Manuel Marchena: “La justicia es una amenaza para políticos que se corrompen, periodistas que mienten y jueces que prevarican”

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) ha escrito un libro titulado La justicia amenazada (Espasa) y concedido entrevistas a medios escritos solo por cuestionario. Lo hizo así para evitar que una respuesta inadecuada pudiera causarle problemas en su actividad diaria. Marchena es magistrado en activo de la Sala de lo Penal del Supremo, donde ha ejercido los últimos 10 años y hasta diciembre pasado como presidente. Su trabajo más notorio consistió en presidir el tribunal del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Redactó la sentencia que condenó a nueve políticos independentistas a elevadas penas de cárcel por sedición y malversación. En aquel juicio, Marchena se obsesionó con la idea de no dejar ninguna grieta abierta en su actuación por la que pudieran colarse los condenados para recurrir el proceso ante los tribunales europeos.

Marchena se comprometió en esta entrevista a no censurar ninguna de las preguntas de EL PAÍS, aunque dejó sin responder las cuestiones referidas a procesos judiciales vivos que le competen y las repreguntas enviadas ante respuestas que este periódico consideró ambiguas.

Pregunta. Usted es un magistrado en activo del Supremo que tendrá que dirimir causas muy sensibles para el futuro de España. ¿Cree que puede publicar un libro con sus opiniones, que pueden ser contrarias o críticas con políticos que, a su vez, pueden tener que enfrentarse a un juicio donde usted forma parte del Tribunal? ¿No teme que por este libro le lluevan las recusaciones?

Respuesta. Le aseguro que en el libro que acabo de publicar no existe una sola referencia a un procedimiento todavía pendiente de solución en nuestra Sala. No encontrará ninguna crítica explícita a un político actual o pasado. No es este el objetivo que me ha impulsado a escribir. Es más, me han sorprendido algunos titulares e informaciones que se refieren al contenido del libro y, por supuesto, a mi motivación para escribirlo que no se corresponden con la realidad. Estoy seguro de que usted sí lo ha leído. Me consta su condición de lector incansable.

P. El título de su libro La justicia amenazada sugiere más de lo que luego dice. Encuentro muchos diagnósticos sobre los problemas de la Justicia, pero no encuentro por ningún lado las amenazas de las que habla. ¿Podría decirme quién exactamente amenaza a la Justicia en España?

R. A mi juicio, son muchas las amenazas que se ciernen sobre la justicia. De todas ellas hablo en el libro. La crisis del Consejo General del Poder Judicial que diezmó el número de magistrados en los más importantes órganos judiciales; la situación del ministerio fiscal; la extendida sensación ciudadana de privilegio por parte de una clase política que, por cierto, cuando es investigada traslada a los tribunales el lenguaje propio del enfrentamiento político. La justicia se ve amenazada también cuando la acción popular, insustituible herramienta de participación ciudadana, se aparta de los principios que legitiman su intervención en el proceso. Le añado algo más, la justicia no es que sea amenazada, se resquebraja en sus pilares cuando un acuerdo político da por hecho el lawfare y esta palabra se adueña con normalidad del debate político.

La justicia se resquebraja cuando un acuerdo político da por hecho el ‘lawfare’

P. ¿Quién cree usted que supone la mayor amenaza para la justicia en España: políticos que se pueden corromper para enriquecerse o mantenerse en el poder; periodistas que pueden mentir para favorecer a determinados partidos o tumbar a determinados gobiernos, o jueces que pueden prevaricar para doblegar a determinados ejecutivos o desprestigiar a determinados políticos?

R. Mire, es al revés. La justicia es una amenaza para los políticos que se corrompen —lo hagan o no para mantenerse en el poder—, la justicia es una amenaza para los periodistas que calumnian o mienten en una declaración judicial y, por supuesto, la justicia será siempre una amenaza para los jueces que prevarican.

[EL PAÍS le trasladó esta repregunta que no obtuvo respuesta: ¿Cree usted que los periodistas mienten en declaraciones judiciales? ¿Y si es así, porque ningún juez les ha denunciado por falso testimonio?]

P. Aborda en un capítulo del libro el ejercicio de la acción popular y no parece muy entusiasmado con la posibilidad, vigente hoy, de que los partidos políticos ejerzan la acción popular. ¿En eso está de acuerdo con el Gobierno, que quiere eliminar esa posibilidad?

R. No es que parezca poco entusiasmado. Estoy radical y absolutamente en contra de que los partidos políticos ejerzan la acción popular y así lo he dicho en numerosas publicaciones en revistas técnicas. Derivar de esta premisa una identificación con cualquier proyecto de reforma abanderado por el poder político me parece poco serio.

Estoy en contra de que los partidos políticos ejerzan la acción popular

P. Al abordar el problema de la violencia de género usted se declara contra las reformas legislativas que suponen exclusivamente el aumento de las penas. ¿Una política punitivista no arregla el problema?

R. Estoy totalmente de acuerdo en castigar los delitos de violencia de género con penas proporcionadas a su gravedad. Una política sólo punitivista, desde luego, no arregla el problema, pero es indispensable. Hay que extender medidas educativas en el respeto a la dignidad de la mujer y, por supuesto, medidas asistenciales para la víctima.

P. El Supremo gestionó un error legislativo en la ley del solo sí es sí reduciendo las penas de violadores, pese a que la Fiscalía defendía otra interpretación que hubiera evitado esa rebaja de penas. ¿Cree que el Ejecutivo al reformar aquella ley tapó el agujero para evitar nuevas rebajas de penas a partir de ahora?

R. Creo que se comete un tremendo error cuando se considera una anomalía del Estado de derecho que un órgano judicial no coincida con el criterio del ministerio fiscal. Y le habla un fiscal. En cuanto al deseo de “tapar el agujero… a partir de ahora”, tenga en cuenta que la redacción inicial de la ley del sí es sí seguirá aplicándose durante años a todos aquellos delitos cometidos durante su reducida vigencia y que no hayan sido todavía sentenciados o, lo que es más que previsible, que todavía no hayan sido descubiertos.

P. Usted trabajó mucho tiempo como mano derecha de cuatro fiscales generales del Estado en España, todos ellos nombrados por el Partido Popular. ¿Cree que ellos obedecían las consignas del Gobierno que les nombró y protegían los intereses del partido del Gobierno?

R. Creo que hay un importante error en su hemeroteca. Es cierto que trabajé con cuatro fiscales generales del Estado. Pero sólo dos fueron nombrados por el Gobierno del Partido Popular. Los otros dos lo fueron por un Gobierno socialista. De hecho, el primer fiscal general que me incorporó a la Secretaría Técnica fue Eligio Hernández. Luego trabajé con Juan Ortíz Úrculo y Jesús Cardenal. Mi última etapa lo fue con Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Tribunal Constitucional.

[Repregunta sin respuesta: Pido disculpas por mi error, pero me puede contestar a la pregunta. ¿Cree que esos fiscales generales con los que trabajó obedecían consignas del Gobierno que les nombró y protegían los intereses del partido del Gobierno?]

P. ¿Cree que el actual fiscal general del Estado sí lo hace?

R. Creo que mi respuesta a su anterior pregunta me libera de hacer un comentario sobre el actual fiscal general.

P. Usted defiende la necesidad de reforzar la autonomía del Fiscal General del Estado. Le parece bien el anteproyecto de Ley que ha presentado el Gobierno para reforzar esa autonomía: nombramiento por cinco años, mayor poder del Consejo Fiscal, prohibición de impartir órdenes directas del fiscal general del Estado sobre casos particulares.

R. Vuelvo a decirle lo que ya le he apuntado con anterioridad. Soy absolutamente partidario de reforzar la autonomía del fiscal general del Estado. Pero de esta afirmación no derive mi adhesión a cualquier reforma legislativa emprendida con ese propósito.

El Rey ha de tener el mismo estatuto de inviolabilidad que tienen todos los jefes de Estado extranjeros cuando se encuentran en España

P. He entendido de la lectura de su libro que usted apoya el aforamiento de los reyes, del presidente del Gobierno, de los ministros y los diputados y senadores pero no así de otras personas. ¿He entendido bien?

R. Ha entendido perfectamente bien. Creo que no debería haber otros aforamientos políticos que los que fueron objeto de regulación constitucional. También me pareció un acierto el aforamiento del Rey después de la abdicación.

P. Qué le parece a usted la inviolabilidad del Rey en su actividad no relacionada con su cargo. Por ejemplo, ¿Apoya que el Rey no pueda ser juzgado por no pagar los impuestos que le corresponden o cree que habría que reformar la Ley para que pudiera ser juzgado por esos hechos?

R. Mire, sobre los límites de la inviolabilidad regia tengo una idea muy clara. El Rey ha de tener el mismo estatuto de inviolabilidad que tienen todos los jefes de Estado extranjeros cuando se encuentran en España. Y le supongo conocedor de que, de acuerdo con la ley española, los jefes de Estado extranjeros no pueden ser objeto de ninguna medida por los tribunales españoles, ya sea en misión oficial o en visita privada. Y esa inmunidad se extiende también a actos oficiales o privados. Sería una paradoja que cualquiera de los líderes mundiales en los que usted y yo podemos estar pensando tengan más garantías en España que el Rey.

 Los interrogatorios judiciales que son objeto de grabación no deberían ser divulgados

P. He creído entender que entre el derecho a la intimidad y la libertad de información, usted y los tribunales se inclinan por la última cuando se trata de dar publicidad a interrogatorios judiciales durante la instrucción de los casos de supuesta corrupción. ¿Me lo puede desarrollar?

R. Pues no se lo puedo desarrollar aceptando esa opción, así, sin matices entre ambos derechos. Los interrogatorios judiciales que son objeto de grabación no deberían ser divulgados. El juicio oral es público, pero la investigación tiene una publicidad restringida frente a terceros. De hecho, cuando ha sucedido en algunos procesos penales que se siguen en la Sala se ha deducido testimonio y puesto en conocimiento del Juzgado de guardia.

P. ¿Funciona bien el Consejo General del Poder Judicial o hay que cambiar su modo de elección para que dependa menos del Poder Político?

R. Siempre he pensado —lo digo en el libro— que lo que deberíamos hacer es empezar por respetar el mecanismo constitucional de elección de los vocales. La renovación del Consejo tiene que ser abanderada por los presidentes de ambas cámaras legislativas. Es lo que exige la Constitución. Los efectos saludables de un cambio de metodología se harían sentir en muy poco tiempo. Pero también le aseguro que la percepción colectiva de dependencia respecto al poder político no se arregla sólo con la modificación del criterio de designación.

P. Los jueces no pueden manifestarse a favor o en contra del poder político, pero en España hubo manifestaciones de jueces con toga en contra de una iniciativa legislativa que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados. El Consejo General del Poder Judicial no encontró ningún reproche a esa conducta. ¿Los mecanismos de control de la labor de los jueces funcionan adecuadamente?

R. Nunca me he manifestado en mi condición de juez. Como comprenderá, no seré yo quien le diga al oído al Consejo General del Poder Judicial lo que es o no reprochable en la conducta de un juez.

P. Hay jueces del Supremo que escriben habitualmente en periódicos de claro sesgo ideológico donde opinan contra el Gobierno socialista e incluso descalifican a determinados medios de comunicación. ¿Eso es presentable, admisible, denunciable, corregible?

R. Bueno, le diré que en mi condición de lector de EL PAÍS recuerdo tribunas muy aplaudidas escritas por jueces que bajo su nombre, apellidos y destino, censuraban con palabras nada amables a los responsables políticos que en otra época tomaban decisiones que no eran de su agrado. Por tanto, abordar el análisis en función de quién se habla mal o a quién se censura no me parece correcto.

P. ¿Hay que limitar el derecho a la libertad de expresión de los jueces?

R. La libertad de expresión de los jueces tiene un contenido que, a mi juicio, está perfectamente definido por una jurisprudencia constitucional ya histórica.

Jamás aceptaré una propuesta para presidir el Consejo General del Poder Judicial

P. Un juez de lo Mercantil descalificó gravemente en X al presidente del Gobierno, al fiscal general del Estado, al ministro de Justicia, a los dirigentes de Podemos… y sigue en activo y sin sanción. ¿Qué le parece?

R. Vuelvo a decirle lo mismo. A mí el Consejo General del Poder Judicial no me dice cómo he de redactar mis sentencias. Me siento incapaz de decirle al Consejo cómo debe ejercer sus funciones disciplinarias. Estoy seguro de que lo entiende.

P. El PP defendió su nombramiento como presidente del CGPJ y del Supremo porque de esa manera tendrían controlada la sala segunda por la puerta de atrás. ¿Es el mayor ataque a su dignidad que ha sufrido en su carrera profesional? ¿Qué opina de que al Gobierno de Sánchez no le importara e incluso apoyara un acuerdo para que un hombre como usted, tan señalado por el PP, fuera presidente del Supremo y del Poder Judicial?

R. Mire, la verdad es que no me he parado a jerarquizar los ataques que he sufrido en mi carrera profesional, y le aseguro que no son pocos, algunos muy recientes, de estos mismos días. Aquel mensaje me hizo tomar una decisión que he mantenido y seguiré manteniendo a lo largo de mi vida. Reivindiqué entonces mi dignidad y jamás me verá usted renegociar esa misma dignidad.

P. ¿Cree que ahora el Gobierno de Sánchez lo volvería a hacer, proponerle a usted presidir el Supremo?

R. Me pregunta usted sobre un imposible. Como le he dicho, jamás aceptaré una propuesta para presidir el Consejo General del Poder Judicial.

P. Cómo lleva usted que una ley de amnistía, que el Gobierno no consideraba Constitucional antes de las pasadas elecciones generales, ahora se defienda por parte del mismo Ejecutivo, la presentada y aprobada en el Congreso, como una ley plenamente constitucional.

R. En mi trabajo sólo interpreto los textos legales publicados en el BOE. No me detengo en examinar las contradicciones políticas en que hayan podido incurrir los promotores de esas reformas.

P. ¿El Tribunal Constitucional tiene que dirimir más de una decena de recursos, cree que avalará la ley de amnistía?

R. La verdad es que no tengo ni idea. Como comprenderá, no puedo sino defender el contenido de las resoluciones que hemos dictado en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

P. Si no se puede pronunciar porque tiene que resolver cuestiones como magistrado del Supremo en relación con este caso, dígame al menos qué opinión le merecen los “cambios de opinión” del Gobierno en temas tan relevantes como este.

R. Vuelvo a decirle lo mismo, prefiero no pronunciarme sobre motivaciones estratégicas del poder político.