La causa contra David Sánchez noquea al PSOE extremeño

María Guardiola ha promocionado esta semana Extremadura en Japón mientras el PSOE se desangraba a 11.000 kilómetros de distancia en una comunidad que ha presidido en nueve de las once legislaturas transcurridas desde la restauración de la democracia. La causa iniciada el verano pasado contra David Sánchez, contratado por la Diputación de Badajoz cuando su hermano, el presidente del Gobierno, era un alma política errante, condiciona cada paso de una federación socialista que se identifica de tal forma con la Junta que la siente como una extensión de sí misma. Al terremoto por la pérdida de poder institucional se sumó otro reto: el relevo de Guillermo Fernández Vara, que era el barón del PSOE más veterano, con un liderazgo que se remontaba a 2008, un año después de ser proclamado presidente.

Su sucesor desde marzo del año pasado es Miguel Ángel Gallardo, al frente de la Diputación pacense desde 2015. Bajo los reproches de una integración insuficiente y con cicatrices aún sin suturar tras dos procesos de primarias en 10 meses —mejoró su respaldo del 55,7% al 62,6% en las segundas—, afronta el desafío de impedir lo que el PP no ha conseguido hasta ahora: que Guardiola se consolide, aunque de momento siga sin Presupuestos y dependa de la ultraderecha. Pero con lo que nadie contaba era con el frente judicial: Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias en 2024, siete años después de ocurridos los principales hechos supuestamente delictivos. Otras nueve personas también irán a juicio.

La polvareda por el aforamiento de Gallardo ha sido la última sacudida en la federación. En pleno procedimiento judicial, ha decidido dar el salto al Parlamento autonómico tras haber prometido lo contrario, una operación que ha requerido de la renuncia de una diputada que fue su jefa de gabinete y el paso a un lado de otras cuatro personas que le precedían en las listas electorales. “Miguel Ángel no ha leído bien los tiempos”, explica un dirigente regional con trienios. “Ha dado la imagen de querer protegerse. Desde marzo de 2024 se le ha estado pidiendo que fuera a la Asamblea y hubo una oportunidad de oro cuando Guillermo renunció al acta de diputado en junio. Ese era el momento ideal para que él optara a ese escaño y además se hiciera un relevo simbólico. El drama es que por entonces el caso de David Sánchez no existía”. Otro alto cargo admite que están “noqueados” y atribuye la dilatación de los plazos a que Gallardo preveía que podía tener que fajarse en otras primarias, como finalmente sucedió, y no quería perder el control de la Diputación. “No le faltaba razón, porque las diputaciones son fundamentales en el interior de España, otorgan mucha influencia, también para el manejo interno en los partidos... Pero, viendo cómo se ha gestionado, no deja de ser una cagada”, observa el secretario general de otro territorio.

Ferraz y La Moncloa respaldan a Gallardo, aunque hay miembros de la dirección federal que opinan que ha gestionado su entrada en la Asamblea como un “aficionado”. En la sede estatal del PSOE también lamentan que Gallardo haya desaprovechado durante un año el foco del Parlamento regional, una opción de la que no disponen los ministros y secretarios generales de otras federaciones, María Jesús Montero, Óscar López, Pilar Alegría y Diana Morant. Aunque al final se siente en el banquillo, Gallardo está blindado internamente. En el último Congreso Federal se introdujo una disposición que flexibiliza el código ético y no obliga a dimitir cuando se abre juicio oral si se considera que el proceso es fruto de una persecución política. Gallardo fue imputado justo antes del congreso.

La causa ha llevado a Sánchez a abandonar su puesto en la Diputación y al PP a basar su principal estrategia en recordarle al presidente del Gobierno que tiene a su hermano y a su mujer imputados. Tras casi un año de investigación por parte de la jueza Beatriz Biedma, la defensa aduce que en el sumario no hay una sola prueba sólida. La jurisprudencia exige en el caso del tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal) que se pruebe la existencia de una relación de prevalimiento o influencia indebida entre un funcionario o autoridad y otro individuo, con el fin de obtener una resolución administrativa que genere un beneficio económico. Para sustentar esta tesis, la jueza infiere que Gallardo habría ejercido una influencia indebida sobre altos cargos y funcionarios para adjudicar la plaza a David Sánchez.

Según la jueza, la plaza de coordinador de conservatorios fue creada en octubre de 2016 para el hermano del presidente, que en aquellas fechas había dimitido como líder del PSOE. La tesis de Biedma es que Gallardo había creado este puesto para el hermano de quien entonces era su adversario político dentro del partido y que, además, había perdido todo su poder. Gallardo, que en la batalla orgánica apoyaba a Susana Díaz, declaró en sede judicial que cuando se creó la plaza, él ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tuviera un hermano. La jueza mantiene que el puesto no era necesario, basándose en el testimonio ambiguo de los directores de los conservatorios. Las declaraciones de unos y de otros apuntan a que esa plaza era desempeñada, aunque no con esa denominación, por otra persona que se había jubilado. Y que sí era necesaria, aducen las defensas, para poner en valor, fuera de los conservatorios, el trabajo de sus estudiantes.

La otra acusación de la juez a David Sánchez es la prevaricación por colocar en 2024 a un amigo suyo en un puesto de la Administración provincial de Badajoz. El abogado de Sánchez alega que su cliente no es funcionario y no tenía competencias para crear puestos de trabajo en la Diputación. Además, recuerda que la persona supuestamente enchufada llegó al puesto, por el que no compitió nadie, en comisión de servicios. El fiscal ha pedido el archivo de la causa en un extenso escrito donde intenta desmontar las inferencias “irracionales” de la jueza, que no ha esperado a la resolución de los recursos para sentar a los acusados en el banquillo.

Contra David Sánchez se presentó además una denuncia por supuesto fraude fiscal, con el argumento de que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. Fue desmontada por un informe de la Agencia Tributaria. La denuncia aseguraba ue tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, desproporcionado en relación con el sueldo que percibía, pero se trató de un grave error de interpretación de una documentación oficial.

Pese a ello, la instructora ha dictado auto de apertura de juicio oral al considerar que “existen indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. En cuanto a Gallardo, la magistrada señala que es “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no tuviera conocimiento de este nuevo puesto y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez. Añade además que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”. Por esto, concluye que Gallardo participó “directamente en los hechos”. Él lo niega y esgrime que el Parlamento regional le dará “garantías de justicia a su indefensión”. El próximo jueves se estrenará en la sesión de control a Guardiola.