La nueva entrega de capos resuena en Sinaloa: “Se ha avanzado, pero todavía no se resuelve el problema de seguridad”

La tercera entrega de líderes criminales mexicanos a Estados Unidos en el último año reverbera al sur del río Bravo, consciente, la ciudadanía, de que traslados y expulsiones por el estilo dibujan el presente, y posiblemente el futuro, de la relación bilateral. En Sinaloa, región de la que ha salido buena parte de los trasladados, ahora y en las dos entregas anteriores, en agosto y febrero, la sensación es de cautela. La salida de figuras criminales del país ilustra los avances del Gabinete de Seguridad en la región, pero el problema –la guerra entre facciones del Cartel del Pacífico– persiste. “Se ha avanzado, pero todavía no se resuelve el problema de seguridad que hay”, dice uno de los expertos consultados.

La detención de Daniel Alfredo Blanco, alias el Cubano, uno de los 37 hombres trasladados el martes, ilumina lo anterior. Capturado la semana pasada, su salida del tablero de juego criminal y la entrega expedita a EE UU zanja su empeño delictivo en México, ventaja de las exigencias de Washington. El Gobierno del vecino norteño, que dirige Donald Trump, pretendía la entrega del Cubano, para juzgarlo por ser uno de los operadores financieros del Cartel de Sinaloa, específicamente para la facción “los Chapitos”, que comanda Iván Archivaldo Guzmán, hijo del líder histórico del grupo, Joaquín El Chapo Guzmán.

Pero la ausencia del Cubano, como antes del Güero Canobbio, de Martín Zazueta, alias Piyi, o de Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, no implican necesariamente una reducción de la violencia en las calles del Estado del noroeste mexicano. El año 2024 cerró como uno de los más fatales en la historia de Sinaloa, pero 2025 fue aún peor. Un análisis comparativo de las denuncias registradas entre enero y diciembre de 2024 con las de enero y diciembre de 2025, con miles de muertos y desaparecidos, confirma que Sinaloa enfrenta un escenario de violencia que persiste y ha incrementado.

La guerra entre Los Chapitos y los hijos del viejo aliado del Chapo Guzman, Ismael El Mayo Zambada, que inició en septiembre de 2024, ha dejado el Estado temblando. Los números así lo demuestran. Los casos de feminicidio, por ejemplo, pasaron de 31 en 2024 a 72 en 2025, un aumento del 132%. Los casos de robo de vehículo, sustraídos por criminales de uno y otro lado, aumentaron un 70%, con 6.851 denuncias en 2025 frente a 4.019 en 2024. También han aumentado los asesinatos, que han subido un 66%, al pasar de 993 a 1.653 denuncias. Lo mismo con los casos de desaparición de personas, que aumentó un 44%, con 2.208 denuncias en 2025 contra 1.529 denuncias en 2024.

Para el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), un organismo ciudadano que trabaja en Sinaloa para la investigación y propuesta de políticas en la materia, la detención y traslado de Daniel Alfredo Blanco refleja de manera amplia lo que han significado los operativos: una estrategia sin mayor peso para disminuir el crimen. “Es como un monstruo de mil cabezas, agarras uno y surgen 10. Lo que venimos observando es que son chavitos de 13, 14, 16… de 20 años por trabajos donde les pagan 6.000 pesos… O menos les pagan. Quizá ni les pagan, sino que los golpean, los obligan”, dice uno de los investigadores del CESP a este periódico.

“Hemos vivido con un monstruo desde hace 50 años que desde antes de la guerra estaba en todo, en los negocios, en la calle, en todo. Lo vimos cuando inició la guerra, que cerraron muchos negocios de esos, que mucha gente se fue”, añade el investigador. Blanco es solo uno de los 3,236 detenidos en el último año en Sinaloa. En estos últimos 12 meses, las autoridades se incautaron igualmente de 5,271 armas de fuego, más de un millón de municiones y 5.832 artefactos explosivos improvisados. También se localizaron más de 29 toneladas de droga, 258 laboratorios clandestinos y 5.954 plantíos de marihuana y amapola, según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

La guerra ha significado un gasto multimillonario en tecnología y armamento. El gobierno de Sinaloa, que dirige Rubén Rocha, de Morena, compró cuatro camionetas Super duty blindadas, 29 patrullas, seis motopatrullas, 124 armas de fuego, 480 cargadores y 250.133 cartuchos, así como un desembolso de 108 millones de pesos para comprar 613 videocámaras, blanco favorito de los criminales en los primeros meses de guerra, y 100 nuevos puntos de monitoreo.

Para el CESP, la guerra no se acabará únicamente con detenciones y aseguramientos. Como dijo el secretario de Seguridad estatal, el 21 de enero en el Congreso local: “Sin pasar la responsabilidad a nadie, pienso que la solución de Sinaloa… yo creo que todos tenemos un pedacito que dar, un pedacitito… En la casa, en la escuela, aquellos que son padres y madres, todos juntos, si no, no vamos a poder. Y añadió: “Están los números, son números de detenidos, de armamento y los vamos a seguir deteniendo, quitándole el armamento y municiones. No vamos a parar. Yo no recuerdo, y ya tengo 40 años de servicio, alguna otra época en el país, en algún otro lugar del país, con tantos aseguramientos, y vamos a seguir operando todos los días”.