La fuga de la cárcel de Puerto Vallarta: explosivos, atropellos y 17 reos todavía prófugos

Los reclusos de la prisión de Puerto Vallarta fueron los primeros en alertar al exterior. Por medio de mensajes de audio, lo advirtieron desde el sábado 21 de febrero: algo se estaba preparando dentro del penal, “se iban a presentar sucesos de violencia”, tenían miedo y temían perder la vida, pedían ayuda. Avisaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que, asegura, notificó a su vez a las autoridades. Nada pasó. Un día después, la joya turística se despertó envuelta en humo. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaba quemando centenares de vehículos y establecimientos por toda la ciudad en represalia por el operativo del Ejército contra su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En la prisión se aprovechó el caos y se desató el motín. Un trabajador del penal cuenta que duró casi 12 horas. El saldo: 23 reos fugados y un vigilante, Rafael Hernández, asesinado. Tres semanas después, 17 de estos presos, muchos condenados por homicidio y por desaparición forzada, siguen libres.

Hay muy pocas certezas de qué pasó exactamente durante la ola de violencia que propagó el CJNG por medio país ese domingo, dónde pasó exactamente, quién y en qué condiciones murió. En su balance inicial, el zar de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que en Jalisco se habían registrado seis “cobardes agresiones” del crimen organizado tras la caída del Mencho. En ellas habían fallecido 30 presuntos delincuentes, una mujer embarazada (que más tarde sería identificada como Angélica María Hernández), 25 integrantes de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía de Jalisco y un custodio. De todas las autoridades, solo se conoce cómo fue el asesinato de Rafael Hernández, un policía estatal veracruzano con 25 años de servicio, que ese domingo estaba de guardia en el área equivocada en el momento equivocado.

Al Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta todo el mundo lo conoce como el penal de Ixtapa. Situado en la carretera hacia el interior de Jalisco, acompañan a sus muros altos y torres de vigilancia, un par de tiendas de abarrotes y los juzgados de justicia penal. Ese domingo, los disturbios empezaron temprano, antes de las nueve de la mañana, “aprovechando el caos de fuera”, según ha contado a EL PAÍS un empleado, del que se omite su nombre por seguridad. El penal, que tiene capacidad para 1.600 personas, solo está ocupado por unas 750 (de las que 150 son mujeres), según los datos oficiales. Aún así, ha reconocido la Secretaría de Seguridad de Jalisco, le falta mucho personal.

El Gobierno lo considera un ataque coordinado. Por un lado, desde fuera, un vehículo polarizado se acercó a la prisión y empezó a disparar contra los guardias que estaban en la aduana vehicular. Allí hirieron a uno de los custodios. Mientras, al interior, los reclusos se habían amotinado. Varios de ellos consiguieron llegar hasta el área de vehículos y montarse en dos coches particulares; con ellos atropellaron a los vigilantes y mataron a Rafael Hernández. Dentro del penal, los empleados hablan también de explosivos caseros que los reos tenían preparados y utilizaron para escapar.

Por el camino acabaron con la vida de Hernández, a quien los custodios recuerdan como un compañero amable y muy trabajador. “Quienes tuvieron la dicha de montar guardia a su lado, lo recuerdan como el hombre de la palabra justa”, señaló José Antonio López, el director de Reinserción Social de Jalisco, en su homenaje: “Ante la tensión y el conflicto, anteponía siempre la serenidad y el diálogo”.

La Desembocada

El puente de La Desembocada es un punto clave en la conexión de Puerto Vallarta con las comunidades rurales. El 22 de febrero fue atacado por el CJNG, tanto con vehículos incendiados como con explosivos (cuyos remanentes causaron todavía la muerte de un trabajador hace apenas una semana). Localizado apenas a dos kilómetros de la prisión de Ixtapa fue un paso clave para la huida de los reclusos. Ahí murió el mismo domingo Max Rafael Barcenas Reyes, conocido como Pinto, de 25 años. Era originario de Michoacán y estaba sentenciado desde 2022 por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Acababa de fugarse del penal. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo que falleció en el “enfrentamiento” con las autoridades en el puente. El Gobierno no ha dado información de si hubo más víctimas en esa agresión.

Los reos utilizaron, antes de que fuera inhabilitado, este puente para buscar refugio en comunidades rurales como El Colorado, ya en el límite con Nayarit, ya en el límite con las montañas. Allí se localizó el 26 de febrero a cuatro de ellos: a José Refugio Neri (al que también identifican como Ricardo Nava), de Jalisco, que llevaba una década en prisión por homicidio; a Sergio Alejandro López, originario de Ciudad de México, quien estaba sentenciado desde 2018 por robo calificado; a Sergio Pérez, conocido como El Chenco, quien cumplía condena por delitos contra la salud desde hace 26 años, y a José Alfredo González Madrigal, de Nayarit, sentenciado por robo calificado.

Tras ser recapturados, los cuatro fueron enviados al penal de Puente Grande, en Guadalajara. Ahora enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado (por el asesinato del custodio Rafael Hernández), intento de homicidio agravado (por la agresión al otro guardia) y evasión de presos. Estarán un año en máxima seguridad.

El 27 de febrero, la Secretaría de Seguridad localizó a Chrystian Alejandro Lozano. El jalisciense, de 39 años, estaba en prisión por haber asesinado en 2015 a un periodista británico, que vivía en Puerto Vallarta. Según la información oficial, Chrystian Alejandro “aprovechándose de la confianza y amistad que le había depositado el residente inglés” le golpeó con una piedra hasta matarlo, después, buscó ayuda para cavar una fosa y enterrar el cuerpo. También ha sido trasladado a Puente Grande.

Quiénes siguen prófugos

El domingo se fugaron David Pérez, de 25 años y originario de Chiapas, sentenciado por desaparición forzada; Luis Felipe Aceves y David Abraham Ramírez, ambos de Jalisco, por homicidio calificado; Raúl Salazar (Jalisco), por tentativa de homicidio; Sergio López (Veracruz), por posesión de hidrocarburos y armas exclusivas del Ejército; Luis Antonio Galván y César Antonio Fernández (Jalisco), sentenciados por delitos contra la salud. Todos ellos ingresaron al penal de Ixtapa el mismo día: el 11 de noviembre de 2021. También Iván Arnulfo Verduzco, de 29 años, quien había sido detenido en 2015 tras arrojar el cuerpo sin vida de Nohely Yajaira Acevedo a plena luz del día en una calle de Guadalajara. La había matado horas antes en un motel cercano. La joven tenía 18 años. Los ocho reclusos entraron juntos a esta cárcel y salieron juntos de ella.

No se conoce si todos los prófugos tenían una relación con el CJNG o simplemente aprovecharon la oportunidad, pero hay casos claros como el de Cristian Alonso Moreno, conocido como El Joker. Este hombre de 29 años, nacido en Puerto Vallarta, había sido identificado como un jefe de plaza del Cartel Jalisco en Lagos de Moreno, una de las localidades agujereadas por la violencia del narco. Allí, Alonso fue acusado de estar detrás de la masacre de siete personas dentro de una vivienda en la comunidad de Ojuelos.

El 18 de noviembre de 2021, Francisco Javier Tapia, conocido como Leches Güeras, y Julio César Hernández, alias El Poblano, entraron en el penal acusados de desaparición forzada de personas. Ambos se fugaron también tras el motín. No han sido encontrados. La Secretaría de Seguridad tampoco ha localizado a Joseph Santos Espino Castellano, llamado Mono, de Nayarit, sentenciado por homicidio calificado, ni a José Jorge Santiago López (de Jalisco) y Jhon Kennedy Campaz (de Colombia), ambos presos por homicidio, portación de armas exclusivas del ejército y delitos contra la autoridad. También siguen prófugos Gustavo Mendoza de León, de Nayarit, quien fue sentenciado en 2014 por secuestro exprés, y Jesús Alejandro Valentín y Miguel Naranjo, ambos de Jalisco y sentenciados por robo calificado.