El PT revienta la reforma electoral de Sheinbaum: “Es una ocurrencia para mantener un partido hegemónico”

La reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha de llegar al Congreso mexicano este lunes herida de muerte y con un obstáculo para poder concretarse. El Partido del Trabajo (PT), aliado fiel de Morena desde 2018, ha decidido confrontarla sin tapujos y desmenuzar sus debilidades en un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El análisis de los aliados no solo rechaza el proyecto, sino que sostiene que se trata de una propuesta orientada por “prejuicios presidenciales” o por la intención de mantener un partido hegemónico y lo cuestiona por alterar las bases del sistema democrático mexicano para favorecer al partido en el poder. La crítica es frontal: la iniciativa “destruye” el modelo electoral vigente y abre la puerta a un rediseño que, en los hechos, derivaría en una concentración del poder político.

El posicionamiento de los socios electorales de Morena se ha endurecido y ha acentuado la tensión dentro del bloque gobernante frente a la propuesta de reforma que advertía que tocaba el sistema electoral radicalmente. Alberto Anaya, el dirigente vitalicio del PT salió con un pronunciamiento público el fin de semana que marcó el nuevo tono de los petistas, quienes habían mantenido en privado su posición de resistencia a la propuesta presidencial. “Decimos ‘no’ al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, lanzó el líder petista.

La agrupación política ha puesto en la balanza que, mientras la Administración de Sheinbaum busca presentar la reforma como una necesidad para reducir costos y simplificar estructuras, en realidad se trata de un cambio integral y no un simple ajuste administrativo. A su juicio, el problema no es técnico, sino político: el trasfondo sería la consolidación de una fuerza dominante.

El documento identifica cuatro ejes de preocupación que, según el diagnóstico, evidencian las fallas estructurales de la propuesta. El primero es el federalismo. Para la cúpula petista, la reforma avanza hacia una centralización del poder electoral que contradice el sistema federal implantado desde 1824. La iniciativa, señalan, permitiría que desde la capital se definan aspectos que deberían corresponder a los Estados, como el tamaño de los congresos locales, métodos de selección de candidaturas o incluso remuneraciones. La crítica es especialmente dura contra la intención de reducir a los Organismos Públicos Locales (Oples), lo que consideran un “error centralista” que debilitaría la soberanía estatal. “Lo que debe eliminarse son las delegaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en los Estados y fortalecer los Oples como correspondería a una auténtica república”, se lee en el documento.

El PT incluso plantea una alternativa que choca con el diseño gubernamental: desaparecer las delegaciones del INE en los Estados y fortalecer a los organismos locales, manteniendo una autoridad federal limitada a comicios nacionales, en una lógica más cercana al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE). La discusión, advierten, no es administrativa, sino de modelo de república.

El segundo punto es la eliminación del sistema de representación proporcional, uno de los pilares de la pluralidad política mexicana desde la reforma de 1978. Para el partido, sustituirlo por mecanismos basados en candidaturas individuales implicaría un “retroceso histórico” que privilegia campañas personalistas sobre plataformas ideológicas. La crítica conecta con una preocupación mayor: el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios democráticos.

En ese sentido, el tercer eje del análisis es contundente. El PT sostiene que la reforma convertiría a los partidos en simples franquicias electorales, sin incentivos para construir proyectos programáticos. Si la competencia se basa en candidaturas individuales, argumentan, el sistema perdería coherencia ideológica y favorece dinámicas de supervivencia política personal, no debates de fondo. El señalamiento golpea directamente el discurso oficial que promueve la cercanía entre representantes y ciudadanía: para los petistas, el resultado sería “fragmentación y simulación”.

El cuarto elemento cuestiona una de las banderas principales del Gobierno: la reducción de costos electorales. Lejos de generar ahorros, el partido sostiene que la propuesta podría aumentar el gasto. El argumento es aritmético y político: al multiplicar las campañas de 300 a 400 y obligar a candidatos de listas a promoverse individualmente, se incrementarían los costos operativos y de fiscalización. Además, señalan que el verdadero gasto está en las campañas de mayoría relativa y en el financiamiento público asignado con la fórmula vigente, que beneficia al partido con mayor votación, es decir, Morena.

El petismo ha puesto en el foco el trasfondo político de la reforma. Con los cambios que se plantean y que no podrían ver la luz sin el PT o el Verde, el partido mayoritario tendría incentivos para mantener reglas que le permitan concentrar recursos y aprovechar posiciones de segundo lugar en distritos, reforzando su dominio. Ese señalamiento gana peso considerando que no proviene de la oposición, sino de un aliado estratégico que ha acompañado a Morena en elecciones y votaciones legislativas clave.

El documento también desestima el argumento del que se ha sujetado la mandataria para defender su propuesta, cuando plantea que existen legisladores que nunca han ganado elecciones. Según el PT, los representantes de lista también reciben respaldo ciudadano al ser votados dentro de las boletas partidistas, por lo que la narrativa oficial sería “falaz”. Advierten que convertir cada candidatura en una competencia individual podría generar confusión electoral y debilitar la representación política colectiva.

Además de cuestionar el contenido, el socio de Morena también ha elevado el tono político. La dirigencia petista tacha la reforma de estar orientada por “prejuicios presidenciales” o por la intención de mantener un partido hegemónico pondría en riesgo la democracia competitiva. Ese señalamiento no es menor: la coalición oficialista ha sido el principal sostén legislativo del Gobierno, garantizando la mayoría calificada para aprobar lo mismo reformas constitucionales o cambios legales. Una ruptura podría anticipar tensiones rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando se disputarán 17 Estados y decenas de cargos de elección popular. No obstante, tanto PT como Verde han sostenido que la coalición se mantiene firme, al margen del choque por la reforma electoral.