Glovo, un reto laboral

Las autoridades de dentro y fuera de España siguen intentando encauzar legalmente el modelo de negocio de la empresa de reparto Glovo, en una muestra de los desafíos que plantea la regulación de las plataformas digitales y de las dificultades para garantizar unas condiciones laborales justas en un sector en constante evolución. El pasado lunes, la Comisión Europea sancionaba con más de 300 millones de euros a la compañía española y a su matriz alemana (Hero) por pactar entre ellas no fichar a trabajadores de la otra firma, una práctica que cercena una de las posibilidades de mejora de las condiciones de los trabajadores y atenta contra las leyes de competencia.

Además, dentro de dos semanas, Glovo se sentará en el banquillo acusada de competencia desleal por Just Eat, que señala al gigante de reparto a domicilio por, presuntamente, saltarse la normativa laboral y utilizar a falsos autónomos como repartidores. Just Eat denuncia que el uso de estos falsos autónomos ha permitido a Glovo reducir en 645 millones de euros sus costes laborales al evitar gastos asociados a salarios, vacaciones y cotizaciones sociales.

Todo ello después de que en diciembre de 2024 la empresa que dirige Oscar Pierre anunciara su intención de impulsar un nuevo modelo laboral en España. Aquel anuncio fue celebrado por el Ministerio de Trabajo, promotor de la conocida como ley rider para acabar con un sistema basado en la precariedad, e hizo pensar que la empresa por fin cedía ante el peso de las sanciones, se tomaba en serio sus responsabilidades laborales y el cumplimiento de la ley. No ha sido así. Seis meses después, Glovo sigue sin cumplir plenamente con la regularización prometida.

Los sindicatos han vuelto a denunciar a la compañía ante la Inspección de Trabajo por recurrir a subcontratas para no asumir directamente a los empleados y ofrecer a los repartidores acogerse al convenio de mensajería de 2006, que está desfasado. La empresa sostiene que ya ha enviado 4.000 ofertas de empleo a los repartidores y que espera llegar este mes a los 20.000, pero su trayectoria avala la desconfianza sindical.

Ha llegado el momento de hacer uso de todas las herramientas legales y administrativas para obligar a Glovo a cumplir la ley. Fue precisamente antes de declarar ante un tribunal, el pasado diciembre, cuando Oscar Pierre prometió el cambio de modelo laboral. La reincidencia podría ser considerada un agravante, y la compañía o sus fundadores, inhabilitados para participar en concursos públicos. El régimen sancionador debería asegurarse de que las multas sean disuasorias e incluir el cierre temporal de la actividad en casos de incumplimiento sistemático. No nos enfrentamos únicamente a un reto legal, sino también político y social: garantizar que la innovación tecnológica no se construya sobre la precariedad laboral.