Videoanálisis | Lo que ignora la reforma electoral

Hay mucho en juego para el oficialismo y la oposición: 17 nuevas gubernaturas, la Cámara de Diputados, más de 1.000 diputaciones locales y 680 presidencias municipales. Las estructuras partidistas ya se activaron: llamados a refrendar la unidad, desmentidos sobre rupturas, mítines y proselitismo disfrazado de “contacto con los electores” y una lucha a campo abierto entre los distintos grupos políticos para hacerse de las candidaturas.

A la complejidad de la elección, hay que agregar la reforma electoral que pretende llevar a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma que -hasta donde sabemos- no toca uno de los elementos centrales irrefutables en la política mexicana que es la participación cada vez más activa y penetrante del crimen organizado en la vida pública del país, desde la definición de las candidaturas, pasando por el financiamiento de campañas, manipulación del voto y aniquilación de rivales políticos.

En las elecciones pasadas, se pudo documentar cómo grupos criminales operaron en varios Estados del país para influir en las elecciones, incluso el propio día de la jornada electoral, movilizando el voto para ciertos candidatos afines o interviniendo directamente en las casillas, inhibiendo el voto de los electores.

Garantizar la integridad de las elecciones tendría que ser el punto de partida para cualquier reforma al sistema, porque de eso se desprende la capacidad del Estado de decidir soberanamente sobre el resto de los temas importantes: financiamiento, representación, autonomía de instituciones electorales y participación ciudadana. La reforma no toca ni marginalmente el espeluznante repunte en la violencia política. En las elecciones pasadas, esta violencia cobró la vida de decenas de candidatos o aspirantes a algún puesto de elección popular. De acuerdo con información de las organizaciones Data Cívica y México Evalúa, las elecciones federales de 2024 en las que fue elegida la presidenta Sheinbaum, se convirtieron en las más violentas de la historia moderna con más de 550 víctimas desde su inicio. Más aún, esta violencia ha crecido descomunalmente en un periodo muy corto: de 2021 a 2024, aumentó un 270% en todas sus modalidades y los asesinatos en casi 360%. El control criminal de los procesos políticos está acelerándose en el país y eso es una amenaza directa y existencial al Estado de derecho.

El crimen controla la vida, territorio y economía de amplias regiones del país. Y cada vez más claramente, también controla el voto. Eso es lo que la reforma de la presidenta ignora. Ahí habría que comenzar.