto de ambición

La Comisión Europea acaba de presentar el marco presupuestario para el periodo 2028-2034, un proyecto que su presidenta, Ursula von der Leyen, define como el más ambicioso de la historia con sus casi dos billones de euros. El Ejecutivo comunitario plantea quintuplicar el gasto en defensa y dar más poder a los Estados en la administración de los programas en detrimento de las regiones, en línea con la gestión de los Fondos Next Generation. Lo primero es una respuesta a la incertidumbre introducida por Donald Trump respecto al tradicional compromiso estadounidense con sus aliados. Lo segundo puede parecer un acto de coherencia, pero supone en la práctica un distanciamiento de los territorios.

Pese al fuerte aumento respecto al presupuesto actual (de 1,2 billones), el proyecto queda lejos de la revolución que prometió Von der Leyen y augura dos años de duras negociaciones antes de que vea definitivamente la luz. El rechazo tanto de Alemania como del Comité de regiones no se ha hecho esperar. Las novedades del oficialmente llamado Marco Financiero Plurianual caen principalmente del lado de su estructura, que se ha tratado de simplificar en torno a tres pilares. La Comisión ha reducido y agrupado programas y ha establecido que una parte significativa de la financiación no esté previamente asignada, lo que permitirá mover fondos entre partidas con mayor libertad en caso necesario. Uno de los cambios más importantes, y el que más contestación ha provocado ya, consiste en la unificación de los fondos sociales, el fondo de cohesión y el gasto agrícola. Se trata de la mayor partida del presupuesto comunitario (865.000 millones de euros), que se ve sensiblemente reducida respecto al actual presupuesto —especialmente en las ayudas al campo, que se recortan casi un 30%— y que estará condicionada “al respeto de la ley”, un aviso a las derivas antiliberales de países como Hungría.

Además, se crean un segundo pilar de 450.000 millones dedicado a impulsar a la industria europea —donde se incluye la partida (130.000 millones) destinada al gasto en defensa— y un tercero dedicado a la acción exterior, que incluye la ayuda humanitaria y a los países candidatos a ingresar en la UE. A estas tres patas habría que añadir la destinada al pago de la deuda derivada de los fondos de recuperación de la pandemia y a proporcionar créditos baratos a los Estados miembros.

En términos relativos, el nuevo presupuesto representa aproximadamente el 1,26% del PIB de los Veintisiete, algo superior al 1,13% del periodo actual pero muy por debajo de la meta del 2% defendido por España y previsto por muchos analistas cuando Von der Leyen anunció una revolución. Tampoco, por supuesto, atiende a la demanda planteada en septiembre por Mario Draghi para hacer frente a un déficit de inversión en la Unión equivalente al 4% o 5% del PIB.

Amén de que los recortes en los fondos de cohesión territorial pueden amenazar un elemento decisivo para el proyecto de la UE, el riesgo que implica la nacionalización de políticas que hasta hoy tenían una dimensión más comunitaria y regional es que los intereses nacionales acaben por pesar más que los europeos. Sobre todo, cuando los aplaudidos informes de Letta o del propio Draghi recomiendan profundizar en el mercado único y en la integración económica para competir con una mínima solvencia en el ámbito global. Con todo, lo peor de la falta de ambición serán los ajustes a los que se verá sometido el actual proyecto presupuestario para lograr el preceptivo apoyo por unanimidad del Consejo. Una oportunidad perdida.