Extradición, traslado, expulsión o envío: la controversia legal detrás de las entregas masivas de capos a Estados Unidos

Con la tercera entrega sumaria de 37 líderes criminales de México a Estados Unidos, este martes, ha vuelto a ponerse a debate cuál es el sustento legal que ha permitido agilizar procesos de extradición que habían estado atascados por años en los tribunales. México y Estados Unidos no han logrado ponerse de acuerdo y unificar un criterio, a casi un año de la primera gran entrega de capos, que incluyó a leyendas del crimen como Rafael Caro Quintero, los jefes de Los Zetas y operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Traslado”, “extradición”, “expulsión”, “envío”... Lo que es claro es que estas entregas no han seguido la ruta convencional trazada en el Tratado de Extradición entre ambos países, que, en los hechos, ha representado más un estorbo. México insiste en que estos peculiares traslados de reos se han hecho a solicitud expresa de Washington, y con apego a la Ley de Seguridad Nacional y el artículo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, a preservarla.

El inesperado recurso ha tenido el objeto de superar el punto muerto al que habían llegado varias solicitudes de extradición hechas por EE UU, que los capos y sus abogados lograron postergar en los tribunales mediante amparos, algunos por más de una década. Tras el primer envío de 29 narcos a Washington, en febrero de 2024, el secretario de Seguridad y punta de lanza de la estrategia contra el narco, Omar García Harfuch, señaló la responsabilidad del Poder Judicial en el atascamiento de los procesos de extradición, y apuntó a “acuerdos” entre narcos y “algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”. La presidenta Sheinbaum también señaló la corrupción en la Judicatura, luego de darse a conocer que una jueza ordenó la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, El Mencho, y que había sido sentenciada por blanqueo de recursos. “La corrupción el Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, dijo la mandataria.

El Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, vigente desde 1974, establece que el país requiriente no puede imponer a un sujeto la pena de muerte si el país de origen no contempla ese castigo en sus leyes. No obstante, dado que el “envío” de los líderes criminales no se dio conforme a esa norma, Washington en un principio valoró pedir ante la justicia la pena capital para algunos de ellos, como en el caso de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El embrollo, sin embargo, escaló. El entonces fiscal, Alejandro Gertz, afirmó que ninguno de los capos entregados puede ser ejecutado. “Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, indicó en su momento. “Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”, agregó.

El fiscal Gertz explicó que Washington presentó a México una solicitud “formal”, “por escrito” y “concreta” para llevar a cabo el operativo específicamente contra los primeros 29 capos en el marco de la Convención de Palermo, el acuerdo de la ONU para el combate a la delincuencia organizada transnacional y que establece lineamientos en materia de extradición (figura que, volvió a insistir el funcionario, no fue utilizada). “Hubo una solicitud fundada del Gobierno de Estados Unidos, ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, detalló. Gertz agregó que la movilización institucional fue inmediata y, además, ultrasecreta.

En ese momento, Gertz fue cuestionado insistentemente por la prensa sobre la figura legal específica que sustentó el operativo. “No le dieron denominación. Nada más se cumplió con la ley”, respondió el funcionario. La Fiscalía General estadounidense, por su parte, señaló que esa primera entrega de los líderes criminales por parte de México se dio conforme a la Orden Ejecutiva 14157 suscrita por el presidente de EE UU, Donald Trump, por la que cinco carteles mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas.

Gertz precisó que el sustento jurídico por el que México cumplió su parte se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional, donde, dijo, “se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política tanto en México como en Estados Unidos”. También citó el artículo 89 de la Constitución, que detalla las obligaciones del Ejecutivo, una de las cuales es “preservar la seguridad nacional”. “Acuérdense de que no se está aplicando una ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los EE UU en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas de su conducta”, ha afirmado.

El largo proceso de extradición ya había suscitado las quejas de Washington. En 2024, el entonces embajador en México, Ken Salazar, criticó a los jueces que habían dilatado por más de una década el proceso de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, líderes del sanguinario cartel de Los Zetas. Gertz reconoció que el recurso legal utilizado para capotear la entrega de criminales ha creado un precedente. “Se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos [los estadounidenses] aprovecharon”, dijo. Estaba en lo cierto. Tras varias negociaciones, Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los presos entregados bajo esta modalidad. Ello posibilitó una segunda oleada para enviar a EE UU otros 26 narcos, en agosto del año pasado, que incluyó a cabezas del Cartel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas y Los Caballeros Templarios. La tercera entrega ha ocurrido este martes. Suman ya 92 líderes criminales trasladados a Washington bajo este nuevo paraguas difuso de legalidad.