Sinaloa, asignatura pendiente de México

México vive atrapado en una espiral de violencia que parece no tener fin. Las guerras entre cárteles, que atraviesan estados y generaciones, han convertido amplias regiones del país en territorios disputados donde la vida cotidiana se rige por la ley del miedo. El caso de Sinaloa, epicentro histórico del narcotráfico, que desde hace un año vive una guerra entre dos facciones del cartel es hoy un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el poder del crimen organizado desborda a las instituciones y somete a la sociedad a un régimen de terror permanente.

La entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, histórico aliado del Chapo Guzmán, desató una guerra entre los grupos que controlan los hijos de ambos. Los de Zambada acusan a los conocidos como Chapitos de traicionar a su padre. La lucha es por el control del negocio criminal, lo que supone un desafío para el Estado. Pese a los continuos esfuerzos y algunos logros del Gobierno de Claudia Sheinbaum, con despliegues masivos de fuerzas federales y estatales, no ha sido posible recuperar el control pleno ni detener la toma de territorios por el grupo criminal. Los vestigios del poder narco han calado hondo: muchas regiones han sido abandonadas por las autoridades y los cárteles imponen su ley.

El desafío para México va más allá de lo inmediato. No se trata solo de restablecer el orden público, sino de reconstruir la confianza de la población en sus instituciones. La violencia prolongada erosiona los cimientos del Estado: convierte la justicia en una promesa incierta, al Gobierno en un interlocutor débil y al ciudadano en alguien que desconfía, huye o se resigna. Además, la economía se resiente: los negocios cierran bajo el miedo constante.

Para la sociedad sinaloense, y para la mexicana en general, vivir libre de violencia es una condición imprescindible para que otros derechos florezcan: la educación, la salud, el trabajo, una vida digna. Sin seguridad, esos derechos quedan gravemente limitados. Si el miedo dicta cuándo salir, qué decir, cómo vivir, entonces gran parte del tejido social está roto. El reto para el Estado es tan enorme como urgente. Se debe fortalecer el tejido institucional, reforzar la justicia, dar transparencia a la actuación de las fuerzas de seguridad, garantizar que los desaparecidos sean localizados, que los culpables respondan, que la violencia se investigue con rigor.

Superar este ciclo requiere voluntad política sostenida, como la que por ahora se está practicando en este sexenio, coordinación de todos los poderes, un pacto social que sitúe la paz no solo como programa de gobierno, sino también como compromiso de sociedad. Solo cuando el miedo deje de ser una constante en la vida diaria podrá decirse que vivir libre de violencia es posible. No hay alternativa: la dignidad de millones de ciudadanos mexicanos depende de ello.