México, Sheinbaum y la hidra político-criminal

En los pueblos, las banquetas son más pequeñas. Esta frase solía ser pronunciada por el expresidente López Obrador. Era un recordatorio de lo inescapable de las disputas en poblaciones que no son la enorme capital.

Semanas atrás, en un evento promocional del tequila en la Ciudad de México, varios de los participantes preferían arquear las cejas y apretar los labios ante la pregunta de qué tal iban las cosas en Tequila, Jalisco, donde el alcalde Diego Rivera ya era famoso por sus tropelías.

Esas personas sabían que era mejor evitar toda posibilidad de que sus críticas llegaran a oídos de Rivera. Una banqueta angosta es un terrible lugar si del otro lado te topas al político que no solo se adueña de inmuebles, sino que es objeto de sospechas por ligas criminales.

Por eso, para nadie en Jalisco es sorpresa que ahora Rivera, surgido de Morena, sea acusado de servir al cartel Nueva Generación. Si acaso, lo sorprendente es que la Federación lo haya apresado el jueves junto a mandos municipales para procesarlo por extorsión.

La detención es uno de los golpes más importantes que ha dado el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Merece todo el reconocimiento por ello. Y al mismo tiempo, para valorar su relevancia, han de ser descritas sus implicaciones y eventuales consecuencias.

Rivera cae en medio de un debate que aporta luz sobre el complejo reto que enfrenta la presidenta Sheinbaum en la agenda anticrimen. En tribunas tan variadas como la revista Nexos y The New York Times autores desmenuzan la hidra político-criminal que atenaza a México.

El 13 de enero Emiliano Aguilar publicó en Nexos el ensayo “Trump y la fragilidad del orden político”. El autor subraya que si bien, en sus señalamientos sobre los carteles en México, el presidente de Estados Unidos tiene un diagnóstico “tosco e impreciso en términos institucionales”, “acierta al señalar el punto más frágil y complejo de nuestro sistema político: la incómoda simbiosis entre la clase política y el crimen organizado”.

Parte de lo relevante del ensayo es que recuerda que tal simbiosis “ha sido en ocasiones fuente de estabilidad en el contexto de un Estado moderno débil, con bajas capacidades para instaurar un Estado de Derecho convencional y, sobre todo, con enormes dificultades para regular la vida política subnacional por medio de instituciones formales”.

Es decir, Aguilar espanta el simplismo —muy recurrido por, entre otros, el priista Alejandro Alito Moreno, que usa con irresponsable ligereza el grito de “narcogobierno”— de que esas alianzas comenzaron o se circunscriben a Morena —vienen de tiempos del PRI y han sido constantes con todo partido—; destaca lo funcionales que pueden parecer, y los riesgos de cambiar ese statu quo sin tener en consideración lo imbricado de esas complicidades: “potenciales actos contra la clase política mexicana inmiscuida con el crimen organizado, cuya extracción perturbaría el delicado orden político local y traería consecuencias imprevistas en el largo plazo”.

Tres semanas después, justo el día en que México amanecía con la noticia del operativo contra Rivera y otros del ayuntamiento de Tequila, la experimentada periodista estadounidense Mary Beth Sheridan, con años de vivir en nuestro país, publicaba su análisis sobre esa hidra.

“Aunque el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en su compromiso de ‘cero impunidad’”, dice Sheridan en una opinión para The New York Times, “habla poco de las estructuras políticas que ayudan a las organizaciones delictivas. Esto puede reflejar no solo sus preocupaciones políticas personales, sino también su conciencia de lo rápido que podría estallar el caos en gran parte del país”.

Lo que la excorresponsal de The Washington Post advierte —al público estadounidense, sin duda, pero también al mexicano— es que la presidenta, contrario a lo que dice Trump, no teme a los cárteles, sino que es demasiado consciente de lo que implica combatirlos. El título del texto lo dice claramente: “Para Claudia Sheinbaum eliminar a los cárteles también tiene un precio político”.

Este viernes, en su rueda de prensa habitual la mandataria abordó el tema de la detención del presidente municipal de Tequila que, como ya advertí, llegó al puesto bajo las siglas de Morena. “Ningún partido político, y menos Morena, puede ser paraguas para delinquir”, dijo.

Tras la detención ha surgido información sobre montos entregados por el alcalde al cartel —40 millones de pesos anuales—, pero sobre todo sacude el constatar la simbiosis política-criminal que antes era un rumor de banqueta: el gobierno estaba al servicio de los delincuentes.

¿Cuántos alcaldes o alcaldesas viven la misma situación en México? En cada ciclo electoral hay un indicio: decenas de candidatos son asesinados en precampañas y campañas, y otros tantos desisten por amenazas.

No todos los que llegan a presidir cualquiera de los casi dos mil quinientos municipios del país, desde luego, son porque el respectivo cartel les dio permiso. Pero no han faltado serias denuncias sobre injerencia criminal incluso a nivel de gubernatura; como en Michoacán, donde ayer estuvo la presidenta junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señalado de beneficiarse de votos manchados por la movilización electoral llevada a cabo por delincuentes en 2021.

La presencia ayer de Sheinbaum en Morelia se debió, para ahondar en el tema, a su deseo de rendir cuentas a la población michoacana de múltiples programas lanzados por la Federación tras el asesinato en Uruapan del edil independiente Carlos Manzo en noviembre.

Sin minimizarlo, hay que trascender el hecho de que la presidenta actuó decididamente en Tequila en contra de un alcalde de Morena. La importancia del golpe estriba en que otros políticos han recibido el mensaje de que pueden ir por ellos, y sus padrinos criminales también.

Los grupos delincuenciales no se van a resignar a perder el control que tienen en estructuras de poder donde son capaces de aprobar a los encargados de la seguridad y hasta de poner funcionarios y empresas para las obras públicas.

Resistirán igualmente la llegada de gobernantes que combatan la extorsión a negocios o la venta de productos prohibidos en restaurantes, bares, ferias o mercados en general. Quitar a un alcalde es romper un esquema de negocios e impunidad. Van a resistirlo.

Igualmente, y agregando a los riesgos detallados respectivamente por Aguilar y Sheridan, los criminales podrían vengarse en contra del partido con el que hubieran transado un pacto de protección. Salvo muy raros casos, en México no hay candidaturas independientes.

Este jueves se reportaron desde Tequila algunas manifestaciones de alegría por la detención del alcalde. Es, por desgracia, muy pronto para cualquier celebración. La caída de Rivera es solo la de un eslabón de una cadena criminal. El acecho del crimen está intacto.

Porque los carteles aprovechan las condiciones de debilidad institucional, que incluye la falta de acuerdos entre partidos para una política anticrimen transexenal y de Estado y, desde luego, la tolerancia que se dio de 2018 a 2024 a esos grupos delincuenciales.

La presidenta ha de ser acompañada en su decisión de apresar a políticos con expedientes criminales. De igual forma, ha de tenerse en cuenta que ahora el reto es poner a alguien al frente de Tequila que sea probo y protegerlo de la oferta de plata o plomo que le llegará.

Y, encima de todo, ha de tenerse conciencia, en Jalisco y en la República, de que la operación policiaco-militar para detener a un colaborador del narco —por más vistosa y en ese sentido útil hasta para tratar de disuadir el injerencismo de Trump— no servirá de nada si no se avanza y mucho en el control de los mercados ilegales y/o la extorsión.

Sobre ello estos días también se ha publicado una reflexión oportuna. El 15 de enero, en el pódcast El Hilo, la socióloga chilenoperuana Lucía Dammert habla de “Los mercados ilegales de América Latina y el negocio de mirar hacia otro lado”. Ahí advierte:

“El poder ilegal se constituye en aquellos lugares donde tú tienes mercados ilegales, altísimos niveles de corrupción y bajísima capacidad estatal. Entonces, a los muchos entrevistados que hice en América Latina, para ellos incluso su alcalde electo es un poder ilegal, porque después va preso por corrupción, porque tiene familiares que están en mercados ilegales. Hay una relativización de lo que es el poder legal, y hay una exaltación de aquel poder ilegal que además muchas veces ayuda a la gente de una forma mucho más directa”.

En Tequila, ahora recuerda la prensa, se organizaron expresiones para festejar al líder del cartel Nueva Generación. Y a pesar de todo, el gobierno federal tardó meses en actuar, provocando que empresarios y pobladores cuidaran sus palabras.

Detenido Rivera, sigue lo más difícil: recobrar una paz duradera a prueba de la amenaza de un cartel que no renunciará solo por un alcalde apresado a millones de pesos de ganancias en ese pueblo turístico.

La vida en tales condiciones, el transitar en esas banquetas inescapables, nos recuerda la socióloga Lucía Dammert, es algo que muchas veces no se comprende desde las capitales. Hay que apoyar a la presidenta, y a los pobladores de Tequila. Porque falta mucho.