El Gobierno ultima su iniciativa de reforma política con la mira puesta en el alto costo del sistema electoral

La reforma electoral es un asunto eminentemente político, pero también económico. En la etapa final de la preparación de la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo. Bajo esas directrices, la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral ultima los detalles de la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.

Reducir los costos de la democracia es una de las prioridades surgidas de los foros que organizó el año pasado la Comisión presidida por Pablo Gómez, quien acudió la tarde del martes a Palacio Nacional para presentar las conclusiones de la consulta a la presidenta y ha sostenido varias reuniones con la nueva consejera jurídica, Esthela Damián. Que la austeridad llegue al sistema electoral es una de las banderas de Morena desde el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien constantemente se quejó de una democracia cara, elitista y alejada del pueblo.

El equipo presidencial tiene en la mira los altos costos del sistema político electoral, que en 2026 absorberá más de 40.000 millones de pesos si se consideran los 7.700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7.000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14.099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3.749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10.000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados, que cuestan alrededor de 2.400 millones de pesos.

La presidenta ha confirmado esa preocupación en su conferencia matutina del miércoles, en la que ha dicho: “Reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones... inclusive se hizo una encuesta, que la vamos a presentar aquí, para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así; consideramos que es importante”.

Otro tema que surgió en los foros de consulta es el de la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías. Si bien la eliminación de las llamadas plurinominales es un tema que se demanda por la ciudadanía en las encuestas de opinión y que la propia Sheinbaum llegó a plantear al inicio de su gobierno, los integrantes de la Comisión ya han descartado la eliminación de la Representación Proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo.

También en este tema las cifras pesan: en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se contemplaron 17.529 millones de pesos para el Poder Legislativo, ejercidos por la Cámara de Diputados (9.602 millones), el Senado de la República (5.103 millones) y la Auditoría Superior de la Federación (2.822 millones). Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras y mantener la Representación Proporcional.

En ambos temas, Morena también tiene que considerar la postura de sus partidos aliados, PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas. El Partido Verde tiene actualmente 62 diputados y 14 senadores, mientras el PT cuenta con 49 diputados y 6 senadores. Sin esos votos, Morena no alcanza la mayoría calificada (335 diputados y 86 senadores), necesaria para modificar la Constitución. Por lo tanto, la reforma político-electoral de la presidenta Sheinbaum depende ahora de que se llegue a una propuesta que satisfaga a sus aliados.

La presidenta ha confirmado que “aún hay varios temas que debatir” antes de llegar a un proyecto final de reforma. Para ello, el próximo lunes se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena, el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, quienes tienen que presentarle los escenarios de negociación con PVEM y PT.

Monreal ha anticipado una ruta crítica para la discusión y aprobación de la reforma, que inicia con su presentación pública en el mes de enero y el envío de una iniciativa formal al Congreso al arranque del periodo ordinario de sesiones. La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Un nuevo INE

Otra clave de la reforma es la conformación de los organismos electorales, cuya excesiva burocracia, costos y duplicidad de funciones han sido criticadas por Morena y por los participantes en los foros de consulta. Al respecto, el expresidente López Obrador presentó tres intentos de reforma durante su sexenio que no prosperaron, pero que pueden ser la base para la propuesta de Sheinbaum.

En el escenario que proponía López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) se convertía en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular. La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. El rechazo de la oposición a esta propuesta propició que López Obrador presentara un “Plan B” de reforma electoral, que sólo reformaba leyes secundarias, pero trastocaba el funcionamiento del INE compactando sus áreas y reduciendo su estructura en los estados y distritos electorales.

Aunque algunas de esas propuestas se mantienen en la discusión de la nueva iniciativa, tanto la elección de consejeros por voto popular como la eliminación de los OPLE fueron cuestionadas en los foros de consulta y criticadas por especialistas y autoridades electorales, que han advertido los riesgos que implican para el sistema electoral. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha planteado en diversos foros la necesidad de mantener a los OPLE, que también son defendidos por algunos gobernadores de Morena. Tampoco en este tema existe una propuesta definitiva dentro de la comisión presidencial, que aún analiza esquemas para reducir costos, burocracias y compactar áreas operativas del INE.

Este miércoles, Taddei se ha reunido con consejeras y consejeros del INE para tratar de consensar un documento que el instituto pretende presentar a la Comisión con sus propuestas para la reforma. Sin embargo, el desacuerdo entre los 11 consejeros persiste de cara a la reunión del 12 de enero, fecha acordada con Pablo Gómez para reunirse con el INE.