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EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cambio de época en defensa

El Gobierno adelanta drásticamente el aumento de gasto en seguridad para llegar al 2% del PIB este mismo año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes.
El País

El Consejo de Ministros ha adoptado este martes una decisión que supone un cambio de época en la forma en que España gasta en defensa. El plan de seguridad, anunciado personalmente por el presidente del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo, sumará inversiones por 10.470 millones de euros y permitirá cumplir con el compromiso de destinar el 2% del PIB a defensa este mismo año, cuatro antes de lo previsto. La decisión de acelerar la inversión militar supone una ruptura con la tendencia de España a mantener el gasto en defensa por debajo de los objetivos fijados por la OTAN, lo que ha situado al país a la cola de la Alianza en inversión militar sobre el PIB. Pero las tensiones geopolíticas, la vuelta de la guerra a suelo europeo y la imperiosa necesidad de que el continente avance hacia su autonomía estratégica, también en materia de seguridad, obligan a dar un giro a la política de España en materia de defensa.

El plan destinará la mayor partida (el 35%) a mejorar las condiciones laborales y de equipamiento de las fuerzas armadas; dedicará otros 3.262 millones (el 31%) a modernizar las capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad; 1.500 millones más para reforzar el papel de las fuerzas armadas en la gestión de emergencias, y una partida de 312 millones a mejorar las condiciones de los efectivos en misiones en el exterior. A la compra y fabricación de nuevos sistemas de defensa y disuasión se destinará el 18,75% del incremento de gasto y es ahí donde surgen las mayores reticencias, sobre todo desde la izquierda, incluidos los socios del PSOE en el Gobierno.

Sin apoyos garantizados para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha optado por reasignar diversas partidas para defensa, una práctica que ya ha permitido destinar 2.000 millones de euros al Ministerio que dirige Margarita Robles en los primeros meses del año y que, según el Gobierno, no exige el aval del Congreso. De esta manera, insiste el Ejecutivo, el aumento de la inversión en defensa y seguridad se hará sin aumentar el déficit, sin tocar el gasto social ni subir los impuestos. Estas son líneas rojas fundamentales para que el cambio de paradigma se haga sin menoscabo de los logros sociales alcanzados en los últimos años y sin poner en riesgo la estabilidad futura de las cuentas públicas.

Pedro Sánchez se comprometió ayer a comparecer en el Congreso en mayo para explicar el plan, pese a asegurar que no necesita el apoyo del Parlamento. Cuando un país afronta un giro tan importante en su estrategia de defensa es imprescindible tratar a los ciudadanos como adultos y abordar la nueva situación en un debate público y con transparencia. Afortunadamente, los españoles verán ese debate. Pero el plan no saldrá reforzado por una votación del Parlamento, lo que le daría mayor credibilidad. La realidad es que el Gobierno está solo en esta decisión tan importante, entre el rechazo de la izquierda al rearme y la confianza completamente rota con el PP para pactar cuestiones de Estado como esta.

El Ejecutivo ya venía dando pasos importantes para cumplir con los compromisos internacionales. El gasto en defensa ha pasado del 0,9% del PIB en 2018 al 1,4%, en 2024. Aunque en realidad el esfuerzo ha sido aún mayor en términos absolutos, ya que el robusto crecimiento de la economía española diluye el peso de estas partidas con relación al PIB. El nuevo plan permitirá que España llegué en junio a la cumbre de la OTAN, la primera desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, con los deberes hechos por primera vez desde que asumió el compromiso del 2% en el año 2014. Aunque todo apunta que en ese encuentro la organización fijará una nueva meta de inversión en defensa de al menos el 3% del PIB.

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