Discapacidad, dependencia, dignidad

El Consejo de Ministros envió este martes a las Cortes una ambiciosa mejora de las leyes de dependencia y discapacidad que, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quiere ser “la reforma social de mayor calado de la legislatura”. Dicha reforma desarrolla el nuevo texto del artículo 49 de la Constitución, modificado en 2024 con amplísimo respaldo parlamentario —­solo Vox votó en contra— y que fue más allá de un mero cambio terminológico (eliminar la palabra “disminuido”) para recoger en la ley fundamental que se garantice la plena autonomía de las personas con discapacidad. Ese derecho constitucional se completa facilitándoles la vida también a quienes tienen que cuidarlas.

Del lado de las personas dependientes, el nuevo texto amplía la asistencia a domicilio (para que incluya visitas al médico o al mercado), establece la teleasistencia universal para que pueda combinarse con otros apoyos, garantiza el derecho a permanecer en el entorno elegido y hace hincapié en las zonas rurales o “con baja intensidad de recursos”. Además, se revierten dos recortes introducidos en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, las ayudas podrán complementar los ingresos del trabajo (ahora son incompatibles). Por otro, se suprime el plazo máximo de dos años en las prestaciones para cuidados dentro de las familias. Igualmente, para garantizar los “entornos universalmente accesibles” previstos en la Constitución se crea un fondo estatal que financiará las intervenciones necesarias —como la construcción de rampas para sillas de ruedas— tanto en el ámbito público como en el privado.

Por el otro lado, el de las personas sobre las que recae la responsabilidad de cuidar, la reforma recoge la necesidad de incorporar a 260.000 trabajadoras —la mayoría son mujeres— más. Para eso la ley incluye un artículo específico que busca garantizar que esos empleos cuenten con condiciones dignas, estables y profesionalizadas. El proyecto prevé más coordinación para reducir las trabas burocráticas, que tan frustrantes son para las personas dependientes y para quienes las cuidan.

Sobre el papel, el proyecto de ley responde a las necesidades de la sociedad española, que rechaza la discriminación de las personas con discapacidad y que quiere impulsar una igualdad efectiva. También es una respuesta a los desafíos de uno de los países más envejecidos del mundo y en el que la longevidad no siempre viene acompañada de buena salud. Sin embargo, para que la norma se aplique de forma efectiva hará falta la contribución, en medios, en fondos, en coordinación y, sobre todo, en voluntad política de todas las administraciones. Según el ministerio, hay 4,2 millones de personas bajo el abrigo de la ley, de las que más de un millón y medio están en el sistema de dependencia. No es un asunto menor y no debe ser tratado como si lo fuera. Afortunadamente, hasta ahora, la dependencia y las cuestiones relativas a la discapacidad han estado a salvo de la acritud habitual en el debate político. La ciudadanía no entendería que eso cambiase ahora.