Sheinbaum sacude la Auditoría Superior para afianzar su proyecto anticorrupción

“¿Por qué tus auditorías siempre me traen problemas?”, le reclamó David Colmenares a Agustín Caso, uno de los contralores de mayor rango dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Caso estaba a cargo de las auditorías de desempeño, unas de las más importantes en la institución, pues escudriñan a fondo las políticas públicas, los megaproyectos de infraestructura, los programas sociales. Se trataba de informes muy incómodos, y a Colmenares, titular de la ASF, no le gustaba incomodar al Gobierno. Cuando Caso presentó la explosiva auditoría que revelaba el costo real de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, montó en cólera, porque, según sus propios datos, había costado mucho menos. Colmenares, lejos de defender el trabajo de la ASF, contradijo a su auditor, lo separó del cargo y lanzó una rectificación que, esta vez, sí gustó en Palacio Nacional.

Ese era el cariz de la gestión de Colmenares en la ASF, que ha concluido este fin de semana, tras ocho años al frente de la institución obligada a revisar con franqueza cómo se gasta cada peso del erario. El funcionario intentó reelegirse para un nuevo periodo y contaba con el apoyo de algunos pesos pesados dentro del oficialismo y la oposición. Pero la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de sus operadores políticos de confianza, trabajar en un acuerdo paralelo entre las bancadas del Congreso para, por un lado, frenar la reelección de Colmenares y, por el otro, lograr la designación del economista Aureliano Hernández Palacios, de acuerdo con fuentes legislativas. El nuevo auditor, aunque tiene una trayectoria corta en la administración pública, es el hijo de un antiguo colaborador de Sheinbaum, Fernando Aureliano Hernández Palacios.

El nuevo titular de la ASF obtuvo el voto, incluso, de quienes apoyaban las aspiraciones de Colmenares, a quien dejaron caer. La decisión de la presidenta de bloquear al auditor saliente era un paso necesario en su proyecto de combate a la corrupción, que en México ha evolucionado a sofisticadas redes criminales que involucran a políticos, funcionarios, empresarios y hasta narcotraficantes. Se trata de una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Sheinbaum, a la par que el fenómeno de la violencia y el reto del crecimiento económico. Encuestas recientes señalan que la ciudadanía evalúa mal a esta Administración, precisamente, en materia de combate a la corrupción, si bien ha habido algunos golpes del Gobierno para atajar ese flagelo, como el desmantelamiento de la red de marinos implicados en el huachicol fiscal o la captura de un alcalde morenista vinculado al crimen organizado.

Gran parte del éxito de la cruzada anticorrupción pasa por controlar las instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Sheinbaum ya sacó a Alejandro Gertz de la Fiscalía General de la República (FGR) a fines del año pasado y ahora a Colmenares de la Auditoría Superior. Ambos funcionarios, por cierto, le fueron heredados por López Obrador y su remoción se ha interpretado como un afianzamiento del propio proyecto político de Sheinbaum, un distanciamiento o reajuste respecto del de su antecesor. Ahora, tanto en la Fiscalía como en la ASF, Sheinbaum tiene a funcionarios en los que confía.

Colmenares arrastra críticas por supuestamente haber manejado la ASF a contentillo de las dependencias que debía auditar, de maquillar los informes, propiciar el intercambio de favores y eliminar los contrapesos internos para controlar de manera personal la institución. Las cifras de denuncias presentadas por actos de corrupción desde la ASF en su gestión se desplomaron a mínimos históricos, lo mismo que las recuperaciones de recursos públicos. Este periódico intentó hablar con el ya exauditor a través del área de comunicación social de la ASF, pero no se atendió la petición. El antecesor de Colmenares, Juan Manuel Portal, promovió 878 denuncias durante su periodo de ocho años, según cifras oficiales, mientras que el auditor saliente presentó 275, un tercio respecto del periodo anterior. “[Colmenares] sometió a una degradación a la institución. Necesitábamos a otra persona que desmontara toda la red de extorsión y complicidades, de coyotaje”, explica el diputado Ramírez Cuéllar en entrevista.

Exfuncionarios de la Auditoría Superior que hablaron a condición de anonimato refieren algunas de las presuntas malas prácticas atribuidas a Colmenares. Por ejemplo, que reformó el reglamento interno y eliminó el Consejo de Dirección, donde se tomaban decisiones colegiadas; o que restó a los auditores facultades para presentar denuncias por corrupción y las concentró en un área creada y controlada por él, la Auditoría Especial de Seguimiento; que desapareció la Auditoría Interna, la contraloría que vigila a la propia ASF; que decidía unilateralmente qué auditorías se llevarían a cabo, dejando al final las de mayor alcance, las más polémicas. Hay algunos señalamientos más graves, como que colocó dentro de la ASF a personajes cercanos a los aliados de Colmenares en Morena, el PVEM y el PRI, en un intercambio de favores.

Los exfuncionarios consultados aportan ejemplos de cómo Colmenares presuntamente politizó la Auditoría Superior. Como cuando pidió a sus inspectores que lanzaran un informe que ―contra toda norma― incluyera la recomendación de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, en sintonía con la campaña que en ese momento impulsaba el Ejecutivo de López Obrador. O como cuando la ASF despublicó y reprogramó una auditoría sobre deserción escolar tras el reclamo de un funcionario de Educación de López Obrador. “Ese fue un botón de muestra del temor que le tenía el auditor superior a los secretarios de Estado. No quería incomodar”, comenta una de las fuentes.

Desde la FGR y de Campeche relatan también que Colmenares presuntamente facilitó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, información interna para atacar al fiscal de Campeche, Renato Sales, al que Alito Moreno acusaba de filtrar documentos sobre su enorme fortuna y audios incriminatorios. Dado que los supuestos malos manejos en la ASF eran estructurales en la era de Colmenares, la corrupción se extendía a diversas áreas. Proceso dio a conocer una denuncia interna sobre un presunto tráfico de informes a modo para favorecer a gobernadores desde la Auditoría Especial de Gasto Generalizado, a la sazón bajo el mando de Emilio Barriga. Esa denuncia involucra también a Aureliano Hernández, el flamante auditor superior, que inició su carrera en la ASF como subordinado en esa área y luego asumió su titularidad, tras la salida de Barriga el año pasado.

Dicha denuncia, presentada a principios de este año, era del conocimiento de Morena, que no le dio mucha importancia. “Logramos unificar a todos los grupos parlamentarios, pero no se le ha dado un cheque en blanco al nuevo auditor”, asegura el diputado Ramírez Cuéllar. “Él no tiene ningún compromiso con ningún Gobierno estatal, con ningún grupo de legisladores. Se le dio toda la fuerza de la Cámara de Diputados [472 votos] para que profundice las auditorías y desmonte todas las redes de extorsión”, agrega. Con el visto bueno de la presidenta Sheinbaum, Ramírez Cuéllar ha impulsado a la par una reforma a la ASF que elimina la reelección del auditor superior, reestablece los controles colegiados, abre la puerta a la participación ciudadana y da impulso a las denuncias por corrupción. “El nuevo auditor va a estar muy vigilado. Representa una esperanza”, refiere el legislador morenista.