La contrarrevolución continúa

Has de tener más de 18 años y acudir a un vendedor autorizado, muestras un carné de identificación —el de conducir, por ejemplo—, completas el registro de transacciones de armas de fuego y ya solo falta que la persona que te atiende certifique que no tienes antecedentes; claro que lo de los antecedentes solo es obligatorio en las tiendas con licencia federal, porque si la compras en una feria de armas no es ni necesaria esa verificación. No necesitas más. Nadie cuestiona si estás capacitado para tener la pistola o el fusil. No hay control médico para calibrar tu peligrosidad. Pagas y te vas. Por ejemplo, con aquella arma larga concebida en sus orígenes para el uso militar, pero que hoy la Asociación Nacional del Rifle define como “el fusil de los Estados Unidos”: el AR-15.

El día después de cumplir los 18 años, Salvador Ramos compró la munición. Al cabo de días compró dos de esos fusiles de manera perfectamente legal. Entonces ya se había ido de casa. Las riñas con su madre, adicta a las drogas, eran constantes, y en varias ocasiones la policía tuvo que acudir para evitar unas peleas que en algún caso él había retransmitido en directo por Instagram. Vivía en un pueblo de Texas con su abuela. Cuatro días después de comprar los AR-15, que también fotografió en sus redes, le disparó y luego se dirigió a una escuela de primaria de su pueblo, Uvalde. Mató a 19 niños y a 2 profesores. 24 de mayo de 2022. La investigación evidenció que la policía había actuado tarde, pero también se supo por las comunicaciones entre ellos que no aceleraron la entrada en el colegio porque sabían lo mortíferas que eran las armas con las que Ramos había disparado centenares de balas: traspasan los chalecos antibalas. Los perfiles del asesino que se publicaron después respondían casi a un cliché: hijo de una familia desestructurada, víctima del bullying en el pasado, fascinación por las armas. Alguien que, más que armas, necesitaba ayuda.

Una de las consecuencias de la tragedia de Uvalde fue políticamente excepcional. Demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo en el Senado en un asunto en el que llevaban décadas sin pactar: una derivada de la cuestión de las armas. Se aprobó la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. En virtud de esa ley federal, se dotó al Departamento de Educación de un presupuesto de 1.000 millones de dólares cuyo objetivo era la mejora de la salud mental de los estudiantes para evitar que se repitiese la enésima masacre. Pero esta semana la Administración de Trump, como ha informado Michael C. Bender en The New York Times, ha cancelado el programa y las escuelas ya no recibirán las ayudas económicas comprometidas.

El argumento para acabar con ese programa es que el dinero se estaba usando para financiar políticas educativas racializadoras impuestas desde posiciones de izquierdas. En X jaleó la decisión el influyente Christopher F. Rufo, impulsor de la teoría de la raza: un frente de la batalla cultural reaccionaria que denuncia la constitución durante años de un régimen de redistribución no basado en la igualdad, sino en la raza y que está administrado por comisarios de la diversidad y la inclusión. Ese régimen debe ser derruido y en dicha dirección van esos recortes, sin que se plantee una alternativa al problema de la violencia que llega a las aulas: podrán seguir comprando más armas y seguirá sin existir una atención al foco de violencia que allí es la escuela. Han pasado 100 días de presidencia caótica, con consecuencias económicas tangibles y preocupantes, pero las políticas sin piedad de Donald Trump siguen acelerando un proceso contrarrevolucionario incardinado en un magma ideológico descaradamente regresivo.