El Constitucional prevé iniciar en junio el debate sobre la ley de amnistía
Tres magistrados del sector conservador piden al órgano de garantías suspender la tramitación hasta que no se pronuncie el Tribunal de la Unión Europea
El Tribunal Constitucional tiene previsto iniciar en junio el recurso a la ley de amnistía. La ponencia correspondiente al recurso que interpuso el Partido Popular, el más extenso de los presentados, está ya muy avanzada, señalan fuentes del órgano de garantías. Pero tres magistrados del tribunal quieren suspender la tramitación y así lo han solicitado este lunes, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado este diario.
La petición parte de tres magistrados del minoritario sector conservador —César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel—, que plantean al tribunal que suspenda la tramitación del recurso en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que le dirigieron el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alternativamente, proponen que el órgano de garantías dirija como tal una cuestión prejudicial del mismo tenor que el Tribunal de Cuentas y el Superior de Cataluña, lo que implicaría, de facto, suspender también la tramitación del recurso.
A la petición de los magistrados no se han sumado otros del sector conservador, ni Ricardo Enríquez ni José María Macías, este último encargado del recurso del PP hasta que el Constitucional lo apartó tras quedar en cuestión su imparcialidad.
La petición, un escrito muy breve, se ha registrado este lunes acompañada de un dictamen en el que se desarrollan las dos alternativas: la suspensión directa o la interposición de una cuestión prejudicial a la Justicia europea.
El órgano de garantías ha asumido 15 impugnaciones de comunidades autónomas, tres del Tribunal Superior catalán, una del Tribunal Supremo, otra del PP y otra de las Cortes de Aragón.
El Tribunal de Cuentas y el Supremo acudieron la Justicia europea para plantear sendas cuestiones prejudiciales al entender, entre otros aspectos, que la norma de amnistía incumple el principio de igualdad de los ciudadanos. En su escrito, el Tribunal de Cuentas pidió al TJUE se pronuncie sobre si la aplicación de la ley de amnistía es acorde con el Derecho de la UE, al considerar el órgano español que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O de 2017 y la promoción internacional del procés afectó a los intereses financieros de la Unión, lo que convertiría ese delito en no amnistiable. Además, el Tribunal de Cuentas sostiene que la ley de amnistía es incompatible con los principios de la UE y con la propia jurisprudencia del TJUE.
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