La liberación de los mariachis Gámez-Cuéllar: el caso que hizo a los republicanos alzar la voz en contra de la política migratoria de Trump

La detención y posterior liberación de tres hermanos, todos prometedores mariachis, y sus padres, a manos del ICE en Texas, ha expuesto las grietas que está generando la política migratoria de Trump. Tras saltar a la conversación nacional durante el fin de semana, el caso de la familia Gámez-Cuéllar, originaria de San Luis Potosí en México, ha evidenciado que ahora las voces latinas dentro del Partido Republicano están dispuestas a cuestionar más abiertamente la persecución de migrantes impulsada por el Gobierno federal.

Este lunes, los jóvenes músicos —Antonio, de 18 años, Caleb, de 14, y Joshua, de 12— fueron puestos en libertad tras los llamados y visitas de congresistas de ambos partidos. Joaquín Castro, representante demócrata de San Antonio que recientemente ha tomado la bandera de los menores detenidos por el ICE, acudió al centro de detención familiar de Dilley, ya reconocido por sus terribles condiciones, junto con varios otros colegas de la Cámara. Al poco rato, los dos menores y Luis Antonio, el padre, y Emma, la madre, habían sido liberados.

Casi al mismo tiempo, el hermano mayor, Antonio, salía del centro de detención de Raymondville, donde estaba recluido al ya no ser menor de edad. Esa liberación, sin embargo, fue rápidamente reclamada por la representante republicana del sur de Texas, Mónica de la Cruz. En un comunicado aseguró que había sido el resultado de su “defensa directa ante la Casa Blanca” y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La familia ha declarado a The New York Times que en ningún momento había estado en contacto con ella o su equipo y que la liberación de Antonio fue retrasada hasta que pudiese tomarse una foto con De La Cruz. La congresista no ha respondido a estas acusaciones.

El caso ha tocado fibras sensibles y se ha dado en un momento clave. Los mariachis condensan la cultura local del sur de Texas, para algunos incluso más que el clásico vaquero. En el Valle del Río Grande, sobre el extremo sureste de la frontera con México, donde el 90% de la población es latina, en los high schools conviven programas de mariachis de prestigio nacional con los equipos de fútbol americano. No es una sorpresa que su detención provocara una rápida reacción en la comunidad de mariachis de Texas. Músicos y educadores comenzaron a compartir en redes sociales videos de los hermanos interpretando canciones en concursos y conciertos escolares, mientras pedían su liberación. “Escuchen a estos jóvenes. No son criminales”, escribió en Facebook el educador y mariachi Anthony Medrano, uno de los primeros en difundir su historia.

Además, aunque los cinco miembros de la familia Gámez-Cuellar fueron arrestados por agentes migratorios el 25 de febrero, su caso llegó a la atención pública después de que varios congresistas y políticos locales se refirieran a él para pedir moderación en la persecución trumpista de migrantes. Incluso republicanos latinos, como De La Cruz, que se habían mantenido mayormente en silencio ante las redadas de agentes migratorios enmascarados que han atemorizado al país en el último año, lanzaron mensajes claros en rechazo de la persecución de personas que están lejos de ser los “criminales” que la Administración dice estar priorizando. Estos llamados llegaban después de que el electorado latino de la región, tradicionalmente demócrata, pero que en los últimos años había comenzado a apoyar a los republicanos por primera vez en la historia, saliera en masa para participar en las elecciones primarias texanas del pasado 3 de marzo, motivadas en gran parte, de acuerdo a encuestas y analistas, por su rechazo a la agresividad de la implementación de la política migratoria.

El caso de los Gámez-Cuellar ilustra cómo se ha distorsionado una misión que supuestamente tenía como meta arrestar y deportar a “lo peor de lo peor”. En cambio, la familia, de la cual ninguno de los miembros tiene antecedentes criminales, fue detenida cuando acudió a lo que se suponía que era una cita rutinaria con el ICE en la ciudad fronteriza de Edinburg. Los agentes arrestaron a los cinco miembros tras la comparecencia. Los padres, Luis Antonio Gámez y Emma Guadalupe Cuéllar, y los dos menores, fueron trasladados al centro de detención familiar de Dilley. Antonio, que acababa de cumplir 18 años, fue separado del resto y enviado a la instalación de El Valle, en Raymondville, a más de 300 kilómetros de distancia.

La familia había llegado a Estados Unidos en mayo de 2023 tras huir de México. Originarios de San Luis Potosí, los Gámez-Cuéllar abandonaron el país después de que el padre, también mariachi, fuera secuestrado y golpeado por miembros del crimen organizado, de acuerdo a su testimonio. El conflicto comenzó cuando su banda se negara a interpretar canciones asociadas con la Santa Muerte, una figura de devoción popular vinculada en ocasiones con grupos criminales. Tras el ataque, la familia decidió emigrar y entró al país mediante el sistema de citas de asilo CBP One. Superaron la evaluación inicial de “miedo creíble” y llevaban casi dos años cumpliendo con audiencias y controles migratorios mientras su caso seguía abierto. No tenían ninguna orden de deportación activa.

Mientras su proceso avanzaba, los tres hermanos se integraron rápidamente en la escena musical del Valle del Río Grande. Antonio y Caleb formaban parte del prestigioso Mariachi Oro de McAllen High School, uno de los programas escolares más reconocidos del país, que el verano pasado había visitado el Capitolio. Además, el menor, Joshua, participaba en el programa de mariachi de la escuela intermedia Travis. Sus actuaciones en conciertos, competiciones y eventos escolares los habían convertido en figuras conocidas dentro de la comunidad de mariachis del sur de Texas.

La batalla partidista por ganarse el reconocimiento por la liberación de la familia muestra lo central que es para los políticos de la zona la percepción de que están luchando por los migrantes que son parte de sus comunidades. Especialmente porque la región es un campo de disputa abierto de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las cuales se renueva la Cámara de Representantes por completo y hay un escaño de Texas en el Senado en juego también.