La estrategia de seguridad de Sheinbaum choca con la realidad brutal de Sinaloa

Después de unos meses de incendio a la baja, el fuego arrecia ahora en Sinaloa, a juzgar por las noticias que llegan de Concordia, en la zona serrana del sur del Estado, donde las autoridades anunciaron este viernes el hallazgo de “cuerpos y restos humanos”, en una fosa, sin determinar la cantidad o su estado. El descubrimiento se produjo durante las labores de búsqueda de al menos 10 trabajadores mineros, desaparecidos el 23 de enero en el municipio, a manos, supuestamente, de hombres armados. La Fiscalía General de la República (FGR) informó de que uno de los cuerpos parece ser de uno de los 10, aunque no lo confirmó.

A la espera de identificaciones y cifras oficiales, el caso de los mineros pone el foco en la estrategia de seguridad del Gobierno federal, que ha hecho de Sinaloa su laboratorio principal. La presidenta, Claudia Sheinbaum, llegó al poder en octubre de 2024, justo cuando empezaba la última guerra intestina del Cartel de Sinaloa, entre los hijos de Joaquín Chapo Guzmán y los de Ismael Mayo Zambada, dos líderes históricos del narcotráfico regional. La batalla, que continúa, ha sido terrible y ha dejado cientos de muertos y personas desaparecidas, sobre todo en Culiacán, la capital, sus alrededores, pero también en Mazatlán, la joya turística de la costa sur, y su zona serrana, Concordia incluida.

En Sinaloa, Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario y coordinador del gabinete de seguridad federal, estrenaron su plan para atajar la violencia, que elevaba el tono contra el crimen organizado, después de unos años en que su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aplicó una política de laissez faire, resumida en uno de sus lemas, abrazos no balazos. En pocos Estados ha habido más detenciones en estos 15 meses de mandato de Sheinbaum que en Sinaloa; en pocos ha habido más decomisos de droga y armas, más grupos criminales disminuidos o directamente desarticulados. Pero la violencia ahí sigue, sin importar la cantidad de comandantes, lugartenientes, líderes de célula o jefes de sicarios, fuera de juego.

La crisis de los mineros interpela además otro aspecto de los presuntos avances del Gobierno, la decadencia de uno de los grupos en pugna, los hijos del Chapo, conocidos como Los Chapitos, que tenían su feudo principal en Culiacán, escenario de buena parte de los operativos de las autoridades estos meses. De acuerdo a fuentes federales, el Gabinete de seguridad considera que Los Chapitos están muy disminuidos, más que sus rivales y que otros grupos, dominantes en la zona norte del Estado. La paradoja es que la misma red de Los Chapitos, que comandan Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, está detrás de la desaparición de los trabajadores, según dijo Harfuch la semana pasada.

¿Cómo se entiende que un grupo criminal en horas bajas, perseguido en México y Estados Unidos, amputado de los operadores que le dieron fuerza estos años, sea capaz de desaparecer a 10 personas, así como así? La respuesta es síntoma de una realidad compleja, en que la única constante parece ser la resiliencia del crimen, capaz de hacer un daño atroz pese a su presunta debilidad. Las autoridades aún deben detallar qué pata de Los Chapitos está detrás de este caso y por qué contaba con las capacidades logísticas para perpetrar la desaparición de 10 personas. Eso, además de explicar por qué lo hicieron. Mientras tanto, la única opción es aceptar que su presión al crimen resulta, de momento, insuficiente.

El caso de Concordia ilumina además la crisis de estas semanas en el sur de Sinaloa, que redunda un tanto en el postulado anterior. No ha sido solo el caso de los trabajadores de la minera canadienses Vizsla Silver, desaparecidos una mañana, mientras estaban en su campamento. A finales de enero, el municipio de Escuinapa registró balaceras entre grupos criminales, vinculados presuntamente a los dos en pugna. Incluso, el 30 de enero, pistoleros atacaron a policías estatales, hiriendo a dos. Mazatlán también ha sufrido lo suyo. Esta semana, cuatro turistas de Ciudad de México desaparecieron en el puerto, que se prepara para la fiesta de carnaval.

Todo esto ocurría en un territorio que se suponía era feudo de Los Chapitos y sus aliados. Una de las lecturas posibles es que la guerra, que había permanecido relativamente ajena al sur del Estado, haya irrumpido finalmente en la zona. Eso explicaría las balaceras de Escuinapa y el celo de los grupos con cualquier movimiento que parezca extraño a sus ojos, ya sean unos turistas rentando unas cuatrimotos, o un puñado de trabajadores de una mina. La desaparición de los trabajadores y el hallazgo de la fosa estos días coloca de nuevo a Sinaloa en el foco mediático, y a las autoridades, en una posición muy complicada.

Y parte de esa complicación apunta directamente a su quehacer. Que la guerra hubiera permanecido algo ajena al sur no implica su completa inexistencia. Al contrario. La aparente tranquilidad del puerto, con denuncias por desaparición aquí y allá, ha chocado durante meses con los rumores que llegaban precisamente de la sierra. Familiares de personas desaparecidas denunciaban que los grupos armados estaban llevándose allí a jóvenes desaparecidos, reclutados forzosamente, para las batallas serranas. Por las dificultades para acceder, la prensa apenas ha documentado esta situación. Atentos a otros fuegos, las autoridades han dejado hacer.

La duda ahora apunta al tamaño del horror en Concordia. La falta de información se impone tras los primeros indicios de la Fiscalía. Familiares de alguno de los trabajadores de la mina desaparecidos, que denunciaron el caso ante la Fiscalía, han explicado a este diario que dejaron sus muestras de ADN estos días. Con los hallazgos de Concordia, concretamente en el poblado El Verde, las identificaciones no deberían tardar.