Un año sin Marco Suástegui, el guerrillero que se rebeló contra la extorsión de las playas de Acapulco

El 18 de abril del 2025, cuando el atardecer despedía un Viernes Santo en la playa Icacos de Acapulco, un sujeto se acercó a Marco Antonio Suástegui, le disparó siete veces y huyó. Tras una delicada cirugía y ocho días en cuidados intensivos, el líder social guerrerense falleció en el hospital. Antes de que perdiera la conciencia en la arena de la playa, donde trabajaba como prestador de servicios turísticos, logró decirle a su esposa el nombre del atacante, una persona que conocía: le había amenazado de muerte antes. Meses más tarde, el sicario sería detenido, pero por un delito distinto, venta de drogas al menudeo. Apenas pasó unos días en prisión: luego las autoridades lo liberaron.

La muerte de Suástegui, uno de los principales activistas de la castigada costa de Guerrero, en el Pacífico mexicano, ilustraba una realidad conocida, anclada en la violencia y la impunidad. A un año del ataque, la investigación, en manos de la Fiscalía estatal, languidece sin avance alguno, trufada de incógnitas sobre el motivo, víctima de la incapacidad de las autoridades para mantener en prisión al presunto asesino. El activismo de Suástegui, integrante de una familia golpeada como pocas por el crimen, elevaba la importancia del caso. Desde hace años, Mexico y América Latina en general han atendido impotentes a la sangría de defensores y activistas de todo tipo, líderes sociales que tratan de resisitirse a la tiranía de las mafias.

El asesinato de Marco Suástegui se inscribe precisamente ahí, en la brutal violencia del crimen contra cualquier resistencia a su apisonadora delictiva. Las luchas de Suástegui eran múltiples. Reconocido por encabezar durante más de dos décadas la pelea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un proyecto hidroeléctrico en la zona, el defensor ambiental lideraba otra lucha menos conocida, como líder gremial de los trabajadores turísticos en la playa Icacos. En esta parte de Acapulco, el activista, hijo de pequeños ganaderos, arquitecto de profesión, se había rebelado contra el entramado delincuencial que gobierna de facto la zona turística del puerto, plaza estratégica para el trasiego de droga y muchos otros negocios ilícitos.

“Suástegui había denunciado que le estaban obligando a pagar piso”, afirma Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que representa a la familia del líder social y que exige “una investigación exhaustiva así como castigo a los responsables”. De momento, dice Barrera, veterano de las luchas sociales en el Estado, las pesquisas “se han llevado a cabo de forma turbia”. La línea que apunta a la extorsión, plaga que afecta al puerto, al Estado y al país en general, debe agotarse, defiende, igual que el camino que se abre sobre su pasado cercano, marcado irremediablemente por las actividades de CECOP y la desaparición de su hermano, Vicente, en 2021, a pocos kilómetros de donde lo mataron.

En medio de todo este entramado, destaca siempre un nombre, unas siglas, las de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “organización de autodefensa y policía comunitaria que, a partir de un momento, se corrompió y se alió con el grupo criminal Los Rusos, importantes en la región”, detalla Barrera. “Marco denunciaba a la gente de la UPOEG como responsables de la desaparición de Vicente”, afirma Samantha Valeria Colón, esposa de este último. O al menos a una parte de la organización, nacida años atrás como escisión del grupo de autodefensas originario de la Costa Chica de Guerrero, la CRAC, muy importante en la primera década y media del siglo, cuando aún la controlaba Bruno Plácido, asesinado en 2023.

El caso de Vicente resulta tan injurioso como el de su hermano Marco. El 5 de agosto del 2021, tres hombres se lo llevaron de la colonia Ciudad Renacimiento, cuando manejaba el taxi con el que se ganaba la vida. Hasta la fecha, hay cuatro imputados y dos sentenciados, a 25 años de prisión. Su cuerpo nunca ha aparecido. Pese a los procesos, todavía no ha sido detenido el implicado más importante para la familia y abogados: Pedro Santos Cruz, conocido como el comandante Pino, líder de la UPOEG en la salida sur de Acapulco y la entrada a la Costa Chica. “Con el apoyo de políticos y grandes empresarios, ellos dominan la Costa Chica y Marco era una piedrita para ellos. Por eso se amafiaron y lograron su objetivo: acabar con él”, sentencia Colón.

Playas turísticas al merced del crímen organizado

Marco Antonio Suastegui nunca se cansó de denunciar los abusos de grandes hoteleros y políticos para privatizar la playa. “Organizó a los trabajadores turísticos de a pie para que hicieran valer sus derechos”, explica Javier Verdín, periodista cercano al líder social. Antes de que el líder social fundara Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi), los demás “sólo éramos vendedores ambulantes. Él luchó mucho porque fuéramos reglamentados”, asegura Juan Pablo, integrante del la asociación, que se volvió mano derecha de Suástegui. “Marco logró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no nos corriera de la playa a los que llevamos trabajando toda la vida”, cuenta.

Vendedor de mariscos en el puerto desde los 12 años, apodado El Erizo, Juan Pablo, que prefiere no dar su apellido, denuncia el hostigamiento del crímen organizado hacia Marco. “Lo venían siempre persiguiendo, le quemaban sus motos acuáticas y le destruían los inmuebles”, detalla. Marco Suástegui no se amedrentaba. El activista interpuso varias denuncias: que se vendía droga a la vista de todos, que llegaban personas de la delincuencia y usaban sus motos para hacer sus propios negocios con agentes de la policía presentes... Pero, a la vista de lo que ocurrió después, no sirvieron de nada.

De acuerdo con un diagnóstico interno de Fonatur, filtrado por medios locales en marzo, en las principales playas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión y el cobro de piso, particularmente en áreas con alta concentración de turistas, como en Icacos. Marco nunca se plegó. Simpre defendio su derecho y el de los suyos a vender y ofrecer servicios libremente en la arena, la misma arena donde fue baleado, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, “lo único que tenía era un botón de pánico y un teléfono satelital que ni servía”, revelan desde Tlachinollan.

Tres meses antes de que lo asesinaran, el defensor se había reunido con las autoridades para renovar sus medidas de seguridad. “Solicitó muchas veces la protección de la Guardia Nacional. Pero ignoraron la petición. Determinaron que no había un riesgo inminente para su seguridad”, explica Barrera, para quien la respuesta del Gobierno evidencia “la inoperancia de los cuerpos de seguridad para proteger a una población que es rehén del crimen organizado, así como la falta de interés estatal por los defensores de derechos humanos”. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) acaba de revelar que, con 10 activistas y defensores asesinados, 2025 fue el año más violento en número total de ataques desde que existe el registro, hace 12 años.

La defensa del territorio guerrerense que trascendió fronteras

Fundador y vocero del CECOP desde 2003, Suástegui lideró la oposición a la construcción de la presa La Parota, una lucha que trascendió fronteras. Durante más de dos décadas, Suástegui fue intimidado, perseguido políticamente, encarcelado y torturado. La presa hidroeléctrica que pretendía construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implicaba un despojo del territorio de su comunidad, Cacahuatepec, y la privación del derecho de la población al agua del río Papagayo, que irriga los Bienes Comunales del poblado. Bautizada por el propio Suastegui como “el proyecto de la muerte”, la construcción de la obra habría obligado a más de 20.000 personas a abandonar sus tierras, según datos del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Como parte de la persecución política que sufrió por la defensa de esas tierras y los derechos de los campesinos, el líder fue enviado a prisión en 2005 por primera vez, acusado de privar de la libertad a unos ingenieros de CFE y robar maquinaria. Nueve años después, en pleno apogeo de la construcción de la megaobra hidráulica, el entonces gobernador estatal, Ángel Aguirre, del desaparecido PRD, de nefasto recuerdo para el país por el caso Ayotzinapa, orquestó su trasladó al penal federal de máxima seguridad de Nayarit, bajo la acusación de delitos de robo y daños en propiedad ajena. Una medida calificada por organismos de derechos humanos como inconstitucional. “Se trató de una maniobra estratégica de venganza política para aislarlo y doblegarlo”, opina Barrera.

En aquel penal también estuvieron presos activistas como Ángel Amílcal, Isaac Cárdenas Chaquín o la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien fue después senadora. “Meter a líderes sociales que no tenían delitos federales en cárceles de alta seguridad lejos de Guerrero era una práctica común entonces”, explica Rogelio Ortega, quien asumió el cargo como gobernador interino de Guerrero el 27 de octubre de 2014, tras la renuncia de Ángel Aguirre Rivero tras el escándalo de Ayotzinapa. Ortega, al que le tocó gobernar un “Estado en llamas”, llegó a conocer bien a Suastegui. “Lo visité en prisión para darle certeza de que mi Gobierno iba a ayudar en el proceso jurídico para lograr su libertad”, expone. Ortega gestionó finalmente su salida de la cárcel de Nayarit, y lo reconoció, junto a otros activistas, como prisionero político.

Los abogados de Tlachinollan lograron que el activista fuera liberado en agosto de 2015, después de que un juez federal revocara el auto de prisión por falta de elementos para procesarlo. “Demostramos que era inocente de todo lo que le acusaban, que le habían fabricado delitos con el fin de construir la presa”, explican. Desaparecido el líder, el movimiento se desinflaría, esa era la jugada. Según Tachinollan, la CFE y demás autoridades usaron otras estrategias. Empezaron a construir los pozos y demás obras básicas sin consultar a la comunidad. Además, la CFE recurrió a la compra de votos y orquestó asambleas comunales y ejidales fraudulentas que violaban la Ley Agraria.

Despues de años, y de muchas peleas en los tribunales, que desgastó mucho a la comunidad, el CECOP ganó todos los juicios agrarios celebrados y consiguió que se probara la inocencia de su líder. Como resultado de estas victorias legales, el Gobierno mexicano postergó la construcción de la obra hidráulica y Suastegui siguió su lucha contra otras tantas injusticias. Pero las consecuencias fueron graves. En 2018, en un momento todavía muy tenso, integrantes de CECOP y de la CRAC, grupos hermanados, se enfrentaron en la zona con policías estatales. 11 comunitarios murieron. Meses después, Suástegui acusó en una entrevista al Gobierno, entonces en manos del PRI, de orquestar la masacre. Año y medio después, criminales desaparecieron a su hermano. Él siempre pensó que todo aquello estaba relacionado.

Dos conflictos sociales, una sola lucha

A pesar de que en el momento del asesinato la playa estaba abarrotada por Semana Santa y de que el Gobierno había desplegado un operativo con más de 4.000 elementos del Ejército y la Armada, ninguna autoridad acudió al socorro del líder social. “Ni siquiera llegó una ambulancia. Fueron sus familiares quienes lo trasladaron al hospital en la batea de una camioneta”, lamenta el abogado Barrera, quien es comisionado de la búsqueda de justicia para los hermanos Suástegui. “Ambos tocaron grandes intereses de la delincuencia organizada en complicidad con liderazgos políticos corruptos en Acapulco y en todo Guerrero”, asegura Rogelio Ortega, para quien resulta “una vergüenza que a estas alturas no se pueda llegar hasta los autores intelectuales que le privaron de la vida”.

Como circunstancia nada excepcional en el sistema judicial del país, la investigación de su homicidio está envuelta en irregularidades desde el inicio. “El Ministerio Público no fue al lugar para recabar indicios de lo sucedido sino hasta días posteriores, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada”, señala Barrera. Tampoco solicitaron las cámaras de grabación de los condominios y de los hoteles cercanos, ni material audiovisual que pudiera revelar detalles clave del atentado. “Omisiones que forman parte de una conducta institucional de negligencia e indiferencia hacia los defensores ambientales y del territorio”, manifiestan los abogados de Tlachinollan, quienes han solicitado a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. No obstante, las autoridades estatales argumentan que no existen elementos que lo justifiquen.

Hace ya un año que mataron a Marco Suástegui. Su familia sabe quién es el agresor, igual que sus abogados. Conocen su nombre, sus apellidos, saben con quién se juntaba, de quién dependía. De hecho, todo el mundo cercano al líder social lo sabe. “Le había mandado mensajes de texto y cuando se lo encontraba en la calle lo amenazaba”, cuentan personas conocedoras de los últimos meses de vida de la víctima. De momento, toda esta información no ha redundado en justicia. Y en la playa Icacos, la impunidad brilla como el sol del último atardecer que vio Suástegui.