La muerte de un joven abogado a manos de militares en Sinaloa saca a cientos a marchar a las calles

La vida en Sinaloa continúa jalonada de violencia, a casi 16 meses de que iniciara la guerra entre facciones del Cartel del Pacífico, que ha convertido el día a día en la región en un macabro juego de obstáculos. El martes 13 de enero, a eso de las 16.40, una pareja de jóvenes que iban al gimnasio en auto, en Culiacán, acabaron en medio de una lluvia de balas. Él murió y ella resultó herida. Los atacantes eran elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y, al parecer, confundieron el carro de los muchachos con el de unos presuntos criminales a los que perseguían. Al parecer, también, los criminales escaparon.

Él se llamaba Fernando Alan Cháidez. Tenía 24 años y acababa de recibirse como abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cháidez hacía su servicio social en el Poder Judicial local y aquella tarde no cometió otro error que conducir su vehículo al lugar equivocado en el momento equivocado, una zona, por lo demás, céntrica y transitada. La muerte del muchacho recuerda al caso de Alexa y Leidy, dos niñas de 7 y 11 años que fallecieron en mayo, en Badiraguato, al norte de Culiacán, por las heridas de bala que sufrieron a manos de militares, en otra presunta confusión.

Uno y otro caso se parecen además por la adscripción de los agentes implicados, la Sedena, por la aparente facilidad con que elementos de la dependencia dispararon contra objetivos errados y por el silencio posterior de la dirigencia castrense, que apenas se ha referido a las víctimas y los contextos del ataque cuando reporteros han preguntado. La respuesta ha sido parecida en ambos casos, los eventos se están investigando. En el caso de Badiraguato, hay 12 militares presos; en el de Culiacán, no se sabe. Este domingo, preguntado al respecto, un vocero de la dependencia señalaba que “hay investigaciones en curso”.

El ataque contra el muchacho Cháidez ha aumentado su intensidad mediática este fin de semana con una marcha que organizaron sus familiares este domingo en Culiacán, que reunió a cientos de personas exigiendo justicia. En entrevista con EL PAÍS, el padre del muchacho, Bryan Humberto Cháidez, decía que lo que quiere “es que haya justicia, que se limpie el nombre de mi hijo porque no tenía nada que ver y que se encierre a los culpables, porque eso no fue un error”. Luego añadió que el duelo estaba siendo doloroso. “Para mi esposa, para mis hijos, para mí, para el niño más chiquito... Voy a llegar hasta lo último para que a mi hijo se le haga justicia. Eso es lo que pido”, dijo.

La intención de limpiar el nombre del joven abogado está más que justificada. Como ocurrió en el caso de Badiraguato, las primeras versiones oficiales del caso Cháidez, divulgadas de manera extraoficial, parecían culpar a los muchachos. En grupos de WhatsApp y Telegram, y en notas de prensa, circuló el relato de que dentro del coche Mazda 6 donde estaban Fernando Alan y la joven se encontraron armas, haciendo ver que había una posible relación con la persecución de los militares, en que la pareja quedó envuelta. Luego se supo que no, que al parecer los presuntos criminales circulaban en un coche parecido, de ahí el error castrense.

Las notas periodísticas cambiaron más tarde, tras el informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en que se explicaba que las armas fueron encontradas en el otro vehículo, el de los presuntos criminales, desde donde se tiraron ponchallantas a la calle, para entorpecer la persecución castrense. Los criminales lo habrían abandonado tras arrojar los ponchallantas, nudos puntiagudos hechos de alambre grueso. Fernando Cháidez, que circulaba justo por allí, habría frenado precisamente para evitar los alambres. El frenazo habría provocado los plomazos de los elementos de Sedena.

“Vi en unos videos que andaban en redes sociales el mismo día que ocurrieron los hechos cómo él [Fernando Alan] se para, porque supuestamente venían correteando [los militares] a un carro Honda, pero pues, el carro [de los presuntos delincuentes] quedó por una calle lateral que se llama Amado Nervo, ahí en la colonia Tierra Blanca”, explica Humberto Cháidez a este diario. El enfado por este señalamiento a su hijo se une a la falta de atención de las autoridades, según denunciaron él y otros familiares este domingo en Culiacán.

“La marcha ha sido por eso, por la paz de Culiacán”, dice Humerto Cháidez. “Queremos tranquilidad. Ya no se puede salir tranquilo. Queremos, de perdido, el Culiacán que no era tan violento, porque siempre ha sido violenta la ciudad desde que tengo uso de razón, pero en el último año y medio ha estado peor… Vamos de mal en peor, y esperemos que ya acaben con esto, porque nos estamos llevando a justos por pecadores, gente inocente se está yendo, cuando no debería ser así“, añade.

Desde septiembre de 2024, momento en que iniciaron las hostilidades entre facciones del Cartel de Sinaloa, principalmente entre las de los hijos de dos de sus antiguos capos, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, la violencia arrecia en el Estado. Desde entonces han muerto asesinadas cerca de 2.500 personas y han desaparecido a casi 4.000 más, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.