Opacidad, interés público y propiedad privada: el traslado a España de la formidable colección Gelman sacude México

La tragedia se resume en apenas un conjunto de cifras: hay 150 óleos de Frida Kahlo en el mundo y solo cuatro de ellos forman parte del patrimonio público mexicano. Son siete en total dentro del país, si se cuentan los de titularidad privada. Esa desproporción de una obra de por sí escasa explica en parte la indignación de la comunidad artística del país, que observa con una mezcla de asombro, duda y enfado el último movimiento en la escurridiza y extraordinaria colección Gelman, que cuenta al menos con 18 piezas de la icónica pintora mexicana: su planeado traslado a España. El conjunto es gestionado por el Banco Santander desde enero de este año en un giro imprevisto que se suma a un largo historial de confusos episodios tras la muerte de los dueños originales, el matrimonio Gelman. El papel de las autoridades mexicanas que deben proteger el patrimonio cultural, apuntan varios profesionales, está siendo insuficiente y poco transparente.

La entidad bancaria administrará 160 obras de las más de 300 que componen la colección, una de las más importantes de México. Poco se sabe de las demás, aparte de que un puñado fue vendido en una subasta hace un año y medio. No es solo Frida Kahlo, son también Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Francisco Toledo o David Alfaro Siqueiros: la plana mayor del arte moderno mexicano, bienes sujetos a una estricta normativa por su valor simbólico y su relevancia pública. Un total de 28 de las 160 obras tienen la declaratoria de Monumento Artístico, pero las de Kahlo son las que están amparadas por un documento más severo, de ahí que se hayan convertido en la bandera del sector, que ha firmado una carta abierta para exigir al Gobierno una actuación más contundente en su protección.

El tipo de declaratorias que tienen estas obras, similares a las que contemplan otros países ―y que impidieron la venta, por ejemplo, de un sorolla fuera de España hace unos años―, suponen en la realidad una “reducción de la propiedad privada”, explica Carlos Lara, experto en derecho cultural y firmante de la misiva. La relevancia pública de esos bienes hace que deban pasar por ciertas autorizaciones, por ejemplo, para abandonar el país o ser vendidos a un tercero, con independencia de su condición pública o privada. “Eso dispara el valor de la obra en el mercado, pero a la vez reduce su movilidad”, apunta. Gran parte de la opacidad que envuelve la cuestión tiene que ver, precisamente, con el cambio de propietarios de la colección: del albacea Robert Littman, que la gestionó tras la muerte de Natasha Gelman, a la familia regiomontana Zambrano, vinculada con la cementera Cemex, quien a su vez se la ha cedido “a largo plazo”, no se sabe bajo qué fórmula, al Banco Santander.

Se desconoce si hay registro público del traspaso de Littman a Zambrano y, al momento de publicación de este reportaje, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) no lo ha confirmado a este periódico. La Fundación Santander, quien está llevando la iniciativa en los pronunciamientos públicos de la entidad bancaria, se refiere en todo momento al acervo como “Colección Gelman Santander”, lo que hace sospechar a los profesionales que el conjunto ha servido en algún momento como aval y ha pasado a manos del banco español no solo para su gestión, sino como plenos propietarios. No hay ninguna confirmación en este sentido, y la familia Zambrano guarda silencio desde que se anunció que las obras se exhibirán en el nuevo centro cultural Faro Santander, en la capital cántabra, que se inaugurará en otoño, sin fecha aún definida.

“Lo que más nos preocupa es que la labor del Estado tendría que ser crear las condiciones para que una colección así de valiosa se quedara en México. Y no solo no fue así, sino que el INBAL decidió firmar un convenio que favorece totalmente a una entidad financiera extranjera”, lamenta María Minera, crítica de arte y una de las principales redactoras de la queja pública. La comunidad pidió que el acuerdo se hiciera público pero, tras la negativa de las autoridades, terminó accediendo a él por una filtración en los medios. Del convenio le preocupa, entre otras cosas, la cláusula que permite prorrogar indefinidamente la autorización de México para que las obras estén fuera del país. “Si se renuevan de manera indefinida los permisos temporales, desactivas de facto el propósito de la ley”, argumenta: “Daniel Vega [director de Faro Santander] lo volvió a declarar hace poquísimo. Santander ha dicho la verdad todo el tiempo, que es: ‘La colección nos la vamos a llevar por mucho tiempo“.

Ante la polémica, la Fundación Santander respondió por escrito el 3 de abril con un escueto comunicado en el que asegura que cumplirá “en todo momento” las leyes mexicanas: “El convenio implica cinco años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana. (...) Reiteramos que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México″.

El último pronunciamiento público del director de Faro Santander se suma a declaraciones anteriores que apuntaban a la “flexibilidad” de la ley mexicana para lograr las autorizaciones para llevarse las obras de gira por el mundo. Ese tipo de expresiones que se suceden desde hace unos meses han encendido las alarmas en el sector. La polémica ha crecido hasta tal punto que el banco ha retrasado hasta otoño la inauguración del nuevo centro cultural para que la muestra con 68 de las piezas pueda quedarse en México hasta después del Mundial de fútbol masculino de este verano. Tras 20 años desde la última vez que fueron exhibidas en el país latino, desde febrero y hasta el 19 de julio podrán visitarse en el Museo de Arte Moderno de la capital. Ese acuerdo in extremis ha logrado sortear el escenario al que se apuntaba inicialmente: que las obras abandonaran el país en plena competición deportiva, a finales de junio, y arruinaran la euforia mundialista que el Gobierno se ha volcado en construir en los últimos meses.

El mismo acuerdo establece que las obras volverán al país cada dos años, la primera, en 2028. Esa solución intermedia no solo no deja satisfechos a los especialistas, sino que les hace preguntarse si las piezas pueden soportar tantos traslados tan seguidamente, pues la Fundación también prevé exhibirlas en otros países, además de España. No han podido acceder tampoco al dictamen técnico que debe realizar un comité de expertos para valorar el estado de las obras y la viabilidad de los desplazamientos, el criterio sobre el que en teoría se expiden las autorizaciones.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha salido al paso de las críticas y recalcó la semana pasada que las autoridades de Cultura iban a “cumplir con la ley y a defender el patrimonio artístico”. “¿Cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo?“, añadió, molesta por la repercusión que el tema ha tenido también en medios internacionales, como el diario británico The Guardian o el estadounidense The New York Times. A la comunidad artística, en realidad, no solo le molesta la gestión de una colección cuyos dueños originales quisieron que permaneciera unida y dentro del país solo para ver cómo se fragmentaba lejos de México. Les inquieta lo que eso demuestra. “Hasta qué punto el esquema de protección que el Estado mexicano tiene para el patrimonio moderno no tiene utilidad”, en palabras del comisario e historiador del arte Cuauhtémoc Medina, que también respaldó la carta.

“La ley mexicana, de manera muy redonda, ha declarado propiedad de la nación y sujetado a un régimen muy estricto de protección los objetos culturales previos el año 1824″, explica el especialista. Es decir, todos aquellos bienes anteriores a la primera Constitución federal del país son considerados una “propiedad original”. El arte moderno no tiene esa consideración, por lo que su protección es jurídicamente más ambigua e ineficaz. La única forma de combatir de verdad la diáspora artística de este calibre es comprando obras, señala Medina, y esa es una tarea a la que las autoridades no han querido destinar fondos. La prioridad en el anterior sexenio y en el actual ha sido repatriar las piezas prehispánicas desperdigadas por el Globo, en ningún caso recuperar el patrimonio moderno.

El exdirector del INBAL Gerardo Estrada reconoció en una entrevista con Milenio que el Gobierno mexicano tuvo la oportunidad de comprar la colección Gelman a principios de siglo, poco después de la muerte de Natasha Gelman, pero “no se tenían los recursos”. “En aquellos años se calculaba que valía entre 200 y 300 millones de dólares. Era una compra que necesitaba la intervención del Gobierno, era una decisión de Estado, pero no se logró”, expresó. El valor en este tiempo se ha multiplicado, mientras el acervo ha seguido fragmentándose sin que se supiera bien cómo, cuándo y con la autorización de quién, dadas las escasas apariciones públicas de la Colección y el silencio absoluto de los principales actores con poder sobre ella.

La única victoria, tímida, del Estado mexicano, fue la paralización de la subasta de dos obras de María Izquierdo hace un par de años en Nueva York, un evento del que no se salvó otra treintena de piezas que no contaba con la declaratoria. La impotencia de entonces resuena ahora con más fuerza, con la reaparición de 160 obras en poder de una entidad bancaria extranjera. Poco se sabe de las gestiones realizadas por las autoridades públicas. Menos aún, de los acuerdos privados a los que llegaron los actuales propietarios con el poderoso banco español.