Adelanto, el centro de detención diseñado para que los migrantes se rindan en el que han muerto cuatro mexicanos

Un centro de detención de migrantes en Adelanto, California, fue la semana pasada el escenario de la muerte de otro mexicano en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El deceso de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, notificado el miércoles pasado, suma la decimocuarta defunción de un connacional desde enero de 2025 y la cuarta que ocurre en las instalaciones localizadas a unos 135 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, en el condado de San Bernardino. No es la primera vez que el sitio, gestionado por la empresa Grupo GEO, atrae los reflectores por sus malas prácticas.

Una demanda presentada a principios de 2026 por un grupo de organizaciones de defensa de migrantes denunció negligencias médicas y condiciones inadecuadas de la comida y el agua. El Centro de los Defensores de los Inmigrantes en California aseguró que Adelanto estaba diseñado “para hacer que la gente se rindiera en sus casos legales” y sostuvo que “el sistema estaba hecho para hacer que las personas se quebraran”. Las acusaciones fueron rechazadas por una vocera del Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), quien sostuvo que los reos cuentan con tres comidas al día, agua limpia, ropa, regaderas y acceso a teléfonos.

El Gobierno de México informó el lunes que elevará sus quejas por las muertes de connacionales en custodia de autoridades estadounidenses, Vanessa Calva Ruiz, encargada de protección consular en la Cancillería, afirmó que el caso de José Guadalupe Ramos no era un “hecho aislado”. “Es el reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, subrayó. Calva manifestó que los fallecimientos de cuatro mexicanos en el centro de detención de Adelanto, “por aparentes complicaciones médicas”, reflejan “un patrón persistente de deficiencias estructurales” con “fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias” que contravienen protocolos y estándares nacionales e internacionales.

Manteniendo la presión sobre el ICE, hace unos días, Rob Bonta, fiscal de California, también manifestó su preocupación por las “condiciones inhumanas” que sufrían las personas detenidas en Adelanto a través de un amicus curiae en un juicio en contra del ICE. Los señalamientos se remontan a tiempo atrás. Un reporte del DHS alertó en 2018 de que el lugar no cumplía con los estándares requeridos para el manejo de centros de detención, por lo que se notificó a la agencia de inmigración para que tomara cartas en el asunto inmediatamente. El DHS encontró en una visita sorpresa problemas que representaban ”graves riesgos a la salud y a la seguridad” de los detenidos, entre los que resaltaron la presencia de cuerdas en sus celdas, una segregación inadecuada y excesiva, además de una atención médica inoportuna.

Según el DHS, en más de una decena de cuartos encontraron sábanas trenzadas que colgaban de distintos lugares. Los reos explicaron que eran sogas hechas por ellos con distintos fines, desde una manera para tener un poco de privacidad hasta un método para acabar con su vida. Uno de los entrevistados denunció que los custodios se burlaban de estas personas y las llamaban “fracasos suicidas” cuando regresaban del área médica. Sobre la segregación como medida correctiva, la revisión arrojó que el castigo era aplicado sin que antes se encontrara a la persona culpable de haber cometido alguna falta por un panel disciplinario, como establecen las reglas. La institución agrega que los detenidos que eran separados del resto eran encadenados y esposados “inapropiadamente”.

Acceso a la salud no garantizada

El reporte concluye que los internos no tienen garantizado el derecho a la salud y señalaron que muchos de los doctores inscriben en los registros médicos que realizaron revisiones cuando no fue así. También advierte que muchos reos se quejaron por largos tiempos de espera para ver a un médico cuando presentaban malestares o enfermedades crónicas y por no recibir los medicamentos necesarios. En su momento, la institución estuvo de acuerdo con la recomendación de revisar la gestión sanitaria y aseguró que se encontraba “implementando acciones correctivas” para ajustarse a los lineamientos.

Hace casi ocho años, cuando tuvo lugar aquella revisión, el centro de detención contaba con 307 guardias para custodiar a 1.659 reclusos. Una situación muy distinta a la que viviría cinco años después, cuando el Departamento de Justicia de California documentó a solo siete detenidos (seis hombres y una mujer) en el sitio, con capacidad para 1.940 personas. La drástica reducción de su población se debió a que en abril de 2020, en medio de la pandemia, un juez federal ordenó reducir el número de detenidos y prohibió nuevos ingresos por la epidemia de covid.

Las autoridades concluyeron entonces que los servicios médicos y de salud mental eran adecuados, pero resaltaron que, de incrementar el número de internos, como se esperaba que ocurriera en los años siguientes, el personal no iba a ser suficiente para la atención deseada. La revisión también denunció entonces algunos casos en los que el diagnóstico a personas con problemas mentales no coincidía con los medicamentos prescritos. Además, advirtió que los empleados de seguridad no consultaban con los de salud antes de hacer uso de la fuerza y de la aplicación de medidas de segregación como castigo.

A principios de 2025, la medida del juez fue temporalmente suspendida y, según informó el diario LA Times hace unos meses, la población del lugar, de la cual al menos un 73% no cuenta con antecedentes criminales, ha subido dramáticamente a casi 2.000 en el último año, lo que ha llevado a un deterioro de las condiciones. El Grupo Geo, administrador del recinto que antes era una prisión estatal, compró el espacio a la ciudad de Adelanto en 2010 y, un año más tarde, inició su relación con el ICE para resguardar a detenidos.

Actualmente, la empresa mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2029. En representación de México, Calva mostró su preocupación por “la operación de los centros de detención y la subcontratación de estos servicios a empresas privadas” como Geo. De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Enlace con la Comunidad del Departamento de Justicia de California, publicado a mediados del año pasado y que abarca hasta noviembre de 2023, la compañía gestionaba entonces, de un total de seis, cuatro instalaciones de esta naturaleza en el Estado.

En Adelanto, según un análisis sobre muertes prevenibles en centros de detención estadounidenses de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), las muertes de tres migrantes fueron reportadas entre 2017 y 2024: Osmar Epifanio González Gabda, un nicaragüense de 32 años; Sergio Alonso López, un mexicano de 55 años; y Vicente Cáceres, un hondureño de 46 años. González, que fue diagnosticado con esquizofrenia psicótica y psicosis, se suicidó mientras se encontraba en el área de segregación. López, que tenía cirrosis, perdió la vida después de presentar sangrado gastrointestinal derivado del abuso de alcohol. Cáceres también murió por complicaciones de la misma enfermedad. Con base en los anuncios del ICE, a estos fallecimiento se le suma el de Gabriel García, cuya edad no queda clara, por abstinencia etílica, y cuyos familiares denunciaron que no recibió la atención médica adecuada.