El agua, una bomba de tiempo para México

La gestión del agua se ha convertido en una bomba de tiempo para el Gobierno mexicano, que batalla simultáneamente en el frente exterior y en el interior para evitar que le estalle en las manos. El Ejecutivo de Donald Trump, en Estados Unidos, presiona con más aranceles para que su vecino del sur salde la deuda con la que ha entrado al nuevo ciclo hídrico, casi 1.000 millones de metros cúbicos, de los que México se ha comprometido a entregar 249 millones antes del cierre de enero. Al tiempo, la fuerte demanda de agua del sector agrícola obliga a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a hacer malabarismos para no comprometer el acceso al líquido de los sistemas de riego del norte del país. Con las presas internacionales bajo mínimos, la mandataria debe recurrir a fuentes ajenas al tratado de 1944, un paliativo que contribuye a desahogar la emergencia pero que no solventa el problema en el largo plazo. “Desde el punto de vista práctico, México puede cumplir, pero ¿a qué costo? Está entregando todo lo que tiene“, resumen los expertos. Las complicaciones empezarán el 1 de febrero.

Las presas contempladas en el acuerdo bilateral de 1944, La Amistad y la Falcón, están actualmente en un porcentaje de llenado del 24,1% y el 11,5%, respectivamente. A ellas llega el agua de los seis ríos que nutren las entregas al otro lado de la frontera, 2.158 millones de metros cúbicos cada cinco años, de los que el río Conchos suele absorber la mayor parte, pero la prolongada sequía hace que sean insuficientes para satisfacer el pago. Las miradas están puestas en la llamada zona del Bajo Bravo, en Nuevo León y Tamaulipas, por donde corre el río San Juan y donde se ubica la presa Marte R. Gómez. “Esa zona es mucho más húmeda y tiene más precipitaciones que Chihuahua en este momento y en los últimos años”, apunta Alfonso Cortez, director de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Mexicali, que cree que los 249 millones a los que se ha comprometido México están en el “límite” de lo que puede asumir.

No es la primera vez que se recurre a esta presa para salvar el adeudo, apunta también Mario López Pérez, experto en la materia con varias décadas de trabajo en la Comisión Nacional de Agua (Conagua): “Es la salida de emergencia que utiliza México cuando no puede completar las entregas”. “En los últimos 10 años se ha recurrido a ella en no menos de tres ocasiones”, completa. El recurso a este embalse es muy excepcional, pues por él corren aguas consideradas plenamente mexicanas y por tanto fuera de toda obligación con Estados Unidos.

El tratado, sin embargo, contempla la posibilidad desde hace mucho, y el primer rastro se encuentra en 1947, en el acta 186, un tipo de documento que funciona como anexo y que tiene la misma validez que el propio tratado. “Entendemos que México se propone derivar el agua descargada de la presa Marte R. Gómez al río Bravo, únicamente en las épocas en que no esté entregando agua de la misma fuente para su uso en Estados Unidos”, se lee en el memorándum de los ingenieros. El acta 234 y 331, de 1969 y 2024, respectivamente, oficializan la posibilidad de traspasar aguas mexicanas hacia el norte.

Este embalse se encuentra actualmente en un 111% de llenado, según el monitoreo diario de Conagua, pero su uso a partir de esta semana se complica por el comienzo de la temporada de riego en el distrito 026, que abarca una zona muy extensa que se abastece de él. La pequeña presa de La Fragua, Las Blancas o la Luis L. de León también pueden salir al rescate, con su respectivo coste. “Es una opción que [el Gobierno] va a tener que consensuar con los Estados involucrados, ver si hay una posibilidad de afectar los usos para los que ya tienen el agua comprometida”, señala Rodrigo Israel, especialista del Colef: “Todo depende de si México tiene la voluntad política de entregar el mayor agua posible, quizá diciéndole a los agricultores: este año no te voy a entregar tanta agua, pero te voy a dar un pago por ella o a hacer una inversión en infraestructura”. Por ejemplo, podrían invertir en desaladoras o en mecanismos de tecnificación del riego.

Hay algunos precedentes al respecto, en Chihuahua y especialmente en la cuenca del río Colorado, donde las responsabilidades se invierten: es Estados Unidos quien debe entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos cada año, a veces con grandes dificultades. Desde 2012 se contempla en las sucesivas actas, de forma preventiva, la posibilidad de recurrir a algunas fórmulas para optimizar el ahorro de agua mediante inversiones en infraestructuras, y desde 2020 se aplican fórmulas de descanso de la tierra: mecanismos compensatorios para evitar que los agricultores cosechen a cambio de un pago que subsane el dinero perdido por el trabajo no realizado.

Estados Unidos recurrió a esta figura en 2024 y 2025, y también está prevista para el próximo año, explica Cortez, que cree que debe hacerse algo similar en la otra cuenca. “Es una labor titánica, pero acá también lo era y se está haciendo desde hace cinco años”, argumenta el experto. “Para cubrir la emergencia existen esos mecanismos, pero no podemos estar apagando fuegos cada cinco años, porque son muy costosos. Tienes que hacer cambios estructurales para aplanar la curva de demanda de agua”, argumenta.

Hace aproximadamente un cuarto de siglo que las líneas de la oferta y la demanda de agua se han cruzado, indican los especialistas. El volumen que se requiere ha rebasado hace mucho al que está disponible, y sobre este hay poco poder de control porque depende de las condiciones meteorológicas. La única solución es reducir la demanda. “La cuenca del río Bravo está sobreconcesionada. Si a eso le suman la sequía, el problema se exacerba. Lo que necesitas es que en condiciones ordinarias no tengas el déficit que se tiene hoy”, sintetiza Mario López.

Los problemas se van a agolpar en febrero, el día después del pago de la primera parte de la deuda. Si el Gobierno logra cumplir lo acordado, todavía restarán otros 737 millones de metros cúbicos por entregar, a los que hay que sumar los 431 millones anuales que, en promedio, México debe descargar a su vecino del norte para entrar al siguiente ciclo sin deudas acumuladas. Eso implica una media de 53 millones de metros cúbicos al mes durante el próximo año, si lo hiciera a un ritmo uniforme. “Si no hay cambios significativos en la política hídrica binacional, posiblemente lleguen con un conflicto en 2030, y eso es lo que hay que evitar”, dice Alfonso Cortez. “Eso significa que los agricultores tejanos y chihuahuenses cambien sus modos de producción. No veo otra solución para el futuro, o vamos a seguir cayendo en deudas”, concluye.

Hay dos relojes pegados a la bomba que debe manejar Sheinbaum con sumo cuidado. Una la maneja Trump, con la amenaza de implementar tarifas del 5% a los productos mexicanos si no entrega en el próximo mes los primeros 250 millones, a pesar de que el país tendría de margen hasta 2030, al cierre del actual ciclo, para cumplir. El 2026 es año electoral y este se ha vuelto un tema central para los republicanos de Texas, donde se juegan el esencial apoyo de los trabajadores. Al sur, el segundo reloj lo maneja un sector con un profundo sentimiento de agravio y en pleno tira y afloja con la presidenta por los bajos precios y la nueva Ley de Aguas nacional. Los agricultores acaban de llegar a un acuerdo con el Gobierno para evitar nuevos bloqueos en Navidad, pero nada garantiza que la tregua sea definitiva. El campo aprieta a ambos lados de la frontera y el tiempo ya ha echado a correr.