El silogismo de Marchena

En una entrevista respondida por correo electrónico con este periódico el juez Marchena planteaba un silogismo interesante de analizar. Todo el mundo sabe que Manuel Marchena es uno de nuestros magistrados más dotados, ha estado además en todas las salsas de eso que se ha venido a definir como la judicialización de la política o su viceversa: la politización de la justicia. Desde la presidencia del tribunal que condenó a los protagonistas del procés separatista catalán se labró la condición de hábil y riguroso, pero resulta evidente que la propuesta de amnistía que elaboró el legislativo le forzó a postularse como el opositor más relevante contra el Gobierno actual. Pese a todo, acaba de publicar un libro en el que denuncia su temor de que la justicia en nuestro país se esté precipitando por un abismo de desprestigio e instrumentalización. No se puede estar más que de acuerdo con su diagnóstico, quizá no tanto con la descripción de las dolencias que la han traído hasta aquí. Pero conviene detenerse contra una de las pocas respuestas del texto que no es una evasiva ágil.

En la citada entrevista de José Manuel Romero, el juez Marchena, cuyo libro se llama La justicia amenazada, aclara así el significado de ese título: “La justicia no es que sea amenazada, es que se resquebraja en sus pilares cuando un acuerdo político da por hecho el lawfare y esta palabra se adueña con normalidad del debate político”. No deja de ser chocante que en esa descripción se obviara un detalle, que lo que venía a proponer ese documento de acuerdo entre partidos era investigar, si los hubiera, casos de lawfare, que es esa palabra que define en inglés la trampa judicial o la prevaricación con motivación de dañar al rival político. Por supuesto que era una línea malintencionada y provocadora, pero su aceptación compromete lo mismo que decir que a la Guardia Civil se la investigará si se sospechara que alguno de sus agentes ha cometido un delito, cosa que sucede de tanto en tanto como en todos los cuerpos de funcionarios a los que se presupone una limpieza ejemplar. Por desgracia, como sabemos, en la persecución de ciertos políticos y de los líderes del procés se sobrepasaron algunos límites, desde el espionaje ilegal hasta la falsificación de informes policiales o la adscripción de cuentas bancarias inexistentes y demás excesos pendientes de castigo.

Un silogismo es un pensamiento que se compone de dos premisas a partir de cuyo contraste se alcanza una conclusión. De este modo, partir de la base de que el Gobierno acepta que existen casos de lawfare y con ello compromete el respeto de ese Gobierno con la división de los poderes del Estado es tan taimado como decir que un gobierno que no admitiera la posibilidad de que se produzcan casos de lawfare sería un gobierno que estaría renunciando a la vigilancia sobre uno de los pilares del Estado. El problema de la definición de amenaza sobre la justicia que argumenta el juez Marchena es que podría volverse como un bumerán sobre quien precisamente la pronuncia. Es evidente que aquí cada cual puede elaborar su interpretación personal. Se admite la subjetividad en jueces tanto como en periodistas o directivos de banca. Hasta los médicos tienen derecho a su propia interpretación diagnóstica. Lo malo es lo que sucede actualmente en España con respecto al poder judicial y es que nos hemos caído en un pilón de subjetividad de tal tamaño que ahí dentro todo resulta tan complicado como nadar en miel.