Inteligencia artificial para el buen gobierno
La automatización de tareas de la Administración puede permitir ganancias de 7.000 millones anuales solo en España


Como ocurrió anteriormente con otras tecnologías de uso general, como internet o el ferrocarril, la Inteligencia Artificial transformará la trayectoria de progreso de nuestras sociedades.
En el ámbito privado, las grandes empresas están invirtiendo en IA masivamente. Según un informe de Goldman Sachs, la inversión corporativa en IA desde 2020 se acerca al billón de dólares y más del 90% de las compañías del Fortune 500 ya usan modelos de lenguaje en sus procesos cotidianos.
Sin embargo, el ritmo de adopción de la IA en los gobiernos es mucho más lento. Es natural que el sesgo apunte hacia la cautela, porque existen riesgos. Pero sería un enorme error desaprovechar las oportunidades que ofrece la IA para el sector público.
Muchas de las tareas que realizan las administraciones —repetitivas, estructuradas, basadas en lenguaje— son idóneas para ser automatizadas con modelos de lenguaje. Resulta difícil encontrar áreas del sector público que no puedan beneficiarse enormemente de la IA.
Imaginen un ayuntamiento pequeño que necesita hacer una licitación nueva de recogida de basuras. Sin IA el proceso de elaboración de cualquier licitación o subvención pública como esta puede alargarse semanas o meses. Hoy, los modelos de IA generativa, adecuadamente entrenados, pueden hacer un borrador muy decente en pocos minutos, ahorrando miles de horas de trabajo a los funcionarios.
En el ámbito regulatorio, en un país donde se publican más de 10.000 normas cada año —400.000 desde el principio de la democracia— la IA puede ser de gran ayuda para mejorar la transparencia democrática y, al mismo tiempo, reducir la complejidad regulatoria para empresas, ayudando a su productividad.
En la justicia, los tiempos de ejecución de sentencias en España son mucho más lentos que en la media de la UE. La IA puede ayudar a los jueces a resumir grandes cantidades de información o a abogados de oficio a encontrar jurisprudencia relevante en segundos. En Italia, por ejemplo, la Corte dei Conti (auditores) ha creado GiusBERTo con IA para permitir el acceso a toda la información de procesos judiciales.
En políticas sociales, la IA Generativa se usa ya de manera informal para analizar datos o resumir evidencias de forma muy extendida, pero también puede servir para acompañar a los mayores que se encuentran en situación de soledad o para automatizar y hacer mucho más efectiva la concesión de ayudas eliminando engorrosos papeleos que frenan el acceso a quienes más las necesitan. Noruega, por ejemplo, lanzó Frida tras la pandemia, un sistema basado en IA que logró resolver el 80% de consultas sobre prestaciones y ayudas sin intervención humana. En un mundo con Agentic AI —una versión avanzada de los modelos de lenguaje— la IA podrá detectar de forma autónoma, por ejemplo, la pérdida de empleo o el nacimiento de un hijo y asignar las prestaciones correspondientes, siempre que los sistemas de datos se hagan más accesibles e interoperables.
En sanidad, la IA está revolucionando la investigación y la medicina preventiva. Pero también puede ayudar a mejorar la atención primaria, facilitando el acceso a información y reduciendo la carga administrativa, que ocupa el 25% del tiempo en las consultas de atención primaria.
En educación el impacto de la IA ya está siendo revolucionario. Desde el apoyo a profesores en la producción de ejercicios, exámenes o planificación de clases, a la evaluación en tiempo real y personalización en el aprendizaje adaptativo para los alumnos. En política educativa ya existen iniciativas, sobre la base de big data, por ejemplo, para predecir la probabilidad futura de abandono escolar temprano, como ya está haciendo la Junta de Andalucía.
Los ejemplos son infinitos, también en el ámbito de las mejoras de interacción con el ciudadano. Por ejemplo, Aena ha desarrollado Oli, un chatbot con IA diseñado para mejorar la experiencia del pasajero que responde eficazmente las preguntas en ocho idiomas sobre el estado de los vuelos, las puertas de embarque, el tiempo de espera o los servicios del aeropuerto.
El impacto potencial en ganancias de productividad de todos estos cambios puede ser enorme. En un estudio reciente, el think tank de Tony Blair valora en 40.000 millones de euros las ganancias potenciales para el Reino Unido en el sector público. En España, en un estudio reciente hemos estimado ganancias de 7.000 millones anuales, más de lo que invertimos anualmente, por ejemplo, en políticas activas de empleo.
En la inmensa mayoría de los casos, la IA se utilizará como un complemento al trabajo humano —y no como sustituto—, liberando tiempo para hacer tareas más productivas. Por ejemplo, según el modelo econométrico que usamos en el estudio citado, solamente en un 10% de los casos la IA permitirá automatizar más del 50% de las tareas de los empleos en el sector público.
Una parte muy importante del buen gobierno consiste en la provisión eficiente de los servicios y una mayor transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, la IA puede ser una fuerza imparable para la mejora de los outputs o políticas, pero también de la calidad democrática.
En la UE y en España se han desplegado numerosas iniciativas y regulaciones sobre IA, incluidas hasta siete normativas autonómicas. Sin embargo, como pide Mario Draghi, se necesitan marcos regulatorios que, además de tratar de mitigar de forma preventiva todos los riesgos, permitan espacios para la necesaria innovación. Nos jugamos mucho.
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