Las luchas internas en Morena entrampan las grandes reformas de Sheinbaum

Nadie lo dice en voz alta, pero algunos líderes dentro de Morena dan por enterrada la ambiciosa reforma electoral impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum. Fuentes del partido señalan que, en todo caso, lo que podría aprobarse es una enmienda constitucional descafeinada, que no tocará los puntos esenciales del proyecto original —y los que han generado más fricciones dentro de la coalición gobernante—: la reducción del financiamiento a los partidos y la eliminación de las diputaciones plurinominales. Voces críticas dentro del oficialismo afirman que desde el comienzo era improbable tener el apoyo del PVEM y el PT, aliados electorales de Morena, por la sencilla razón de que esos partidos dependen del dinero público, amén de que la alianza se construyó, en gran parte, negociando lugares en el Congreso mediante las posiciones pluris. El pragmatismo se impone en ocasiones al proyecto que concibe la presidenta, quien ha visto avanzar algunas de sus grandes iniciativas entre enormes fricciones internas. La mandataria ha terminado en casos por dar la razón a los operadores políticos (en la reforma contra el nepotismo), o ha debido imponerse con fuerza (como en el amparo o la Ley de telecomunicaciones).

La iniciativa en materia electoral no se ha logrado materializar en un borrador. Esto después de que un selecto de colaboradores presidenciales y trabajara durante meses para elaborar un proyecto consensado con autoridades, académicos y activistas. Tras esto, los más duros de roer han sido los socios de Morena. Los dirigentes del PVEM han mostrado recelo hasta el final, mientras que los del PT, si bien han cerrado filas con la mandataria, en privado reiteran su rechazo a una propuesta que afecta sus intereses. Fuentes consultadas en los tres partidos anticipan que, difícilmente, una reforma electoral de gran calado vaya a concretarse.

Morena matiza la gravedad del desacuerdo. “Si no tuviéramos diferencias, seríamos un solo partido, pero somos un movimiento y eso obliga a que haya acuerdos, comunicación, y a que se construya consenso”, refiere en entrevista Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado. El legislador subraya que se vive una circunstancia distinta a la del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los asesores de la presidenta anota que el expresidente no contó, durante la segunda mitad de su sexenio, con la mayoría calificada en el Congreso para aprobar sus reformas, lo que detonó arduas negociaciones dentro y fuera del bloque gobernante. Mier indica que las dificultades afloran ahora al interior. “¿Cómo se vería que no logremos aprobar la reforma de la presidenta por falta de acuerdo entre nosotros?”, acota el asesor.

La coalición ha transitado escenarios similares. Como ejemplo está la ley contra el nepotismo electoral, que buscaba atajar la herencia de los políticos de sus cargos a sus familiares. La propuesta inicial de Sheinbaum buscaba aplicar el candado en las elecciones intermedias de 2027. La resistencia dentro de la alianza forzó a que su entrada en vigor se aplazara a 2030. Las presiones vinieron desde Morena y desde el PVEM. En el primer caso, la familia del coordinador morenista en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, busca retener la gubernatura de Zacatecas. En el segundo, el gobernador pevemista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, buscaba ceder su lugar a su esposa, Ruth González.

El senador Mier refiere que este tipo de desencuentros son naturales entre partidos que no comparten principios —el PVEM fue, durante muchos años, aliado del PRI y el PAN, antes de apoyar a Morena. “A veces tenemos que transigir con nuestra propia declaración de principios para mantener una mayoría legislativa. Ese es el esfuerzo de la política”, explica el vicecoordinador. La mayoría calificada del oficialismo en el Senado es endeble. Con 86 escaños —el número requerido para una enmienda a la Constitución—, un voto hace la diferencia entre la muerte o supervivencia de una reforma, como probó la iniciativa sobre nepotismo. El PVEM se atrincheró y amagó con no dar su voto, lo que finalmente doblegó a la bancada mayoritaria, según los morenistas.

La fuerza de Sheinbaum

No significa, sin embargo, que la presidenta esté desarmada y a merced de los partidos de su coalición. Cuando ha tenido que apretar, ha dado el paso firme, a veces de manera sutil, otras, de forma contundente y pública. Un ejemplo describe el primer escenario. Luego de que el mandatario de San Luis Potosí, Gallardo, consiguió que el Congreso estatal —dominado por el PVEM— aprobara una reforma para posibilitar la candidatura de su esposa al Gobierno, Sheinbaum encargó a Arturo Zaldívar, uno de sus principales asesores jurídicos, un estudio constitucional sobre la legalidad de ese proyecto. El análisis de Zaldívar concluyó que la reforma era improcedente y podría ser revertida si el asunto llegaba a la Suprema Corte. Desde Palacio Nacional se comunicó ese escenario a Gallardo, en un mensaje sutil, pero elocuente, de la desaprobación de Sheinbaum. El gobernador dio marcha atrás a su propia reforma.

Hay ocasiones en que el desacuerdo han obligado a la presidenta a intervenir. Es el caso de la enmienda al amparo, una de las prioridades con las que Sheinbaum cerró 2025. La disputa se originó por diferencias dentro del círculo presidencial, especialmente entre Zaldívar, la entonces consejera jurídica y hoy fiscal general, Ernestina Godoy, el senador Javier Corral y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Las versiones condujeron a que el Senado aprobara una reforma con una polémica cláusula que rozaba la inconstitucionalidad. La mandataria, quien no había incluido el párrafo en su propuesta inicial, tuvo que dar un golpe sobre la mesa para evitar que el proyecto descarrilara.

Otro antecedente es la Ley de Telecomunicaciones, un proyecto del Ejecutivo que fue desvirtuado por el propio oficialismo cuando llegó al Congreso. La ley debía tramitarse en cuestión de días, pero Sheinbaum frenó su curso cuando advirtió que el borrador entrañaba artículos ambiguos, lo que motivó a la oposición a afirmar que el Gobierno pretendía controlar, e incluso censurar, los contenidos de radio, televisión e internet. La controversia descansaba en una redacción que abría la puerta a que el Ejecutivo “bloqueara” plataformas digitales por motivos de seguridad. El senador Corral, a quien Sheinbaum encargó enmendar el embrollo, explicó en su momento que hubo una especie de cortocircuito entre el deseo original de la presidenta y el borrador final. “Lo que la presidenta realmente quería no se logró trasladar al proyecto”, dijo el legislador.

La reforma a la Ley General de Aguas, que buscaba reordenar las concesiones otorgadas a particulares en el pasado, es otra de las grandes prioridades legislativas llevadas al extremo. En este caso hubo una nota distinta, no atribuible tanto a las tensiones internas en Morena como a la falta de oficio político para obtener el consenso de las asociaciones de productores, las mayores afectadas por el cambio. En ese capítulo fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien tensó la negociación, según dijeron los agricultores inconformes, quienes mantuvieron colapsadas varias vías de comunicación estratégicas en todo el país. Con la mediación de legisladores, finalmente se alcanzaron los acuerdos para sacarla a flote. Es así la maquinaria del oficialismo en tiempos de Sheinbaum. A veces avanza con suave agilidad, y otras, a trompicones. Para algunos críticos, es señal de indisciplina o de ruptura. Para otros, es, sencillamente, una forma de hacer política.