El sector agrario se rebela contra el recorte del 22% de las ayudas al campo en el presupuesto europeo

El sector agrario se ha puesto en pie de guerra tras la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) del próximo marco financiero 2028-2034. La propuesta prevé un recorte de los fondos agrarios de un 22%, al pasar de 387.000 millones de euros a 302.000 millones, algo que contrasta con la decisión de quintuplicar el gasto en defensa. “Es algo inaceptable, Bruselas ha decidido priorizar entre tractores y tanques, entre futuro para los jóvenes agricultores y misiles para blindar fronteras, entre alimentación y defensa”, ha lamentado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

 “Con esta propuesta, Europa quiere que comamos armas en lugar de los alimentos que producimos. Es un golpe muy duro a la soberanía alimentaria en Europa. Es un mazazo para el futuro del sector primario que, por desgracia, ya ha dejado de ser considerado estratégico en beneficio de la defensa”, ha criticado el secretario general de UPA en Andalucía, Jesús Cózar. A su juicio, la única parte algo más positiva de la propuesta pasa por el “reforzamiento de medidas sociales” ya conseguidas en la actual PAC, como potenciar la degresividad, los techos de ayuda a las grandes explotaciones o la figura del agricultor pluriactivo. “Son medidas que no nos parecen mal, aunque hay otras ideas muy negativas que tampoco nos gustan, como que los jubilados dejen de percibir la ayuda a partir de 2029”, agrega Cózar.

Andalucía es la comunidad más amenazada por los recortes en el campo, pues en el actual marco (2023-27) va a recibir 8.900 millones de euros, de los cuales 6.700 son ayudas directas. Otros 1.460 millones han llegado a Andalucía en este marco para desarrollo rural, el pilar que ahora está más en entredicho. “Esta propuesta tiene que tirarse a la papelera, porque al eliminar el segundo pilar, los fondos para el desarrollo rural, y renacionalizarlos en un fondo común, acabaría con muchas ayudas como las de modernización de explotaciones, de regadíos, para la incorporación de jóvenes al campo o las ayudas al sector ecológico.

Según las organizaciones agrarias, que protestaron el miércoles en Bruselas, la Comisión Europea va a presentar una propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) que, en la práctica, supone la “disolución” de la Política Agraria Común (PAC) tal y como la conocemos. “En lugar de una política común, con presupuesto propio y en la que el Parlamento Europeo tiene voz, la Comisión propone integrarla en un fondo único multisectorial, gestionado bilateralmente entre Bruselas y los Estados que pone en peligro la soberanía alimentaria y rompe el vínculo entre el campo y los ciudadanos, los agricultores y ganaderos no somos el problema, sino la solución”, ha señalado Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.

Barato considera inaceptable el recorte presupuestario que propugna la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula Von der Leyen, “en un momento de inestabilidad geopolítica, presión arancelaria y creciente inseguridad alimentaria” y precisa que la PAC “no es solo una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor: alimentos seguros, sostenibles y asequibles”. Para Asaja, la guerra de Ucrania ha puesto de relieve que la estrategia alimentaria es un arma muy importante de defensa para mantener o garantizar el autoabastecimiento a la población. Por eso advierten de que esta propuesta puede traer consigo subida de precios, inflación alimentaria y una pérdida de acceso a productos locales, frescos y de calidad. “La seguridad alimentaria no se defiende solo con tratados, se defiende con agricultura viva y profesional, apunta el presidente de Asaja.

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, sostiene que “hay un riesgo cierto de desmantelamiento de la PAC como política común y que sean los Estados o incluso las comunidades autónomas las que orienten la política y las ayudas, y eso significa que las regiones más ricas tendrán más apoyos que el resto. Parece que Bruselas está diseñando una PAC que no es ni agraria, ni común, solo le queda ya la ‘P’ de política, y eso es muy grave”, según informa Juan Navarro.

En la misma línea, COAG advierte que el “abandono institucional del campo tendrá consecuencias sociales y políticas”. “Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin soberanía alimentaria, sin equilibrio territorial y sin futuro social. Que se prepare la Comisión Europea para la resistencia del campo. Los tractores volverán a las carreteras. Es una propuesta inaceptable”, avisa el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, del PP, ha criticado con dureza la decisión de Bruselas: “Nos oponemos tajantemente a cualquier recorte a nuestros agricultores y ganaderos. Me da igual quién lo haya planteado. Probablemente, lo han planteado compañeros nuestros del Partido Popular Europeo, a quienes respetamos, pero no estamos de acuerdo y lo vamos a decir alto y claro”. Moreno se ha preguntado “cómo se van a alimentar a los europeos si no existe un sector pujante” y ha mostrado su confianza en que Europa “buscará una fórmula alternativa, quitando burocracia y siendo más eficaz en los gastos”. El Gobierno andaluz viene criticando que en el actual marco los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma habrán perdido más de 500 millones en ayudas agrarias.

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, junto a otras ocho comunidades autónomas, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León, ha remitido una carta al ministro de Agricultura solicitando la convocatoria “urgente y presencial” de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ante la preocupación generada por la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.

Barrachina ha advertido sobre el “grave impacto” que tendría la nueva PAC en los agricultores jubilados que siguen trabajando sus tierras, ya que la propuesta les excluiría de las ayudas agrarias: “Esta medida golpea de lleno a la Comunitat Valenciana, donde cerca de 17.500 agricultores, casi la mitad del total, superan los 65 años”. En la solicitud remitida a Planas, las comunidades alertan de que el nuevo modelo planteado “rompe con esta política tal y como la conocemos” y “pone en riesgo el mantenimiento del sector agrícola” nacional, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

“La propuesta presentada por Bruselas debilita gravemente una política esencial para el campo español. No podemos permitir que se diluyan sus fondos ni que se desdibuje su finalidad. Exigimos diálogo, consenso y claridad sobre el futuro del sector”, ha afirmado el conseller Miguel Barrachina.

“Si se consuma este planteamiento, la PAC perderá su identidad, y con ella, buena parte del apoyo que hasta ahora permitía sostener la actividad agraria, especialmente en zonas rurales o con dificultades estructurales. Por eso, reclamamos una reunión inmediata con el ministro para analizar a fondo esta situación y exigir garantías”, ha añadido el conseller.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha reconocido este jueves que el Marco Financiero Plurianual presentado por la Comisión Europea supone una “inquietante amenaza” para el sector primario.

El consejero también ha salido al paso de las críticas de UPN, que ha señalado este jueves que el consejero “negó tajantemente” que se fuera a registrar un recorte presupuestario en la PAC “amparándose en supuestas garantías del comisario europeo y del ministro Planas”.

Aierdi ha replicado que “no sólo es incierto que este consejero garantizara el actual presupuesto y el mantenimiento de los dos pilares (algo que, evidentemente, no está en manos de Navarra), sino que precisamente ante esta amenaza impulsó un acuerdo con el sector planteando estas demandas que fue ratificado luego por todos los grupos parlamentarios, incluido UPN”.

“Resulta una irresponsabilidad intentar ahora introducir grietas en el acuerdo con el sector por intereses políticos”, ha lamentado.