Oaxaca se lanza a la revocación de mandato del gobernador, un ejercicio que usó López Obrador para afianzar su respaldo popular

Oaxaca será el primer estado en incursionar en la revocación de mandato, una consulta diseñada y ejecutada por Andrés Manuel López Obrador para ratificar su proyecto de gobierno en 2022. El gobernador Salomón Jara es el primer morenista en andar ese camino, que llevará a los oaxaqueños a las urnas tan pronto como el 25 de enero del próximo año, en un ejercicio promovido por el propio gobierno para confirmar su popularidad, movilizar a sus simpatizantes y mostrar músculo. Todo, bajo la máxima de “el pueblo pone, el pueblo quita”, que el expresidente repetía constantemente.

La revocación de mandato fue creada originalmente para que la ciudadanía pueda remover de su cargo a un gobernante a la mitad de su mandato, pero hace cuatro años, tras múltiples polémicas con el Instituto Nacional Electoral, López Obrador logró que se llevara a cabo dicha consulta. El 10 de abril de 2022, más de 16,5 millones de personas participaron en el ejercicio (17,7% del padrón electoral), de los que una inmensa mayoría, 15,1 millones (91,1%), votaron para que el exmandatario continuara en el poder.

La revocación de mandato también es respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ya anunció que se va a someter a ella. Aunque en su caso la duda es si se llevará a cabo en abril de 2028, como está previsto en la ley actual, o si la consulta se adelantará a 2027, como promueven diputados de su partido en una iniciativa de reforma constitucional pendiente de discusión.

En Oaxaca, las leyes se modificaron en 2023 para incluir la revocación de mandato en la Constitución local y usarla por primera vez en el gobierno del actual gobernador, Salomón Jara, quien llegó al poder en 2022 y lo dejará en 2028. Fue el propio Jara quien promovió que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) convocara al ejercicio. Y, como ocurrió en 2022 con la promovida por López Obrador, en Oaxaca fueron simpatizantes del gobernador y grupos afines a Morena quienes recabaron las 518.979 firmas de ciudadanos necesarias para que se lleve a cabo el ejercicio, mucho más del 10% requerido del padrón electoral del Estado.

Luego de validar estas firmas, la autoridad electoral estatal emitió la convocatoria legal el pasado 22 de diciembre y de inmediato comenzó la promoción a través de spots que se transmiten en las estaciones locales de televisión y radio, para que en menos de un mes los oaxaqueños vayan a las urnas a responder la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?

La polémica por las casillas

Las prisas y la presión del Gobierno marcan el ritmo de la revocación oaxaqueña y una de las principales polémicas, como también fue en 2022, tiene que ver con el número de casillas que se instalarán para llevarla a cabo, una cuestión que pasa por la cantidad de recursos que se puedan destinar al ejercicio.

A nivel federal, el tema del presupuesto provocó un choque entre el Gobierno de López Obrador y el INE, que había pedido originalmente 3.800 millones de pesos para llevarla a cabo con 170.000 casillas. Ante la negativa de la Cámara de Diputados para aprobar ese presupuesto y el rechazo de la Secretaría de Hacienda a otorgar una ampliación presupuestal, el INE terminó destinando 1.275 millones de pesos al ejercicio, con 57.448 casillas, una tercera parte de las requeridas para cubrir todo el territorio nacional.

En Oaxaca, se calcula que el ejercicio cueste en total 100 millones de pesos y se prevé que se instalen 2.000 casillas, que significan una tercera parte de las 5.900 que se instalan en un proceso electoral ordinario para cubrir todos los ayuntamientos y distritos del Estado. El IEEPCO ha solicitado más recursos para instalar al menos las 2.800 casillas que se habilitaron este año para la elección judicial.

El problema de la revocación de mandato en Oaxaca es que no coincide con ningún proceso federal, por lo que el Instituto Nacional Electoral marcó distancia. En todos los procesos electorales anteriores, al coincidir con elecciones federales, el INE ha tenido a su cargo la capacitación de funcionarios, la integración de las mesas directivas de casilla y la instalación de éstas. Esta vez, el IEEPCO va solo y, si acaso, el INE le ha facilitado las listas de los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla en la pasada elección judicial y los lugares donde se instalaron los centros de votación. Al tratarse de un proceso electoral organizado por un organismo autónomo, la autoridad estatal tampoco puede recibir ayuda del Gobierno para instalar las casillas y para ninguna de las etapas de organización del proceso, como han ofrecido algunas autoridades locales.

Para el Gobierno de Salomón Jara es prioritario tener una alta participación, incluso mayor del 40% del padrón electoral (que es el mínimo requerido para que el ejercicio sea vinculante). No para concluir anticipadamente su mandato, sino para confirmar su arrastre político movilizando a 1,2 millones de votantes oaxaqueños.

La revocación de mandato en Oaxaca será el 25 de enero, en medio de la discusión nacional sobre una nueva reforma electoral, que ha puesto en la mira los altos costos de la democracia mexicana y, en particular, a los institutos electorales de los Estados, también conocidos como OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales). El ejercicio permitiría a Jara ser el primer gobernador de Morena en llevar a cabo este ejercicio, mostrarse como ejemplo nacional ante el partido y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, y movilizar a los afines a Morena en el año previo a las elecciones de 2027, en las que Oaxaca renovará sus municipios, su Congreso estatal y su Poder Judicial local.