Las claves de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: los cambios al Congreso, el recorte del gasto de los partidos y las nuevas reglas políticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso una propuesta de reforma electoral que plantea una reconfiguración del Congreso de la Unión. La iniciativa ha sido presentada este miércoles por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que establece la reducción del financiamiento público a las agrupaciones políticas, el cambio en la fórmula para la elección de diputados y senadores de representación proporcional y el abaratamiento de los comicios.

Sobre la integración del Congreso

La propuesta de reforma electoral señala que la Cámara de Diputados se mantendrá en 500 integrantes, todos electos por votación directa. De estos, 300 serían elegidos por distrito electoral mediante mayoría relativa, mientras que 200 conservarían la fórmula de representación proporcional vigente en la legislación actual.

Asimismo, se establece un mecanismo para asignar 200 escaños a partir de resultados electorales: 97 corresponderían a candidatos no ganadores pero con mejores desempeños dentro de sus partidos, 95 serían asignados por votación directa por circunscripción y por partido político —garantizando la elección de un hombre y una mujer— y ocho serían destinados a mexicanos residentes en el extranjero.

En el Senado, la integración se mantendría en 96 escaños, distribuidos en 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría, sin cambios en su estructura básica.

La reducción del financiamiento y los ajustes administrativos

Uno de los ejes centrales de la reforma es la austeridad institucional. La reforma propone una reducción del 25% en los costos del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos públicos locales electorales (OPLES) y tribunales electorales.

Se plantea disminuir los salarios de consejeros y altos funcionarios del INE conforme al límite constitucional, es decir, que nadie pueda ganar más que la presidenta. También se eliminarían duplicidades funcionales en órganos electorales y se reduciría el gasto operativo del Congreso federal y de los congresos locales.

En los municipios, se propone la disminución del número de regidurías conforme a la población de cada demarcación, quedando en un máximo de 15.

Mayor fiscalización y control del gasto

La iniciativa de reforma electoral fortalece los mecanismos de supervisión financiera. El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de los partidos políticos y las candidaturas, lo que busca mejorar la transparencia y el control de recursos. La propuesta de reforma prohíbe las aportaciones en efectivo, estableciendo que todos los recursos deberán canalizarse a través del sistema financiero. Además, se prevé el uso de tecnologías en los procesos de fiscalización para optimizar la supervisión.

El voto en el extranjero y los medios de comunicación

La reforma incluye medidas para facilitar el voto de los mexicanos que viven en el exterior. En materia de comunicación política, se propone reducir los tiempos de radio y televisión durante los periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

Regulación tecnológica, cómputos y democracia participativa

El documento incorpora la regulación del uso de inteligencia artificial en los procesos electorales, incluyendo la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. También se establece que los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, con el objetivo de agilizar resultados.

Se busca ampliar los mecanismos de referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, así como permitir el uso de tecnologías como el voto electrónico.

No nepotismo y el fin de la reelección consecutiva

Por último, la propuesta reafirma la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular, para evitar que estos sean heredados a familiares directos, o incluso parejas. Se plantea eliminar la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, modificando uno de los pilares del sistema político mexicano.

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