Menos burocracia y más cercanía en los cuidados: el Gobierno envía al Congreso la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

Menos burocracia, más servicios y mayor cercanía en los cuidados. Eso es gran parte del espíritu de las reformas de la ley de Dependencia y de la de Discapacidad que este martes el Consejo de Ministros ha aprobado y enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria. En principio, no debería haber muchos obstáculos para la aprobación de dos normas que cubren a parte de la población con más vulnerabilidades: aquellas con alguna discapacidad y las que necesitan de otras personas para las tareas básicas del día a día, esta última una parte de la ciudadanía que, según la curva demográfica, irá creciendo cada vez más. Los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de hace apenas unos días, indican que a junio de 2025 el número de personas en el sistema de dependencia supera ya el millón y medio de personas, un 7,5% más respecto a junio de 2024.

El ministro, Pablo Bustinduy, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que estas reformas pueden ser “la reforma social de mayor calado de esta legislatura”, con “dos objetivos principales”. Uno, ha dicho, “es aterrizar la reforma constitucional, la del artículo 49, que no era solo una cuestión terminológica, simbólica, aquí [en estas reformas] está todo el aterrizaje de igualdad, de derechos, para 4,2 millones de compatriotas y sus familias”.

El otro, sobre el sistema de dependencia, “no es solo mejorarlo sino proyectarlo hacia el futuro, que tenga las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que tiene por delante”, ha dicho sobre “las tendencias demográficas, la inversión de la pirámide poblacional y de cambios en la convivencia” de la ciudadanía. “Los cuidados es uno de los retos que tenemos por delante”, ha añadido.

Para ello, se ha acordado transferir 783 millones de euros a las autonomías destinados a financiar sus sistemas de Dependencia. El compromiso, ha dicho el ministro, “es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha cuadruplicado desde el 2014“, y llegar ”al 50% de financiación” por parte del Estado en cada autonomía.

En la protección de estos derechos, y respecto a las personas con discapacidad, se pondrá especial atención las mujeres, “incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva”; y los niños y niñas, “poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana”, según la nota enviada por el ministerio.

¿Qué más supone ese blindaje? Aquí, algunas claves de estas reformas.

Las familias (mujeres) que cuidan

La reforma de la ley de Dependencia hará que, cuando la persona muera, la prestación económica que recibe quien la ha estado cuidando se mantenga hasta el último día del mes en que se produzca el fallecimiento. Una medida que el ministerio afirma en un comunicado que “aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica ―como tener que devolver a posteriori dinero a la administración― a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida”, la mayoría, matizan, mujeres. “Supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan”.

Las profesionales que cuidan

El Ministerio calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más ―la gran mayoría son mujeres― para asegurar su sostenibilidad, pero, incluye el texto de la reforma, para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas.

Por eso, la reforma incorporará un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados: “El artículo establece que será a través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial donde se establecerán los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación continua”.

Accesibilidad universal

Según la nueva legislación, la accesibilidad universal será un derecho y por lo tanto obligatoria en espacios privados, públicos (incluidos los de patrimonio histórico y cultural) y también en cualquier servicio público.

Para los espacios públicos, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias (rampas para sillas de ruedas o la creación de QR para audiodescripciones, por ejemplo). Y para el ámbito privado se hará una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obligará a las administraciones a ofrecer ayudas para realizar las obras pertinentes y se rebajará del 75% al 70% el porcentaje que tiene que pagar la comunidad de vecinos para la obra que se necesite.

Compatibilizar prestaciones y trabajo

Con la reforma se “dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema”. Hasta ahora, muchas personas usuarias del sistema “se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad”.

Ampliación de la ayuda a domicilio

La nueva norma ampliará la prestación el servicio de ayuda en el domicilio, que ahora se circunscribe al ámbito doméstico y de cuidado personal; y la persona cuidadora podrá acompañar a la persona usuaria del sistema al médico, por ejemplo, o a hacer la compra.

La reversión de “dos recortes importantes” de los últimos años

El ministro ha confirmado este martes ―ya se había adelantado― que se revertirán “dos recortes”. Uno es la eliminación del actual régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia que se introdujeron en 2012, durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy; y el otro es la supresión del plazo máximo de dos años en las ayudas económicas para cuidados dentro de las familias.

Estos dos cambios, como el resto, tienen también el objetivo de que todo lo que establecen las dos normas sea accesible a cualquier persona en cualquier parte del territorio, que puedan reclamar si en sus comunidades autónomas ―que tienen las competencias en la gestión de estas leyes― la cartera de servicios no ofrece alguna cuestión fijada en la normativa.

Teleasistencia universal

Con esa idea, la de garantizar los derechos de las personas vivan donde vivan, la teleasistencia será reconocida como un derecho universal; se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, es decir, que no se puede considerar como única prestación y tiene que estar combinada con otros apoyos; y se amplía más allá del domicilio para que las personas que viven en residencias también puedan acceder a este servicio.

Más servicios

El catálogo de servicios se ampliará, por ejemplo, para que haya cuidados y apoyos en viviendas donde conviven solo unas pocas personas o en modelos de vivienda colaborativa; mediante préstamo o cesión temporal se podrá acceder a productos para mejorar la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz; y se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Nuevos derechos

Entre otros, las personas en situación de dependencia tendrán derecho a permanecer en el entorno elegido; a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas; y también a una atención sanitaria sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias.

Una ayuda mientras llega otra

Ahora mismo, si una persona pide una plaza en un centro de día y no hay, el sistema puede derivarlo a otro que está más lejos o mucho más lejos, con las consecuencias que eso puede tener para quien lo necesita. Para que situaciones como esta no ocurran, la reforma prevé que alguien en situación de dependencia pueda recibir una ayuda temporal mientras llega la que le corresponde según el grado reconocido y que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias. En este supuesto del centro de día sin plaza, por ejemplo, la persona tendrá la opción de recibir una alternativa acorde, como la ayuda a domicilio.

Centros de día también en casa

La reforma considerará estos espacios como un servicio esencial por lo que su trabajo irá más allá del propio espacio del centro, atendiendo también en las casas a aquellos usuarios que vivan cerca y lo necesiten. Algo que para el ministerio “es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos”.

Salud mental

El marco de atención a las personas con problemas de salud mental cambia para estar “basado en su autonomía y en la participación”. Según el comunicado del ministerio, “la norma establece que todas las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado, priorizando el respeto a la voluntad de la persona y el uso de apoyos en la toma de decisiones”, se “prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad”, y se imponen “garantías procesales reforzadas”.

La unión entre ambas normas

Discapacidad y dependencia están, en algunos casos, estrechamente relacionadas, por lo que la reforma de las leyes, teniéndolo en cuenta, va a aplicar el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas con un grado I reconocido en el Sistema de la Dependencia; aquellas con un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad; y quienes quieran, podrán pedir que se les evalúe individualmente para que se les reconozca un grado de discapacidad superior al que está previsto automáticamente en estas pasarelas.