Movimiento Ciudadano planta su propia reforma política con la edad del voto en 16 años

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Congreso mexicano su iniciativa de reforma electoral, el tablero político sumó una segunda pieza. El partido Movimiento Ciudadano (MC) ha presentado este jueves una contrapropuesta: un paquete de cambios constitucionales y legales con el que busca replantear el debate en torno a la participación ciudadana, el financiamiento de los partidos y el blindaje de las elecciones para evitar la intromisión del crimen organizado.

El proyecto naranja ha llegado en medio de la fractura del bloque oficialista formado por Morena, PT y PVEM. Los aliados del partido en el poder han marcado distancia de los términos y condiciones de la reforma presidencial que, dicen, es un retroceso para la democracia mexicana. A la reflexión se han sumado los opositores PAN, PRI y MC. Aunque el último ha abierto una rendija a negociar el proyecto de Sheinbaum si hay cambios y se incluyen sus propuestas. Por el momento, el terreno legislativo es inestable para cualquier intento de modificar las reglas del sistema electoral mexicano.

En medio de la polémica por la propuesta de reforma político-electoral de la mandataria, MC decidió irrumpir con una contrapropuesta que pretende marcar un punto medio entre la iniciativa del Gobierno y el rechazo automático de la oposición y de los aliados. “El rol de una fuerza política no se puede limitar a votar en contra”, ha dicho el dirigente nacional del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, al presentar el paquete de reformas bajo la consigna “más democracia y menos gasto”.

La iniciativa, firmada por diputados de la bancada de MC en la Cámara de Diputados y el Senado, se presenta como una reforma integral que plantea modificar diversas disposiciones de la Constitución con el argumento de “fortalecer la democracia sin debilitar sus instituciones”. Entre sus ejes centrales se encuentran la reducción del financiamiento público a partidos, la apertura del voto a partir de los 16 años en lugar de los 18 años actuales y el rediseño del sistema de comunicación política y cambios en la organización electoral.

La agrupación naranja intenta colocarse en el debate con una alternativa que, según sus legisladores, pretende evitar retrocesos institucionales y atender problemas estructurales del modelo actual. El proyecto se articula en cuatro iniciativas: una reforma constitucional y tres modificaciones secundarias a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de reconfigurar distintos aspectos del sistema electoral. En conjunto, el paquete modifica 15 artículos constitucionales y un puñado de disposiciones legales con el objetivo de abrir un debate que el partido considera inevitable ante el desgaste del modelo electoral actual.

La apuesta central es aumentar la participación electoral. Para ello, propone convertir el voto en una obligación y no solo en un derecho. Álvarez Máynez ha sostenido que el sistema democrático enfrenta una crisis de legitimidad provocada por la baja participación ciudadana y la caída en la militancia de los partidos políticos. “Cada día las elecciones tienen menos electores y los gobiernos menos legitimidad”, ha dicho. Por ello, el voto obligatorio sería uno de los ejes de la reforma. El dirigente naranja ha argumentado que la Constitución ya establece el sufragio como una obligación cívica, pero que en la práctica no existen mecanismos para hacerla efectiva. El modelo que se propone incluiría excepciones como motivos de salud o imposibilidad material, pero buscaría elevar sustancialmente la participación ciudadana en los comicios.

El segundo gran desafío de la iniciativa es el llamado “voto joven”. El partido propone ampliar el derecho al sufragio a partir de los 16 años, bajo el argumento de que los adolescentes ya tienen responsabilidades penales y fiscales reconocidas por la ley. Según los cálculos presentados por el partido, la medida incorporaría a más de cuatro millones de nuevos votantes al padrón electoral y podría elevar la participación total a cerca del 74% de la población.

El paquete también incluye cambios en la forma de votar y en la representación política. Entre ellos figura la introducción gradual del voto electrónico, con programas piloto y auditorías técnicas que garanticen la seguridad del sistema, así como la creación de una circunscripción migrante que permita elegir 10 diputaciones federales exclusivamente con el voto de mexicanos residentes en el extranjero.

El financiamiento y el gasto electoral también aparecen en la ecuación. Los emecistas quieren modificar la fórmula de distribución de recursos públicos entre partidos políticos, pasando del esquema actual, que es el 70% en función de la votación previa y 30% igualitario, a un modelo 50-50 que, según el partido, permitiría reducir las desigualdades en la competencia electoral. Este planteamiento no es nuevo; el PT también ha puesto sobre la mesa la misma fórmula.

Durante la presentación, Álvarez Máynez acusó a Morena de beneficiarse de un sistema de financiamiento que considera desproporcionado. El dirigente aseguró que el partido gobernante ha recibido alrededor de 30.000 millones de pesos de recursos públicos en los últimos ocho años, lo que ha dicho, lo convierte en el partido más caro del mundo.

La seguridad electoral y el combate al financiamiento ilegal también han ocupado un capítulo en la propuesta naranja. Se propone prohibir las aportaciones anónimas a campañas políticas y establecer mecanismos de trazabilidad para identificar el origen del dinero, con el objetivo de cerrar la puerta al financiamiento del crimen organizado. En esa misma línea, la iniciativa plantea que el asesinato de un candidato durante un proceso electoral pueda ser causal de nulidad de la elección. La medida busca responder a la creciente violencia política que ha marcado los últimos comicios en el país, en los que decenas de aspirantes a cargos públicos han sido asesinados, ha dicho Máynez.

Otro de los elementos de la propuesta es la reorganización del sistema de justicia electoral para eliminar duplicidades entre órganos locales y federales. El partido estima que la simplificación institucional podría generar ahorros de hasta 45.000 millones de pesos en los próximos cuatro años. Este intento de MC de subirse al debate electoral se produce en un contexto en el que la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum enfrenta un panorama legislativo incierto.

Aunque Morena mantiene el control en el Congreso, la modificación constitucional requiere una mayoría calificada que, hasta ahora, no está garantizada. Los aliados de la agrupación guinda le han dado la espalda a la propuesta y han anticipado su falta de disposición para acompañar el proyecto. En ese escenario, la contrapropuesta de MC pretende abrir un tercer camino: discutir cambios al sistema electoral sin desmontar sus instituciones centrales, pero introduciendo ajustes que, según el partido, permitan ampliar la participación ciudadana y reducir el costo de la democracia. El debate ha iniciado.