Un aforamiento indecoroso

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias en 2024, siete años después de ocurridos los hechos supuestamente delictivos. Otras 10 personas también irán a juicio, entre ellas Miguel Ángel Gallardo (PSOE), que ayer dimitió como presidente de la Diputación de Badajoz después de incorporarse de forma urgente a la Asamblea de Extremadura como parlamentario, un procedimiento legal pero nada decoroso para conseguir el aforamiento que le otorga su nueva condición.

El proceso judicial llevó a David Sánchez a dejar su trabajo como coordinador de conservatorios en la Diputación pacense. Tras casi un año de investigación, no ha aparecido —ni en la documentación requisada ni en los informes elaborados durante la instrucción ni en los testimonios recabados— ninguna prueba determinante de las conclusiones de la instructora sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Pese a ello, la magistrada decidió enviar a juicio oral a los procesados sin esperar siquiera a que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronuncie sobre los recursos de apelación presentados tanto por las defensas como por la Fiscalía, que pidió archivar la causa al considerar que se sostiene en “conjeturas”.

Salvo que prosperen los citados recursos, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas acabarán juzgados en base a inferencias, es decir, a deducciones subjetivas de la jueza sustentadas en dos indicios: un correo entre trabajadores que utilizan la palabra “hermanísimo” y una consulta del propio David Sánchez al dueño de una vivienda de alquiler en Badajoz durante el proceso de concurso de la plaza. El puesto se creó en octubre de 2016. Por aquellas fechas, el ahora presidente del Gobierno había sido expulsado por sus propios compañeros de la secretaria general del PSOE. Según la jueza, el ya expresidente de la Diputación habría creado una plaza para el hermano de quien entonces era su adversario en el partido y que, además, había perdido todo su poder.

La guinda política lamentable de este procedimiento la ha puesto precisamente Miguel Ángel Gallardo, quien decidió la semana pasada aforarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para ser juzgado en un órgano distinto al que le correspondería. Lo hizo utilizando su poder orgánico como líder de los socialistas extremeños y recurriendo a una artimaña, como poco, indecorosa: tomar posesión como diputado autonómico tras forzar, para conseguirlo, la renuncia al escaño de hasta cuatro compañeros.

Por muchas dudas que quepan sobre la instrucción y por muchas explicaciones que ofrezca Gallardo sobre su treta (como su cínico llamamiento a abrir ahora un debate sobre los aforamientos en la Asamblea de Extremadura, es decir, una vez él ha conseguido el suyo), la sospecha de una maniobra torticera para evitar al tribunal predeterminado por la ley es evidente. Y de todo punto censurable.