Vuelve la economía del genocidio

El orden del día, la breve novela histórica con la que Éric Vuillard ganó el Goncourt en 2017, empieza con la reunión secreta de 24 industriales alemanes con el presidente del Reichstag, Hermann Göring, y el nuevo canciller. Están los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta. Faltan exactamente trece días antes de las elecciones de marzo de 1933. Allí le dan el dinero para financiar la campaña que lleva a los nazis al poder. Semanas después, aprobarán la ley de “habilitación’ que permitirá a Hitler promulgar leyes sin interferencia del presidente o del parlamento. En 1938 anunciarán la anexión “pacífica” de para la “reunificación del pueblo alemán”.

Los broligarcas alemanes se beneficiaron mucho de esa reunión. El nazismo acabó con los sindicatos, reprimió la competencia, y aportó generosos contratos para construir el “esfuerzo de guerra total”. Los CEO confiscaron propiedades, fábricas y recursos en los países ocupados y aprovecharon la mano de obra de los campos de concentración. Francesca Albanese, académica, abogada y relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina desde 2022, lo llama la Economía del Genocidio. Es el tema del informe que ha provocado la sanción de EEUU.

En su primer informe, Genocidio como Borrado Colonial. Albanese argumentaba que tanto la ocupación como la guerra son parte de una operación colonial de desplazamiento forzado y reemplazo sistemático de Palestina para constituir el Eretz Yisrael. La Tierra Prometida por Dios al pueblo de Israel en la Biblia hebrea es el argumento sionista para reclamar todos los territorios entre el río Jordán y el Mediterráneo. El segundo se titula De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, y describe la maquinaria corporativa que impulsa y facilita ese proyecto colonial.

El entramado incluye fabricantes de armas, pero también a los productores de energía y compañías de construcción necesarios para ejecutar el reemplazo. Por ejemplo, los bulldozers de Hyundai, Volvo o Caterpillar Inc. que llegan a pulverizar lo que queda de los hogares e infraestructuras palestinas y preparar el suelo para su reconstrucción. Después están los “facilitadores”; bancos y fondos de inversiones que han comprado los bonos del tesoro que Israel emitió para financiar la guerra, inflando su valor. Las acciones de las empresas listadas en la bolsa de Tel Aviv han subido el 179% desde el inicio del asalto en Gaza. Han ganado 157.900 millones de dólares, mientras la población local se enfrenta al paro, esquiva misiles y navega la inflación.

Entre los facilitadores hay universidades de prestigio internacional como el MIT o el TUM de Munich, porque colaboran con empresas de defensa o tecnológicas en el desarrollo de sistemas de control, seguimiento, represión y destrucción de la vida civil palestina. Y a Microsoft, IBM, Palantir, Amazon y Google, que han aportado sistemas de vigilancia y reconocimiento biométrico, para sus circuitos cerrados de vigilancia, muros inteligentes, y drones autónomos letales.

Los Relatores Especiales están protegidos por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU desde 1946, precisamente para garantizar que los regímenes autoritarios no puedan sancionarlos o encarcelarlos por hacer su trabajo. Si Trump y Netanyahu consiguen acabar con su investigación, la economía del genocidio crecerá sin obstáculos ni testigos.