La familia de uno de los capos entregados a EE UU denuncia al Gobierno ante la FGR: “No fue una expulsión ni una extradición, es un destierro”

Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro Saldívar Farias, conocido como el Z-27 y condenado en México por tráfico de drogas, ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Consejo de Seguridad Nacional de México por el envío de su marido a Estados Unidos este 20 de enero. “No fue una expulsión, porque él no es extranjero, ni fue una extradición, es un destierro”, ha dicho Guzmán en una conferencia de prensa en Ciudad de México este lunes. La mujer ha señalado que los delitos por los que acusa al Gobierno mexicano son “traición a la patria” y “coalición de servidores públicos”. La abogada Yarey Sánchez, que representa a Itiel Palacios, alias El Compa Playa, y a Pablo Edwin Huerta, Flaquito, ha anunciado que se unirán a la demanda “en los próximos días”. En total, el Gobierno mexicano ha entregado a 92 presos a Estados Unidos, divididos en tres envíos en febrero y agosto de 2025, y este mismo enero.

La figura legal bajo la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha estado enviando a presos mexicanos a Estados Unidos —sin cumplir el proceso de extradición— siempre ha sido controvertida. México y Estados Unidos no han logrado ponerse de acuerdo y unificar un criterio, a casi un año de la primera gran entrega de capos, que incluyó a leyendas del crimen como Rafael Caro Quintero, los jefes de Los Zetas y operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Administración de Morena ha utilizado los conceptos de “traslado”, “extradición” o “envío” y ha insistido en que todo se ha hecho a solicitud expresa de Washington y con apego a la Ley de Seguridad Nacional y el artículo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo a preservarla. Sin embargo, ahora, los abogados de algunos de estos presos quieren llevar ese término ante la justicia.

“Él llevaba en prisión 13 años y debía compurgar una pena de 15 años y cuatro meses, ya le quedaba poco tiempo”, ha dicho Vanessa Guzmán, sobre su esposo Juan Pedro Saldívar: “Era candidato a beneficios de seguir su proceso en libertad condicional, pero se le desterró de su país”. Saldívar fue detenido en octubre de 2013 en Nuevo León y es señalado por Estados Unidos como presunto jefe regional de Los Zetas en el norte de México.

El Departamento de Justicia lo acusa de haber entregado una tonelada de marihuana y cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos durante los nueve años que duró su presunta supervisión del tráfico de drogas en la frontera, especialmente en Tamaulipas. Además, la acusación incluye que las personas que no cumplían con las exigencias de extorsión de Saldívar “podían ser amenazadas, golpeadas, secuestradas, torturadas o asesinadas”. El FBI, la Patrulla Fronteriza, la DEA y el Departamento de Seguridad Pública de Texas son quienes han llevado a cabo la investigación sobre Saldívar, quien se enfrenta a una pena de cadena perpetua en EE UU.

Su esposa, Vanessa Guzmán, ha indicado que desde que fue enviado al otro lado de la frontera en la mañana del 20 de enero no han podido tener ninguna comunicación con él, ni siquiera “una primera llamada”. “Según la prensa está en Houston, pero no hemos tenido ninguna información oficial ni siquiera de dónde está”, ha señalado. Tanto ella como Yarey Sánchez han apuntado que ninguno de estos presos fue notificado de un traslado. “Son entregas ilegales porque no se ha cumplido con el procedimiento”, ha apuntado el abogado Hugo Dionisio Guadalupe, quien era representante de Daniel Menera Sierra, conocido como El Dany. Menera fue detenido en 2015 por su presunta relación con Los Zetas y estaba en medio de un proceso de extradición que no llegó a concluirse cuando fue entregado este enero. “No hay argumento defensivo que pueda combatir el actuar de esa ley”, ha señalado Guadalupe. Por esa razón, ha apuntado Vanesa Guzmán, la única herramienta que queda a las familias es la denuncia.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado que estas entregan se realizan “por seguridad nacional”, porque los capos enviados seguían operando desde las cárceles mexicanas donde estaban recluidos. Un alto funcionario del Gobierno de Sheinbaum afirmó a EL PAÍS que estos envíos han sido “claves” para la reducción de homicidios dolosos en México. Desde el inicio de sexenio de Claudia Sheinbaum, los registros del Gobierno reportan una disminución del 40% de los asesinatos en el país.