La persecución al Mencho expone los dilatados nexos del crimen con corporaciones de seguridad pública

Halcones, sicarios, operadores, hackers, policías municipales y militares. La estructura del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México lo acapara todo. El operativo de fuerzas federales del pasado 22 de febrero en el que cayó el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha dejado una larga lista de pendientes para las administraciones estatales de todo el país. Las operaciones previas y posteriores al gran operativo han expuesto la implicación de fuerzas de seguridad que trabajaban para el CJNG, socavando la ya erosionada confianza de la ciudadanía en sus autoridades. En Chiapas, unos 300 policías enfrentan procesos penales desde hace poco más de un año, por presuntamente trabajar para grupos delincuenciales, mientras que en Michoacán o Jalisco, decenas de elementos de Seguridad Pública han sido salpicados por la revelación de una presunta narconómica que pagaba miles de pesos a miembros de corporaciones de todo el país.

“Si esto hubiera pasado en 2024 -la captura del Mencho-, Chiapas se hubiera incendiado”, declaró este lunes el gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez Aguilar. El mandatario respondió de forma casi inmediata a la publicación del diario El Universal, en la que dio a conocer los registros contables encontrados en una de las cabañas donde se escondía el narcotraficante. Ahí consta que, con fecha de diciembre de 2025, el Mencho obtuvo una ganancia de 8.781.353 pesos por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además de las ganancias de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

En los registros, también aparece el concepto “Estatal Pakales” junto a la cifra de 100.000 pesos para la operación en el sur de Chiapas, un territorio en el que el CJNG mantiene una disputa con el Cartel de Sinaloa (CS) por el control de las rutas de tráfico de armas, drogas y de personas migrantes. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una unidad de élite de la policía de Chiapas, creada por el mismo Ramírez Aguilar en 2024.

El gobernador, que respondió que investigaría las presuntas implicaciones del grupo de élite, dijo: “Estamos de paz, estamos rodeados de Estados que están convulsionados. Siempre vamos a actuar con honestidad, sin complicidad con nadie. Hemos hecho detenciones de elementos de la Guardia Estatal, de los pakales y de todas las corporaciones de policías municipales. Tenemos más de 300 elementos de seguridad pública en Chiapas que enfrentan un proceso penal, entonces aquel que quiera abusar de la confianza se le va a aplicar la ley", dijo, ante medios locales.

Los registros que se atribuyen a los Pakales detallan un gasto semanal de casi dos millones de pesos, entre los que incluyen pagos a sicarios, autoridades y servicios logísticos en los municipios de San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Pantelhó. Estas anotaciones, que exponen supuestos vínculos entre el crimen y agentes, no ha caído de sorpresa para la gente en Chiapas. En algunos municipios del Estado, se han registrado denuncias ciudadanas en contra de esa corporación por supuesto abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y casos de personas que aseguran haber sido encarceladas injustamente durante operativos.

El Fiscal del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ha confirmado este martes a Grupo Fórmula que seis integrantes de la Fuerza de Élite Pakal están ya enfrentando un proceso legal por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas. “No es la primera vez que se han tenido denuncias de actos de corrupción, extorsión o incluso abuso de autoridad de algunas fuerzas estatales, incluidas las fuerzas Pakales, y hemos actuado con contundencia. Se han llevado a investigación a más de 450, entre municipales y estatales, y más de 300 de ellos están enfrentando un juicio porque se acreditó alguna conducta indebida”, precisó Llaven Abarca.

Jalisco

En Jalisco, el epicentro del operativo para dar con el Mencho, las autoridades comenzaron a detener a policías municipales y funcionarios públicos desde finales de 2025, cuando detectaron una red de complicidades para salvaguardar el paradero del Mencho, en el sur de la entidad. En noviembre pasado, detuvieron al director de la policía del municipio de Chiquilistlán —en el sureste del Estado—, Abijam N, y a dos policías del municipio vecino de Atemajac de Briuzuela.

En la narconómina del CJNG aparecieron, además, pagos de sobornos a policías de Tapalpa, Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Atemajac de Briuzuela, Chiquilistán, Amacueca, Tomatlán y Cabo Corrientes, por más de un millón de pesos. En los registros también aparecieron funcionarios de la Fiscalía estatal y militares. Ese registro contable incluye pagos por gasolina, despensas, rentas de casas de seguridad, reparaciones de vehículos y hasta cortes de cabello para la tropa, junto a controles de envíos de droga a prisiones. Esta estructura refleja el control territorial del cartel en la región Lagunas de Jalisco, colindante con Michoacán.

Michoacán

En el vecino estado de Michoacán, las autoridades descubrieron que miembros de la policía estaban trabajando desde un tiempo indeterminado para el cartel de Nemesio Oseguera justo mientras intentaban retirar de las carreteras todos los vehículos que habían sido incendiados para causar los bloqueos. En una entrevista del pasado 25 de febrero, el fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, relató que mientras retiraban las unidades, los oficiales comenzaron a recibir amenazas para que dejaran de hacer su trabajo en el norte de la entidad. “El lunes por la mañana se hizo un recorrido en donde estaban retirando los últimos vehículos incinerados, [en mensajes] les pedían que se retiraran, que no movieran nada de los bloqueos que se tenían. Resulta que eran elementos de seguridad pública de Ecuandoreo”, dijo.

Tras una revisión, las autoridades descubrieron que los números celulares de al menos una decena de policías municipales de Ecuandoreo —en el norte del Estado— estaban en varios grupos de WhatsApp vinculados al CJNG. “Ponían datos del domingo, de los hechos, donde informaban cuántas camionetas iban, de qué color, si eran de Sedena o de Guardia Nacional, y de ahí salían los mensajes amenazantes; por eso se tomó la decisión de desarmarlos y presentarlos ante la Fiscalía estatal”.

Los policías eran en realidad halcones: vigilantes e informantes del cartel. Diez de ellos originarios de Jalisco y uno de Michoacán. Según el fiscal, la policía municipal de Ecuandureo contaba con unos 27 elementos, de los que renunciaron cinco un día después.

Además, el operativo reveló que en otros municipios de la entidad, como en Jiquilpan o Sahuayo, en la región Ciénega de Michoacán, hubo algunos enlaces con el cartel para informar sobre la situación del domingo 22 de febrero. Ya antes, el 14 de septiembre de 2025, en Jiquilpan, detuvieron al secretario del Ayuntamiento de ese municipio, quien se hacía llamar comandante Arango, un funcionario que subía videos de amenazas al Ejército y que pertenecía presuntamente al CJNG.