Oaxaca celebra la primera revocación de mandato estatal

Ni el accidente del Tren Interoceánico, ni las limitaciones presupuestales, ni la indiferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y mucho menos las quejas de la oposición pudieron frenar al gobernador Salomón Jara en su intención de ser ratificado como gobernador de Oaxaca. La entidad del sureste se convertirá el domingo en la primera del país que experimenta con la consulta de revocación de mandato. El ejercicio no es promovido por los detractores del mandatario de Morena, sino por sus simpatizantes.

La consulta tiene la misma lógica que el ejercicio revocatorio nacional promovido en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este se tradujo en 15 millones de votos a favor de su permanencia en el poder. “El pueblo pone y el pueblo quita”, fue la promesa del hoy expresidente. Jara emula hoy esa conducta, convirtiéndose en el primero de Morena y de todo el país que se somete al ejercicio.

Más de tres millones de oaxaqueños han sido convocados a las 2.816 casillas que se instalarán en los 570 municipios de Oaxaca para responder una pregunta: “¿Estás de acuerdo en que, a Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza, o que siga en la gubernatura hasta que termine su periodo?”. Nadie espera que el instrumento deponga al mandatario, quien acaba de cumplir tres años en la Administración. La jornada servirá para movilizar a sus simpatizantes y mostrar el músculo de Morena en la entidad.

Una estela de denuncias por presuntas irregularidades precede a la consulta. Estas van desde el uso de recursos públicos para conseguir las 300.000 firmas necesarias para convocar a la revocación, hasta el exagerado despliegue publicitario en favor del gobernador. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO) retiró el jueves 852 lonas y cuatro anuncios espectaculares con propaganda ilegal de Jara.

Los partidos de la oposición y algunos activistas ciudadanos han denunciado que asociaciones civiles como Defensores de la Primavera o Guardianes de la Transformación fueron creadas para juntar las firmas en favor del gobernador y así promover la consulta. En teoría solo el IEPCO está autorizado para llamar a votar.

Oaxaca requeriría una participación de 1,2 millones para hacer vinculante el ejercicio, suponiendo que se tratara de una auténtica revocación de mandato. Aunque la consulta es en realidad promovida como un ejercicio de ratificación, Gobierno y partido se han fijado como meta alcanzar la cifra este domingo. En ello se ha empleado el aparato del oficialismo, poniendo cuotas de votos a sus operadores en las siete regiones del territorio.

Jara fue electo en 2022 para un periodo de seis años que concluirá en diciembre de 2028. Antes de ser gobernador, fue senador de la República, diputado federal y local, y funcionario en el Gobierno de Gabino Cué. En 2025 promovió una reforma a la constitución local y una ley para organizar la consulta. Esta fue convocada para el 26 de diciembre pasado. Sin embargo, el accidente del Tren Interoceánico del 28 de diciembre, y donde murieron 14 personas, obligó a aplazarla.

El ejercicio implicará un gasto de al menos cien millones de pesos, que fueron aprobados por el Congreso federal (controlado por Morena) como partida para que el IEPCO instalara las 2.800 casillas. Todo, para un acto simbólico y sin efecto legal alguno. Las voces de la oposición califican el ejercicio de una estrategia de mercadotecnia política.

“Por eso se habla de una ratificación, no de una revocación. Se puede estar en contra de un mecanismo tramposo, se vende como un ejercicio ciudadano, pero en realidad se trata de una maniobra política”, señaló el politólogo Ángel Disraeli Cruz Gutiérrez en uno de los foros organizados por el IEPCO para debatir el ejercicio.

El PRI y el PAN han denunciado el uso del Gobierno estatal para promover la consulta. El PRI, que gobernó Oaxaca hasta 2022, es hoy una fuerza desdibujada. Su último gobernador, Alejandro Murat, se unió a Morena dos años más tarde para convertirse en senador. Aun así, su dirigente estatal, Hugo Jarquín, es uno de los principales críticos del proceso. “Este ejercicio se ha convertido en una simulación para encubrir un gobierno fallido, mientras Oaxaca enfrenta inseguridad, abandono regional, carreteras en mal estado y comunidades cansadas de la corrupción y los malos resultados”, dijo el priista.

Jara enfrenta además serias denuncias de nepotismo. Su nuera, Tania Caballero, es diputada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso; su hermana, Huandy Jara, lleva las relaciones públicas del gobierno; su hija, Magdalena Jara, es delegada del Infonavit en la entidad; su hermano, Noé Jara, fue hasta hace unos meses secretario del gobierno municipal de Oaxaca; su sobrino, Carlos Vichido, ocupa la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones; su yerno, José Ángel San Juan, es secretario técnico del Poder Ejecutivo; su hija, Bxido Jara Bolaños, es secretaria de Pueblos Originarios de Morena; su hijo, Shabin Jara Bolaños, es secretario de Organización del partido; entre otros familiares que ostentan cargos públicos.

De la APPO a la Revocación de Mandato

Los funcionarios del Gobierno y dirigentes locales de Morena defienden la revocación como un ejercicio inédito. “Es impredecible el resultado”, aventura Flavio Sosa, un veterano activista social, dirigente y vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y protagonista de la gran revuelta social que estalló en la entidad en 2006.

Los disturbios comenzaron tras un acto de represión contra el magisterio local, ocurrido el 14 de junio de aquel año. Diversos sectores se levantaron para exigir la renuncia del entonces gobernador, el priista Ulises Ruiz. La respuesta fue más represión, lo que llevó a la formación de la APPO y la toma de Oaxaca mediante bloqueos, barricadas, toma de instituciones públicas y medios de comunicación locales. El sitio duró meses y orilló al presidente Vicente Fox a enviar miles de agentes de la Policía Federal, quienes recuperaron la ciudad por la fuerza con ayuda de los militares. Hubo detenciones y encarcelamientos, como el de Flavio Sosa.

El activista asegura hoy que el ejercicio revocatorio no puede leerse desde la óptica nacional que la compara con el de López Obrador. Debe tomarse en cuenta la lógica de un pueblo que en 2006 exigió una reforma política de fondo. “Hace 20 años ya se venía empujando una ola muy fuerte para la democratización. La revuelta de 2006 no sólo hizo que el PRI perdiera los controles caciquiles de Oaxaca, sino que implicó una toma de conciencia, una revuelta cultural y una reflexión política profunda, y se planteó, desde ese momento, instrumentar plebiscito, referéndum y revocación de mandato como herramientas, para que, si un gobernante no cumplía su programa de Gobierno, se volvía un represor o simplemente atendía solo a sus intereses, pudiera ser removido”, narra Sosa, hoy secretario de Cultura de la Administración de Jara.