David Sánchez denuncia las prisas de la jueza por sentarle en el banquillo

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de abrir juicio oral por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura, y otras nueve personas ha provocado la rápida reacción de los acusados. El abogado del familiar de Pedro Sánchez ha presentado un escrito en el que recrimina a la magistrada las prisas para sentar en el banquillo a los 11 encausados ―pasaron solo 16 minutos desde que rechazó el recurso contra su procesamiento y dictó el auto por el que los enviaba a juicio― y asegura que con esta decisión la jueza contradice una resolución suya anterior.

Se refiere, en concreto, a una providencia del pasado 14 de mayo en la que la magistrada anunciaba que esperaría “al resultado de los recursos que se interpongan contra el auto de procedimiento abreviado para acordar la resolución que proceda con respecto a la apertura de juicio oral”. Si bien la magistrada ya ha rechazado los que presentaron ante ella tanto las defensas como la Fiscalía ―esta pidió archivar la causa al considerar que se sustentaba en “conjeturas”―, en opinión de la defensa de David Sánchez debería esperar también a que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronuncie sobre los recursos de apelación que todas han presentado.

En su auto del jueves, la magistrada sustentó su decisión de enviar ya a juicio oral a los procesados sin esperar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial en el escrito presentado por las acusaciones populares —que lidera el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra—, en el que pedían tres años de cárcel para el familiar de Pedro Sánchez y para el líder de los socialistas extremeños. Para la jueza, este escrito de acusación es suficiente para mandar al banquillo a los encausados. “La acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”, recalcaba en su resolución.

En su queja ―que se ha plasmado en un escrito de aclaración al auto de apertura de juicio oral, ya que este último no admite recurso―, el letrado de David destaca “la contradicción existente entre las dos resoluciones” e ironiza que como “en Derecho una cosa no puede ser y no ser a la vez”, ya que puede provocar indefensión a los encausados, la magistrada debe motivar “la causa o causas provocadoras del radical cambio de criterio, que son desconocidas para esta parte, a los efectos procesales que procedan. ¿Por qué se ha dictado ese auto, si su redacción se condicionaba a una circunstancia concreta que no se ha verificado?”, se pregunta.

En su escrito, la defensa del hermano del presidente plantea una segunda queja al auto de apertura de juicio oral. En concreto, recrimina a la jueza que hubiera determinado inicialmente que la vista tendría lugar en un juzgado de lo Penal (órgano de enjuiciamiento unipersonal para delitos castigados con penas inferiores a cinco años de cárcel o 10 de inhabilitación) y no un tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz (órgano colegiado formado por tres magistrados para delitos más graves) y que, cuando se dio cuenta de su error horas después, dictase una providencia para corregirlo en el que daba la posibilidad a las acusaciones populares de pronunciarse si debía ser este último órgano judicial el encargado.

Para el abogado de David Sánchez, este hecho vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que es el juez que ha instruido la causa (en este caso la magistrada Beatriz Biedma) el que determinara “el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, sin necesidad de consultar con ninguna de las partes, ya que lo que puedan sugerirle en modo alguno compromete la decisión judicial en ese aspecto”.

La decisión de la jueza de sentar en el banquillo al hermano del presidente y a otras 10 personas por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa en la Diputación de Badajoz se produjo solo unos días después de que Gallardo ―que además de secretario general de los socialistas extremeños era presidente de este órgano cuando se produjeron los hechos investigados― anunciase su decisión de abandonar este puesto e incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgaría la condición de aforado.

El acta la recogió el pasado miércoles, aunque la condición plena de parlamentario y, por tanto, el aforamiento que obligaría a que cualquier actuación judicial contra él tuviera que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no la adquirirá hasta el momento formal de jurar el cargo en un pleno de la cámara regional la próxima semana, según recoge el artículo 15 del reglamento de la Asamblea extremeña.

El dirigente del PSOE rechazó la semana pasada, cuando anunció esta decisión, que conseguir el aforamiento fuera el objetivo de este paso e insistió en que lo daba porque el Parlamento extremeño era, en su opinión, el mejor lugar “para combatir al Gobierno” de la popular María Guardiola. La decisión de la magistrada de abrir juicio oral contra él plantea ahora dudas de si, finalmente, ya como parlamentario seguirá los pasos de los otros 10 procesados y se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial o pasará al órgano judicial superior. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, David Sánchez presentó el pasado 5 de febrero un escrito por el que renunciaba “de forma unilateral” al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el cargo por cuya adjudicación él ha sido procesado. La magistrada concluía en el auto del pasado 28 de abril en el que daba por concluida la investigación de que existían “indicios” de que el hermano del presidente “teniendo conocimiento previo” de que este puesto “se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario” de las supuestas irregularidades.