Campeche expropia un terreno a la madre de Alito Moreno para construir una universidad

La rivalidad entre la actual gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, y el líder nacional del PRI y exdirigente del Estado, Alejandro Alito Moreno, ha alcanzado a los terrenos de la familia del priista. El Congreso de esta entidad del sureste mexicano aprobó hace menos de un mes una nueva Ley de Expropiaciones, que buscaba actualizar la de 1981, según argumentó el Ejecutivo, y que salió adelante con los votos del partido oficialista y sus aliados parlamentarios, el Partido Verde y el del Trabajo, y con la oposición en contra: 18 contra 13. La norma ha permitido al Gobierno de Sansores publicar este mismo lunes la declaratoria de utilidad pública de cuatro predios del Estado que serán expropiados para construir la nueva Universidad de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos. Al menos tres de ellos están relacionados con Alito Moreno: uno está a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros dos a nombre de su arquitecto, Juan José Salazar. En total, ascienden a unas siete hectáreas.

La medida no es casual. Ya se vislumbraba este desenlace durante el debate sobre la reforma de la norma, que fue bautizada coloquialmente como Ley Alito después de que el diputado morenista Carlos Ucán apuntara que la nueva legislación permitiría recuperar los terrenos que el hoy senador había adquirido por precios extremadamente bajos y que ahora están valorados en cientos de millones. El Ejecutivo estatal acusa al exgobernador priista de utilizar a su madre y a su arquitecto como prestanombres de los predios hoy expropiados, que dicen haber sido adquiridos de forma ilícita. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho referencia al asunto este miércoles en su conferencia matutina. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, ha planteado.

Layda Sansores celebraba este martes la medida ―que no admite recurso administrativo y solo puede ser impugnada a través del juicio de amparo― en su propio programa de televisión, el Martes del jaguar. “Queremos hacer la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Campeche. Se necesitaban varias hectáreas, y pues si ya todo es de Alito, pues ni manera”, ha lanzado, antes de regodearse en la medida, que ha calificado de “acto de justicia”. “Este lugar lo llamaba de amenidades, [...] y ese terreno va a ser nuestra universidad. El terreno enfrentito de su casa tiene caminos para que pases de una amenidad a otra. Ya nos deja el trabajo adelantado”, ha bromeado. Alito Moreno ha negado que el terreno sea en realidad suyo y ha acusado una vez más al Gobierno estatal de “persecución política”. “Así empezó Venezuela”, ha remachado durante una entrevista este miércoles con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

El dirigente nacional del PRI cuenta con dos frentes judiciales abiertos por la Fiscalía anticorrupción de Campeche. La Dependencia solicitó a finales de julio de este año el desafuero del senador por el presunto desvío de de 83,5 millones de pesos durante su mandato como gobernador del Estado, entre 2015 y 2019. Esa petición se suma a la que el priista arrastra desde 2022 por presunto enriquecimiento ilícito. La inmunidad procesal que le otorga el fuero constitucional como senador impide que sea procesado penalmente, lo que le ha permitido sortear judicialmente estas acusaciones, pero eso podría cambiar si la Cámara de Diputados autoriza finalmente retirarle el fuero. La mandataria mexicana ha apuntado esta mañana que la propuesta electoral que impulsa incluirá la eliminación de esta protección a diputados y senadores.

La batalla con la gobernadora Sansores viene incluso de más lejos. La morenista militó durante tres décadas en el PRI, formación a la que también perteneció su padre, el exgobernador Carlos Sansores. En 1996, abandonó sus filas y emprendió un viaje por los diferentes partidos del espectro que incluyó paradas en el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, antes de desembarcar en su destino final: Morena. En 2015, contendió por primera vez bajo las siglas del movimiento por la gubernatura de Campeche contra Alito Moreno, que venció con más de 20 puntos de ventaja. Ya entonces Layda Sansores acusó al priista ante la Procuraduría General de la República por gastos excesivos durante la campaña.

La morenista, que también ha fungido como diputada, senadora y alcaldesa de la demarcación capitalina Álvaro Obregón, tuvo que esperar hasta 2021 para hacerse con el Gobierno del Estado, desde donde ha recrudecido su férrea disputa con el presidente del PRI. Su programa semanal Martes del jaguar ha sido la plataforma perfecta para ello. Desde ese espacio televisivo acusa al senador desde hace años, filtraciones de audios mediante, de multitud de delitos, que van desde el enriquecimiento ilícito y el desvío de recursos hasta el abuso de poder y la extorsión. El episodio de esta semana confirma a Alito Moreno como blanco prioritario de la Administración de Sansores, que no desaprovecha ninguna ocasión ni instrumento para hacerlo patente. La madre del polémico dirigente, así como su arquitecto, cuentan ahora con cinco días hábiles desde la declaratoria de utilidad pública para manifestar ante la Secretaría de Gobierno las quejas y pruebas que consideren convenientes sobre el proceso de expropiación que enfrentan de forma inminente. Según la propia Sansores, no tardarán más de mes y medio en ponerse en marcha.