Un secuestro masivo de 10 mineros profundiza la crisis de violencia en Sinaloa

Al menos 10 trabajadores mineros han desaparecido en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. El grupo fue sacado a la fuerza el viernes 23 de enero por hombres armados de un campamento de construcción y producción cercano a una zona de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver. Las autoridades del Estado han reconocido el caso el pasado 28 de diciembre, cuando comenzaron a hacerse públicas las fichas de desaparecidos de los mineros. El secuestro masivo agrava la crisis de violencia e inseguridad que afecta a la entidad desde la ruptura entre las dos grandes facciones del cártel local.

Las fiscalías de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, los Estados de donde son originarios los desaparecidos, cuentan con al menos cuatro carpetas de investigación iniciadas por los familiares de las víctimas. “Se han formalizado dos denuncias (...) Se está trabajando en coordinación con autoridades federales”, aseguró a EL PAÍS la fiscal sinaloense Claudia Zulema Sánchez Kondo. La funcionaria asegura que las familias no han autorizado hacer públicas las fichas de búsqueda. Sin embargo, algunas se han dado a conocer en Chihuahua, que solicita información sobre el paradero de Saúl Ochoa Pérez, originario de Meoqui y de 39 años.

La esposa de Ochoa Pérez fue quien interpuso la denuncia por la desaparición. La mujer contó a este periódico que el secuestro ocurrió sobre las 7.00 del viernes en el campamento donde descansan los empleados y trabajadores de la minera norteamericana. Dijo también que sabe que fueron varias personas desaparecidas, aunque no precisó cuántas porque no sabía.

Las denuncias presentadas ante las autoridades estatales hablan de al menos otras ocho personas: el geólogo José Castañeda, el coordinador operativo de seguridad, Antonio Jiménez; los guardias Javier Vargas y Javier Valdez; el gerente de relaciones comunitarias, Antonio Esparza; el supervisor medioambiental de Medio Ambiente, Antonio de la O y el ingeniero Miguel Tapia.

La firma Vizsla Silver ha confirmado a través de un comunicado la desaparición de la decena de trabajadores en el proyecto de Concorida y ha anunciado el paro temporal de labores en el emplazamiento y sus alrededores. “El incidente está siendo investigado y la información sigue siendo limitada (...) Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la compañía están trabajando activamente”, indicó la empresa este jueves.

EL PAÍS solicitó a la Secretaría de Economía de Sinaloa detalles sobre el caso y sobre el clúster minero que opera en esa región de la entidad. Una funcionaria confirmó los hechos, pero no quiso ahondar más. La Fiscalía ha anunciado esta mañana que ha realizado un cateo relacionado con el secuestro, pero evitó dar más detalles.

El proyecto de Vizsla Silver cuenta con una inversión de 300 millones de dólares y se encuentra actualmente en fase de construcción y producción. Los informes bursátiles destacan que la empresa destinó entre 2021 y 2025 más de 250 millones de dólares a exploración, generando en México 230 empleos directos e indirectos. La exploración representó el 14% del potencial total del proyecto, pues las reservas estimadas alcanzan los 326 millones de onzas de plata equivalente, con una producción diaria proyectada de 3.300 a 4.000 toneladas y una vida útil inicial de 10,6 años.

Un sitio en discordia

La sierra sur de Sinaloa es un territorio en disputa entre grupos criminales, lo que ha provocado desplazamientos forzados en distintos periodos durante los últimos 18 meses. A inicios del mes, cerca de un centenar de personas huyeron de cinco comunidades, Potrerillos, Pánuco, La Guayanera, Copala y Chupaderos, hacia otras localidades.

Roque Vargas, un hombre que ha sido desplazado por la violencia en dos ocasiones, relató que la pugna entre criminales ha dejado pueblos sin servicios básicos, sobre todo el abasto de alimentos y energía eléctrica. Como ejemplo, citó que los maestros que se fueron de vacaciones en diciembre no regresaron por temor, lo que dejó sin clases a niñas, niños y adolescentes. Tampoco existe atención médica ni entran los transportes de carga, lo que ha generado escasez de víveres.

La confrontación entre las facciones de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y quienes fueron sus socios, el grupo de Ismael El Mayo Zambada, se mantiene desde septiembre de 2024. Los bandos se disputan el control territorial y de las actividades como la producción de drogas, y otros como la minería y los aserraderos. Vargas subrayó que este no es el primer conflicto. En otro periodo especialmente complejo, ocurrido entre 2017 y 2021, hubo masacres, incendios, torturas, desapariciones y desplazamientos masivos de pobladores.