Crisis de desaparecidos: tomárselo en serio

Pocos asuntos en la vida pública son tan penosos y, por tanto, susceptibles de instrumentalización, como la crisis de desaparecidos.

Nadie en cabal veredicto lo negará. Los testimonios se reiteran y nos dan cuenta: ante la tragedia, la respuesta siempre es la insuficiencia estatal.

Quien aspire a comprender la magnitud del problema deberá empezar por un hecho: no estamos frente a una sola crisis. Lo que llamamos “desaparecidos” contiene realidades distintas. Solo al separarlas empieza a verse algo con claridad.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —creado en 2018, aunque nutrido con datos que se remontan a 1952— creció durante el sexenio pasado hasta volverse imposible. Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden, incapaz de servir como fuente de información o herramienta para la búsqueda.

Como dice el refranero, el camino al infierno se pavimentó con buenas intenciones. Quien intentaba alumbrarlo todo terminó oscureciéndolo. El resultado fue una base desbordada, confusa, incapaz de distinguir lo esencial.

Con los años, los detalles han comenzado a delatar el desorden heredado.

Es en el intento por corregirlo donde empieza a delinearse una imagen más precisa: la que el viernes presentó la Presidenta en su conferencia mañanera.

El total de personas que permanecen en el registro es de 132,534.

Ese universo se divide en tres partes casi equivalentes.

Un primer tercio —46,742 casos— corresponde a registros definidos por la insuficiencia o el absurdo de sus datos. Ahí están los “Menor NN”, las “Niña”, los “Wicho”, los “Juanito”.

¿Cómo buscar a alguien así? ¿Por dónde empezar? ¿En qué lugar fue vista por última vez “Muebles Gaby”? No hay que ir muy lejos para entender el problema: en la base llegó a figurar la propia Claudia Sheinbaum. ¿Es posible tomarse en serio un registro donde aparece su nombre y apellido? Así no se busca a nadie.

Un segundo tercio —40,308 personas— agrupa a quienes, pese a figurar como ausentes, han dejado rastros de vida. El hombre que se casó años después de su desaparición. El contribuyente que se dio de alta ante el SAT. El ciudadano que cambió su domicilio ante el INE. El burócrata que lleva diez años catalogado como “desaparecido”, pero que cobra cada quince días su salario.

¿Cómo es posible que una persona desaparecida reciba la vacuna contra la covid? ¿Cómo puede ser que alguien ausente haya seguido viviendo en los registros del Estado? La respuesta está en la fragmentación estatal: cada base de datos cuenta una historia distinta.

Hay un último tercio compuesto por 43,128 personas. Tenemos datos para su búsqueda, pero permanecen sin rastro alguno. No hay pistas ni huellas administrativas que permitan seguirlas.

Ahí está el núcleo del problema. En ese vacío. Las personas que, pudiendo buscarlas, no hemos intentado encontrar.

De ese tercio depende el sentido de la política de búsqueda. Sin embargo, incluso ahí aparece otra señal vergonzante: solo una fracción mínima —poco menos de tres mil— cuenta con carpeta de investigación. Es decir, ni siquiera estos —cuyos datos conocemos— están siendo activamente buscados. De ese tamaño la irresponsabilidad estatal.

Es precisamente la magnitud del desastre —y también la alerta que encendieron episodios recientes como el del Rancho Izaguirre— la que hizo necesario un ejercicio riguroso de orden y categorización.

¿El objetivo? No fue disminuir la gravedad de la tragedia, sino poder nombrarla con precisión.

Hoy sabemos algo que antes no era evidente: el fenómeno de las desapariciones no es exactamente el que creíamos. No es menos grave. Pero es distinto.

Exige lo más difícil de toda política pública: tomárselo en serio.

Tomarse en serio los datos, aunque perturben. Tomarse en serio las diferencias, aunque desordenen las narrativas oficiales y las opositoras. Tomarse en serio las críticas, aunque duelan a funcionarios del gobierno anterior. Tomarse en serio la búsqueda, aunque obligue a empezar de nuevo.

Por todo eso conviene matizar la reacción de una parte de la opinión pública que, en medio de la indignación, ha señalado al Estado por “rasurar”, “borrar” o “desaparecer” personas para ajustar cifras. Una imputación de ese calibre exige sustento y claridad técnica.

Las interpretaciones que circulan —muchas veces apresuradas o francamente de mala fe— merecen ser explicadas con mayor precisión. Con seriedad. Quien formula una acusación de este tipo debería poder sostenerla con evidencia.

Tomarse en serio el fenómeno de la desaparición implica eso: cuidar lo que se dice frente a una tragedia de esta magnitud.

Tomárselo en serio —esta vez— es el punto de partida.